La Guardia Civil registra la sede del Diplocat en Barcelona
Agentes del cuerpo se presentan en las oficinas de la Avenida Diagonal por orden del juzgado de instrucción 13
La Guardia Civil registra este jueves la sede del Diplocat en Barcelona por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O. Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, agentes del cuerpo se han personado en las oficinas de este organismo en la Avenida Diagonal. El exjefe de prensa del Diplocat, Martí Estruch, ha explicado que los agentes «están mirando ordenadores y teléfonos móviles», pero ha tildado el cacheo «de acto de propaganda». De hecho, el Diplocat se tenía que disolver definitivamente este viernes, cuando está previsto el despido de sus últimos trabajadores, y desde la aplicación del 155, las autoridades españolas ya tenían acceso a todo su material. «La información que podían buscar obviamente ya la tienen, suena más bien a un acto de propaganda para que todo el mundo se entere que el gobierno español ha conseguido cerrar el Diplocat», ha dicho Estruch.
Según el exjefe de prensa del Diplocat, la orden de registro no especifica los motivos del cacheo, aunque hay informaciones periodísticas que apuntan que podría estar relacionado con el pago de los observadores del 1-O. Estruch es fuera de la oficina, pero el resto de trabajadores están dentro del edificio. Fuentes próximas explican que la Guardia Civil les hace esperar a todos juntos en la sala de juntas mientras revisa teléfonos y ordenadores.
El gobierno español disolvió el Diplocat el 27-O, y despidió a su secretario general, Albert Royo. El organismo era un consorcio público-privado encargado de la promoción de Cataluña al exterior y la paradiplomàcia, que invitaba habitualmente periodistas, políticos o personalidades del mundo cultural de todo el mundo en Cataluña, y organizaba seminarios en el exterior sobre el país.
Este mismo viernes estaba previsto el despido definitivo de todos los trabajadores del Diplocat. El viernes pasado, el consejo de ministros del gobierno español aprobó ampliar los poderes del organismo liquidatorio de la institución.