Torrent aplaza el pleno de investidura y se querellará contra Llarena por prevaricación

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado el pleno de este viernes. La decisión del juez del Tribunal Supremo de no permitir que el candidato de JxCat, Jordi Sánchez, asista a la sesión plenaria que lo habría podido convertido en presidente, hace que Torrent haya dejado en suspenso el pleno. A cambio, según ha podido saber la ACN, el presidente reunirá de forma extraordinaria el viernes por la mañana la Mesa del Parlament con la intención de impulsar una querella por prevaricación contra Llarena por el veto a Sánchez, apelando a la vulneración del derecho político del candidato. Si todo va tal como se ha previsto, la Mesa aprobará, a propuesta de Torrent, presentar la querella y se encargará prepararla tan pronto como se celebre la Mesa.

El Parlament responderá también en los tribunales

Es la decisión de que este viernes tomará la Mesa de la cámara, convocada extraordinariamente por Torrent para las 10:30 de la mañana, donde se acordará encargar a un abogado externo que prepare de inmediato una querella por prevaricación contra el juez Pablo Llarena, después de que haya denegado el permiso en Sánchez para asistir a la sesión de su investidura. Así lo han explicado a la ACN fuentes parlamentarias conocedoras de la estrategia que seguirá ahora la cámara. De esta manera, el Parlament denunciará la vulneración del derecho político del candidato, pondrá de manifiesto que tiene su derecho de sufragio activo y pasivo intacto, y reprochará al juez que haya obviado la pauta marcada por las medidas cautelares del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

De la misma manera, Torrent ha anunciado que ha decidido aplazar el pleno previsto para este viernes a las 10:00 horas en vista que la ausencia de Sánchez impediría que se pudiera celebrar la investidura. En un comunicado, el presidente explica que ha tomado esta decisión «a pesar de la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que obliga en el Estado a garantizar el derecho político» de Sànchez.

Torrent propuso Sànchez como candidato el pasado sábado 7 de abril al comprobar que era el diputado a la cámara con más apoyos|soportes para poder ser investido. El lunes 9 de abril, convocó el pleno y envió un escrito al magistrado del Supremo Pablo Llarena a fin de que llevara a cabo las «medidas necesarias que garantizaran el derecho de Sànchez a participar en la investidura, en cumplimiento con la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 23 de marzo, que insta al Estado español a tomar todas las medidas necesarias» para garantizar el derecho político del diputado”.

En el escrito, el presidente afirmaba que «la concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación de resultado para todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez pueda someterse al debate de investidura». De la misma manera, avisaba que «en caso de que el Tribunal Supremo no cumpliera la resolución se produciría un daño irreparable al derecho político del diputado Jordi Sànchez y el Estado español incumpliría sus obligaciones internacionales».

Ahora, la celebración o no de una nueva sesión por escoger un presidente dependerá de nuevo de los grupos políticos y de si prefieren poner sobre la mesa el nombre de otro diputado a que pueda aglutinar apoyos|soportes suficientes para ser investido. Si eso no pasa antes del 22 de mayo, expirará el tiempo previsto por la ley y se convocarían automáticamente nuevas elecciones al Parlament.