La Mesa acuerda presentar una querella contra Llarena por el veto a la investidura de Sànchez

La Mesa del Parlament ha acordado presentar una querella por prevaricación contra el juez instructor del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, y todos aquellos que hayan podido intervenir en el proceso por el cual se ha negado a Jordi Sànchez el permiso para asistir al pleno de investidura. La medida ha salido adelante con los votos a favor de JxCAT y ERC y los votos en contra de Cs y PSC y a pesar de las dudas expresadas por los letrados de la cámara, según han explicado fuentes parlamentarias. Las mismas fuentes han indiciado que los letrados han alertado verbalmente de las dudas sobre si tenía que ser la institución quien presentara una querella que se refiere a los derechos de un único diputado o si era preferible que lo hiciera el propio diputado o su grupo. Además, han hecho constar que ellos no eran expertos penalistas. Fuentes de Cs han indicado que sin embargo se ha acordado que sean los servicios de la cámara los que elaboren esta querella.

La Mesa del Parlament se ha reunido este viernes de manera extraordinaria después de que Llarena decidiera este jueves que no concedía a Sànchez el permiso que este había pedido para asistir a su pleno de investidura, previsto inicialmente este viernes a las 10.00 horas. El motivo de la reunión era tratar la voluntad de impulsar una querella por prevaricación contra Llarena, apoyada por JxCAT, ERC y la CUP.

Finalmente, se ha acordado sacar adelante la querella, a pesar de la oposición de Cs, PSC-Units y las dudas expresadas por los letrados del Parlament, Antoni Bayona y Xavier Muro. Ambos han hecho varias advertencias verbales en la reunión, poniendo sobre la mesa que no acababan de ver claro que el Parlament como institución fuera quien tenía que presentar esta querella ante las dudas que lo que esté en juego sea el interés público y han indicado también que ellos no son expertos legalistas en la materia como para sacarla adelante.

Fuentes de Cs han explicado su oposición a esta querella y han planteado que se pueda incurrir en malversación de fondos públicos al destinar dinero del Parlament a los intereses de un diputado concreto. La formación naranja dice que no todos los diputados ven afectados sus derechos y, en cambio, la querella se presentará en nombre del Parlament, que los incluye a todos. Por todo eso, han defendido que la denuncia tendría que ser «inadmisible». Han añadido que se podría estar creando un precedente y si cualquier diputado en prisión, por cualquier motivo, pidiera ir a un pleno y se le denegara ya que podría pedir a la cámara que presentara una querella en su nombre.

Los comunes, que no tienen voto en la Mesa aunque asisten a la reunión, han hecho una propuesta doble a fin de que no sacara adelante todavía la querella. La diputada Marta Ribas ha planteado en el órgano de la cámara que se consultara externamente si hay base legal para presentarla, teniendo en cuenta también la posición de los letrados. Y, mientras se estudia esta vía, que el Parlament presente una queja forma a instancias judiciales. La propuesta de los comunes pues se ha aceptado parcialmente ya que la cámara sacará adelante la queja formal pero también la querella.

La CUP, que tampoco tiene voto, ha expresado su posición favorable a sacar adelante la denuncia y el PPC, que tampoco tiene voto, se ha mostrado contrario a esta acción penal.