Lamela comunica formalmente el procesamiento al vallense Cèsar Puig, Trapero, Laplana y Soler

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha comunicado formalmente al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, su intendente, Teresa Laplana, el exdirector de los Mossos Pere Soler, y el exsecretario de Interior César Puig, el auto de su procesamiento por supuestos delitos de sedición por los hechos de los días 20 y 21 de septiembre y por el operativo del 1-O. Ha sido un procedimiento breve, de menos de 30 minutos, donde Trapero, Soler y Puig han asistido presencialmente a la Audiencia Nacional acompañados de sus abogados para recibir el auto, mientras que Laplana lo ha hecho por videoconferencia. El primero en llegar a la Audiencia ha sido César Puig. Después lo han hecho, por separado, Pere Soler y Josep Lluís Trapero. No ha habido preguntas ni tampoco declaraciones de los imputados. La jueza se ha limitado a pedirles si estaban de acuerdo con el auto de procesamiento, y todos han dicho que no. Las defensas de Trapero, Puig y Soler ya habían presentado anteriormente sus respectivos recursos.

Lamela ha comunicado personalmente los delitos que imputa a la excúpula de los Mossos destituida en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El abogado de César Puig, Jaume Alonso Cuevillas, ha afirmado posteriormente vía Twitter que este ha sido un «simple formalismo rutinario inútil que demuestra el anacronismo de un sistema judicial decimonònic».

La jueza procesa el exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, por un delito de organización criminal y dos de sedición por los hechos del 20 de septiembre y también por el 1-O. También envía a juicio el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior a César Puig por organización criminal y, en su caso, sólo por un único delito de sedición por los hechos del 1-O. Por último, procesa la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, por los hechos del 20 y 21 de septiembre en la conselleria de Economía.

En el auto de procesamiento que hizo pública el 5 de abril, Lamela destaca que ha recogido indicios incriminatorios suficientes para concluir que los cuatro pertenecen a una «compleja y heterogénea organización» unida con el propósito de conseguir la «secesión de Cataluña» y hacerlo «al margen de las vías legales». Considera, además, que participaban de una estrategia «premeditada y perfectamente coordinada» donde había uno repartos de papeles entre el Gobierno, los partidos y la sociedad civil.

Acusaciones a los Mossos

Lamela cuestiona el papel de los Mossos especialmente durante los registros por parte de la Guardia Civil efectuados los 20 y 21 de septiembre y el día del referéndum. La jueza cree que los mossos «se mantuvieron al margen» de las actuaciones del resto de cuerpos (policía española y Guardia Civil) y su conducta estaba dirigida, según Lamela, a «obstruir cualquier actuación que bloqueara el plan estratégico hacia la independencia».

Señala como responsables políticos de haber dirigido las órdenes a los Mossos el cnseller de Interior destituido Joaquim Forn (en prisión preventiva), el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig.

Sobre Trapero, dice que comandó la cúpula de los Mossos el 1-O para llevar a cabo un «plan predeterminado para evitar actuar». Considera que quiso «enmascarar» su «total inactividad bajo los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad».

Además, cree que la actuación de los Mossos los 20-21 de septiembre y el 1-O encaja con el delito de sedición «como autores o cooperadores necesarios» para omitir, según la magistrada, su «obligación legal» de actuar en la conselleria de Economía y «facilitar el cumplimiento de la orden judicial de registro». Lamela da un paso más y dice que los agentes «se negaron reiteradamente» a las peticiones de auxilio que recibieron por parte de la Guardia Civil, que pedía proteger la comisión judicial.

En el caso del referéndum, dice que los procesados no sólo no actuaron sino que facilitaron información «con antelación» a los ocupantes de los colegios electorales, a quien –según a Lamela- también les avisaron de que no actuarían. Por todo ello, dice que los procesados quisieron «romper la organización territorial del Estado» y que, para procesarlos por sedición, no hace falta que se consigan los fines propuestos y tampoco que haya «uso de la fuerza». «Es suficiente hacerlo al margen de las vías legales establecidas», remarca.

Grupo organizado y criminal

Para defender el delito de organización criminal, Lamela afirma que Trapero, Puig y Soler obedecían a «pautas de subordinación y de trabajo en grupo bien definidas». En el auto, recuerda qué supuestos hay que darse para hablar de organización criminal y considera que se cumplen: jerarquía, permanencia en lo temes, coordinación, reparto de tareas y planificación. Sitúa en lo alto de esta «organización criminal» al presidente destituido a Carles Puigdemont. Según la magistrada, trabajaron de manera organizada durante dos años para conseguir celebrar el referéndum y declarar la independencia.

Código alternativo de comunicación a los Mossos

Durante la instrucción, Lamela había solicitado diferentes informes a los Mossos bajo la sospecha de que habían usado algún canal alternativo de comunicación fuera del oficial durante el 1-O. Ahora, en el auto de procesamiento, Lamela asegura que se ha descubierto el uso de un código propio durante el 1-O (denominado Clave 21), que facilitaba a cada dotación un número de contacto dónde llamar para emitir informaciones o incidencias que no se tenían que transmitir por la emisora corporativa. Lamela dice que se usaron en este «código alternativo» tanto teléfonos personales de los agentes como también móviles corporativos.

La magistrada dice que se ha constatado también que los mossos hicieron «vigilancias» a policías españoles y guardias civiles, incluso cuando iban de paisano. «No se trataba de informar de la actuación de los agentes sino de una auténtica vigilancia, haciendo seguimiento de los desplazamientos», recoge el auto.

También acusa a los agentes de ponerse de acuerdo con los organizadores de cada punto de votación para hacer una «entrega voluntaria» de las urnas una vez ya se había hecho el recuento, o situar «observadores civiles» a cada punto de votación para alertarlos de la llegada de la policía española. Lamela habla de «complicidad» entre mossos y las mesas de votación. «Incluso actuaron contra los agentes de la policía española y la Guardia Civil», recoge el auto.

También incorpora la declaración de un testimonio protegido (un agente de los Mossos) que dice que se les dio una orden genérica a todas las dotaciones para informar de los movimientos de la policía española. También afirma que a los 'briefings' se les prohibió, entre otros, el uso de la fuerza o que no hicieran uso de la 'porra', y que por eso muchos agentes no la llevaban.

Además, se refiere a la documentación intervenida a los Mossos cuando iban camino en una incineradora. «Pone de manifiesto que desde la dirección de los Mossos se tenía un conocimiento perfecto de los riesgos y movilizaciones previstas para el 1-O», recoge el auto.