La Fiscalía presenta recurso y pide encarcelar a la activista de los CDR por terrorismo y rebelión
El ministerio público defiende que la causa se tiene que seguir investigando en la Audiencia Nacional
La integrante de los CDR detenida en Viladecans pasará a disposición judicial en la Audiencia Nacional el jueves por la mañana
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este miércoles un recurso de apelación contra la decisión del juez Diego De Egea, que dejó en libertad provisional con medidas cautelares a la activista de los CDR detenida la semana pasada en Viladecans. El juez, además, rebajó la imputación de la fiscalía de terrorismo y rebelión a un delito de desórdenes públicos. El ministerio público pide en la sala que reconsidere la decisión y solicita que decrete la prisión provisional para la joven o, de manera subsidiaria, que le imponga una fianza para eludirla. Además, defiende que hay que mantener la imputación de terrorismo y/o rebelión, unos delitos que, además, justificarían que la investigación se mantuviera en este tribunal. Según un comunicado de la Fiscalía, es «demasiado prematuro» excluir la aplicación de estos delitos.
La semana pasada, después de la decisión del juez De Egea, fuentes del ministerio pública ya avanzaron que se estaba estudiando la opción del recurso. Aquel extremo ya se ha confirmado y la Fiscalía ha presentado el recurso de apelación este miércoles.
El juez de refuerzo del juzgado central de instrucción 6, Diego De Egeo, dejó libre con medidas cautelares a Tamara C. G. declarar en la Audiencia Nacional el jueves pasado. Una decisión que, ahora, la Fiscalía pide en la sala que reconsidere.
La Guardia Civil detuvo al activista martes pasado, en unas detenciones ordenadas por el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional. El tribunal actuaba a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que ya había avisado de que actuaría «con contundencia» contra las actividades de estos grupos a quien ya decía que se les podía atribuir delitos de rebelión, malversación y otros contra el orden público. Según la policía, se la consideraba a una «coordinadora» del movimiento CDR.
El juez, sin embargo, la dejó en libertad provisional por un delito de desórdenes públicos y desoyó el criterio de la Fiscalía, que pedía prisión incondicional. Sin embargo, le impuso medidas cautelares como la entrega del pasaporte, la prohibición de salir de su municipio (a excepción de ir a trabajar) y comparecencias semanales en el juzgado, entre otros.
Ahora bien, la decisión del juez no ha satisfecho el ministerio público, que ya ha presentado recurso. Pide agravar las medidas cautelares y que la joven entre a la prisión o que se le imponga una fianza para eludirla. Además, sostiene que es «prematuro» retirar la imputación de terrorismo y/o rebelión y argumenta que estos delitos justificarían que la investigación se mantuviera en el sí de la Audiencia Nacional.
Un segundo joven, pendiente de detener
La orden del juez De Egea también ordenaba una segunda detención de un vecino de Esplugues de Llobregat. El día de la operación de la Guardia Civil, los agentes no lo encontraron en su casa. El jueves pasado, el juez dictó orden de detención. Sin embargo, todavía no ha sido arrestado ni se ha entregado ante de la policía.
