La Guardia Civil eleva la malversación por el 1-O hasta los 1,9 MEUR

En medio de la polémica entre Llarena y el ministro Montoro sobre la existencia o no de malversación, el juez del Supremo ha levantado el secreto de la pieza separada que había abierto hace un mes para, precisamente, pedir a la Guardia Civil que profundizara en la investigación. Hasta ahora, Llarena sostenía que el Gobierno malversó 1,6 MEUR en el 1-O. Ahora, eleva la cifra hasta los 1.932.757,42 euros en base a un nuevo informe de la Guardia Civil. Aparte de importes ya conocidos, el instituto armado se centra nuevas partidas. Una, de 61.879 euros, que supuestamente el Gobierno habría utilizado para encargar a Òmnium Cultural la elaboración y difusión de carteles instando a la participación el 1-O. La otra apunta directamente a JxSí. Según el informe, el grupo parlamentario podría haber usado dinero procedente de las subvenciones del Parlament para pagar el alquiler del Teatre Nacional de Cataluña (TNC) en el acto de presentación del referéndum el 4 de julio. El contrato de cesión está firmado por Jordi Turull (presidente del grupo) y ascendía a 17.690 euros. El informe policial incorpora datos recogidos en el Juzgado 13 de Barcelona para acreditar la malversación.

El juez que instruye la causa del proceso ha levantado el secreto de una pieza separada sobre la malversación en medio de la polémica con el ministro de Hacienda, Cristòbal Montoro, que niega desviación de dinero público para pagar el 1-O. Llarena encargó el pasado 20 de marzo a la Guardia Civil que le enviara todos los documentos que tenían para acreditar la malversación de fondos públicos y abrió una pieza separada de un mes para permitir a la policía seguir investigando.

Contradiciendo Montoro

La Guardia Civil ha aportado un nuevo informe en el Supremo –al que ha tenido acceso el ACN- donde eleva la cantidad malversada de 1,6 hasta a más de 1,9 MEUR. Es decir, mientras el gobierno español sostiene que no se ha gastado «ni un euro» en la organización del referéndum, el instituto armado suma 300.000 euros más a la cantidad supuestamente malversada. De hecho, Llarena requirió el miércoles al ministro Montoro que le haga llegar «con la mayor brevedad posible» la información por la que asegura que no ha habido malversación.

Hasta ahora, Llarena había hecho constar al auto de procesamiento (23 de marzo) que se habían utilizado al menos 1,6 MEUR de dinero público en la organización del referéndum. Concretamente, establecía que se gastaron 224.834 euros en el registro de los catalanes en el extranjero, 277.804 euros en campañas de publicidad y difusión, 979.661 euros para repartir papeletas, el censo electoral y las citaciones de las mesas (a través de la empresa Unipost) y 119.700 euros para la participación de observadores internacionales.

Nuevas partidas

Ahora, los investigadores añaden y modifican algunas partidas que harían agrandar los fondos públicos destinados al 1-O. Entre estas, destaca que el gasto en campañas publicitarias subiría hasta los 502.639 euros. En el informe, se detalla que los 277.804 ya acreditados estarían por campañas contratadas a medios públicos y también añade 224.835,25 para la campaña 'Sí o no'.

Además, apuntan ahora que el Gobierno habría usado Òmnium Cultural como «sociedad interpuesta» para hacer tareas para contratar emprendidas que hicieran y repartieran carteles para instar a la participación el día 1-O. Según el informe, la elaboración y difusión de estos carteles «con logotipo de la Generalitat» se gestionó desde la entidad «para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos». La cuantía que fija la Guardia Civil es de 61.879 euros.

Asimismo, los investigadores también sospechan que el grupo parlamentario de JxSí (formado por PDeCAT y ERC la pasada legislatura) habría usado subvenciones para pagar el alquiler del TNC para el acto de presentación del referéndum el pasado 4 de julio. El juzgado de instrucción 13 de Barcelona ya había solicitado información al TNC sobre la cesión del espacio y como se había pagado, y ahora esta información ha acabado en manos de Llarena.

En concreto, se recoge que el contrato de cesión lo firmó Jordi Turull como presidente del grupo parlamentario y que ascendió a 17.690.2 euros. La Guardia Civil apunta que el importe lo abonó JxSí y, por eso, la policía cree que podría haber usado dinero procedente de las subvenciones públicas. Cita parte del reglamento del Parlament y recuerda que los grupos están obligado a «rendir cuentas anualmente» a la Mesa de las subvenciones que reciben y de la finalidad del dinero. En el informe, reprocha que el acto tenía como objetivo «difundir y animar la participación ciudadana y sobre todo el voto del 'sí en el referéndum'.

Otras vías de investigación abiertas

En el informe, la Guardia Civil también apunta que tiene otras vías de investigación abiertas para acreditar «posibles pagos» con fondos públicos de unos informes hechos por Carles Viver Pi i Sunyer «o su entorno» relacionados con la preparación del referéndum y del dinero usados para acondicionar una 'call center' que tenía que usarse como central de datos del referéndum.

La Guardia Civil también aprovecha para rectificar un importe que, en informes anteriores, aseguraba que la Generalitat había usado para comprar material informático que tendría como destino este 'call center'. En este nuevo informe, asegura que los 40.227,78 euros se destinaron a la compra de material informático 'Fujitsu' y lo desvincula de los preparativos del referéndum.

En el informe también se cifra el coste del material intervenido en operaciones policiales en Igualada y Begues i Riells. En la primera, los sobres y papeletas decomisados ascendían a 60.369 euros y en la segunda, hasta los 152.578 euros.

Más gastos para traer observadores internacionales

Con respecto a la implicación de la conselleria de Asuntos Exteriores –dirigida por Raül Romeva, encarcelado-, añade nuevos importes a los 119.700 euros fijados en el auto de procesamiento relacionados con los observadores internacionales. Según la Guardia Civil, han podido acreditar –nuevamente a través de información procedente del juzgado de instrucción 13 de Barcelona – una nueva partida de 47.365 euros, reconociendo que no pueden comprobar si se acabó abonando o no.

Además, el instituto armado asume que no ha podido determinar el número exacto de observadores internacional pero, no obstante, pone cifras a sus gastos: 40.591,22 euros en vuelos, hoteles y participación en actos. La Guardia Civil asegura que el DIPLOCAT se ha negado a darlos los datos de los participantes.

Quejas de los abogados por indefensión

Este nuevo informe policial ha provocado las quejas de algunos abogados que representan en el Supremo consellers destituidos y que hace tiempo que alegan indefensión y hablan «de instrucciones paralelas» de una misma causa a diferentes tribunales (Supremo, Audiencia Nacional y juzgado 13 de Barcelona).

Según se quejan, mucha de la información aportada por la Guardia Civil para acreditar la malversación proviene del juzgado 13 de Barcelona, donde ellos no están personados y, por lo tanto, no pueden acceder a estas diligencias.