La Fiscalía denuncia a 9 profesores de Sant Andreu de la Barca acusados de delitos de odio por comentarios en el aula sobre el 1-O

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha denunciado a 9 profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), acusados de delitos de odio por haber hecho comentarios «despectivos» y «humillantes» hacia la Guardia Civil y alumnos hijos de agentes del instituto armado después del 1-O. En concreto el ministerio público atribuye a los docentes un delito de «lesión de la dignidad» y a 5 de los acusados una «de injurias graves» contra los cuerpos de seguridad. Esta denuncia se el resultado de una investigación que la Fiscalía encargó a la Guardia Civil el pasado mes de noviembre después de recibir un atestado policial de aquets mismo cuerpo que ponía de manifiesto unos hechos ocurridos el 2 de octubre en el centro educativo. Fuentes del departamento de Enseñanza han indicado al ACN que no han recibido ninguna notificación y han remarcado que hace unos meses pidieron que se archivara la causa.

En la denuncia, el fiscal recuerda el «contexto de profunda hostilidad» hacia los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que se vivió en Cataluña las semanas previas al 1 de octubre y advierte que cada vez que los agentes actuaban en cumplimiento de las órdenes de la Fiscalía «eran objeto de ira» por una parte de la sociedad.

El escrito recuerda que durante aquellas semanas y los días posteriores al 1 de octubre se llevaron a cabo concentraciones en contra de estos cuerpos de seguridad y alerta que los profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, eran conocedores «de la gran polaridad social» que existía y del hecho de que muchos de los alumnos del centro son hijos de agentes de la Guardia Civil, ya que en este municipio hay un cuartel.

En su relato, el fiscal sostiene que el día 2 de octubre, varios profesores suspendieron la programación prevista e invitaron a los escolares a llevar a cabo un debate sobre los hechos ocurridos el 1-O. Asegura que uno de los acusados llegó al aula y expresó que no se encontraba «en disposición de dar clase por los hechos ocurridos», ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil lo habían dejado hecho polvo «porque son unos animales y unas tías abuelas que sólo saben dar palos».

Otra de las docentes, según el fiscal, obligó a los alumnos a bajar al patio «para defender la independencia» y enseñó a los escolares una fotografía de agentes de la Guardia Civil comparándolos con «perros rabiosos».

Asimismo, el escrito explica que varios maestros del centro preguntaron en clase quién era hijo de Guardia Civil «para señalar a los alumnos» y empezaron un debate que hizo que algunos escolares se sintieran «atacados» y acabaran llorando y llamando sus padres para que les vinieran a recoger.

El escrito también expone que el día 2 de octubre el centro celebró una concentración bajo el lema 'Por la paz y la no violencia', donde según el fiscal todos los alumnos tuvieron que participar. Relata que un grupo de jóvenes hijos de agentes del instituto armado se opuso después de que una profesora dijera: «Que se quede en el aula el que esté a favor de la violencia policía y que baje al patio el que no». Con todo, sostiene que minutos después el jefe de estudios intervino e hizo salir a los escolares en contra de su voluntad.

Aparte, también revela que una maestra habría interpelado directamente a una chica de 12 años hija de un Guardia Civil al verla llegar a clase: «Estarás contenta con lo que hizo ayer tu padre», le habría dicho. Una afirmación que según el fiscal habría provocado el llanto de la joven.

La Fiscalía considera que la actitud de los maestros «rompió los principios rectores del sistema educativo que recoge la ley 12/2009 del 10 de julio de 2007 del Parlamento como son el respeto a los derechos y deberes que se derivan de la Constitución y el Estatuto». Esta normativa, además, apunta el ministerio público, defensa «la inclusión, la cohesión social y la exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento».

Por todo ello atribuye a los nueve docentes investigados un delito de «lesión de la dignidad» y a cinco de los acusados una «de injurias graves» contra los cuerpos de seguridad. Fuentes de Enseñanza han indicado al ACN que a estas alturas no han recibido ninguna notificación, y que ya hace unos meses pidieron que se archivara la causa.