El Parlament aplaza 4 años la exigencia del nivel B2 de una tercera lengua para obtener un grado universitario

El Parlament ha aprobado este jueves una proposición de modificación de la ley 2/2014 de medidas fiscales impulsada por el PSC-Units para aplazar cuatro años la exigencia de una tercera lengua a los universitarios como requisito imprescindible para obtener el título de grado. La moratoria se ha aprobado por unanimidad, después de que los socialistas hayan transaccionados dos enmiendas con JxCAT y ERC. La normativa establecía que era necesario acreditar el nivel B2 de inglés, o de otra tercera lengua, con el fin de poder alcanzar los estudios universitarios de grado y que la primera promoción que lo tenía que acreditar era la que inició el curso 2014-2015 y, por lo tanto, se gradúa este verano. Los socialistas presentaron la modificación al considerar que no se habían impulsado las políticas para garantizar que los estudiantes habían podido alcanzar estos conocimientos y que, por lo tanto, había que aplazar su entrada en vigor. La demanda también venía del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), que en junio del 2017 aprobó instar el Gobierno a llevar a cabo esta moratoria y había pedido reiteradamente que se sacara adelante el cambio.

La diputada del PSC Alícia Romero ha sido la encargada de presentar la propuesta de modificación de la ley y lo ha hecho criticando que, a pesar de compartir el objetivo, «no se pusieron los recursos» con el fin de poder alcanzarlo. Ha recordado que ya entonces los socialistas alertaron de que establecer la exigencia a los cuatro años sin poner más recursos «era imposible». La diputada ha apuntado que se podrían haber incorporado más partidas, más plazas en las escuelas oficiales de idiomas o más profesores con conocimientos de inglés suficiente.

Ha lamentado también que hay una sociedad «de dos velocidades» donde los alumnos de familias con más recursos acreditan niveles más altos de una tercera lengua, en comparación con aquellos de familias con menos recursos. Por eso, ha exigido que el esfuerzo se haga «desde Primaria hasta Bachillerato» para garantizar que de aquí cuatro años, los estudiantes sí puedan acreditar este nivel de idiomas antes de graduarse.

Desde JxCAT y ERC han compartido que no se habían llevado a cabo los programas suficientes para garantizar este conocimiento pero han defendido que sí se había adelantado con políticas públicas en esta dirección. Las dos formaciones han transaccionado tres enmiendas con PSCC-Units a fin de que la modificación de la ley sea efectiva al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) y, por lo tanto, se pueda aplicar para los estudiantes que están ahora en el último curso del grado, así como que la acreditación del nivel no se tenga que hacer a través de una prueba específica sino a través de los certificados acreditativos de conocimientos de idiomas que tengan reconocida la equivalencia con el Marco europeo común de referencia.

La diputada de JxCAT Gemma Geis ha apuntado que el acuerdo del CIC es de junio del 2017 y ha defendido que en septiembre «se produjo la intervención» de la Generalitat y «todo ha sido mucho más complicado» para poder sacar adelante esta moratoria. Moratoria que ha defendido que está «justificada» ya que se ha producido una «mejora pero no suficiente» en los niveles de conocimiento de una tercera lengua. Geis ha añadido que hacen falta más recursos y ha asegurado que el «único camino posible es la república catalana».

En una línea parecida, la diputada de ERC Gemma Espigares ha rechazado que no se haya avanzado en materia lingüística pero ha reconocido que todavía hay camino por recorrer. Espigares ha finalizado su intervención «espoleando» la comunidad universitaria a que «siga reivindicado derechos civiles y democráticos» y «no quedar alejada de un debate de país importantísimo».

Romero las ha rebatido diciendo que desde el 22 de junio que el CIC pidió la moratoria y hasta el 27 de octubre, el Gobierno encabezado por Carles Puigdemont «podría haber presentado la modificación y no lo hizo». También los ha reclamado que no sean «autocomplacientes» y, en concreto en ERC, que influencie en el futuro gobierno con el fin de dotar de más recursos las universidades públicas catalanas.

Desde Cs, Jorge Soler ha criticado el «error» de fijar la obligatoriedad de acreditar el nivel para los alumnos que iniciaron el curso 2014-2015, de «no haber hecho todo lo que se podía hacer» y de fijar un indicador que no se ha podido alcanzar. ¿«Que haya que hacer una moratoria porque el Gobierno no puede garantizar el B2 es un éxito?», ha preguntado. Soler ha apuntado que hay un «gran margen de mejora» y ha acusado al gobierno de JxSí de no escuchar sus advertencias y limitarse a contestar «que había un modelo de éxito».

El presidente de Cataluña Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afirmado que «quien suspende hoy no son los estudiantes» sino el Gobierno y ha asegurado que de lo que se ha aprobado no se puede decir moratoria sino «fracaso». «Estamos constatando el fracaso de las políticas públicas de los gobiernos a partir de como mínimo el 2014», ha declarado. En este sentido ha criticado los recortes y el aumento de tasas y que los grupos de JxCAT y ERC mantengan en sus grupos parlamentarios a las personas que «perpetraron el peor de los recortes contra la universidad».

Por parte de la CUP, Carles Riera ha expresado su voto favorable sin añadir más argumentos a los ya dados y ha aprovechado para afirmar que tanto desde fuera como desde dentro del Parlament seguirán luchando para alcanzar una reducción de un mínimo del 30% de las tasas, la absolución de los '27 y más' y otras reclamaciones sobre la base que las universidades sean «un marco de legitima lucha para la república y la democracia».

Por último, la diputada del PPC Andrea Levy ha afirmado que el hecho de que se haya tenido que aprobar una moratoria demuestra cuáles han sido las prioridades de la Generalitat hasta ahora: «No han sido los alumnos ni las universidades». Levy ha apuntado al «fracaso» de los gobiernos anteriores, en los que ha acusado de invertir «muchos recursos para el nada y pocos para aquello necesario».