El Tribunal Constitucional suspende la ley de la presidencia

El lleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite por unanimidad este miércoles el recurso que el gobierno español ha presentado contra varios preceptos de la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat, y ha suspendido cautelarmente la norma –tal como pedía el ejecutivo de Rajoy- en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución. Los magistrados han incluido a su resolución una advertencia al presidente del Parlament, Roger Torrent, y en los miembros de la Mesa, del deber de acatar su decisión. El TC ha culminado en poco más de 18 horas las actuaciones del gobierno español para impedir la investidura de Carles Puigdemont, que han supuesto la publicación de madrugada de la Ley en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) -bajo control del ejecutivo de Rajoy en virtud del 155-, la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario a las 11 de la mañana, el registro del recurso poco después de las 13 y, finalmente, su admisión a trámite y suspensión de la ley por parte de los magistrados, que se han reunido en las 18.00 para no esperar a la reanudación del pleno este jueves por la mañana.

Los miembros del TC han acordado admitir a trámite el recurso después de 45 minutos de deliberación, y abren ahora un plazo para que las partes (el Congreso, el Senado, la Generalitat y el Parlament) presenten alegaciones contra esta decisión. En este punto, y «con la finalidad de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Autónoma», suspende el plazo para que la Generalitat pueda personarse y formular alegaciones.

La admisión a trámite del recurso no implica una decisión de fondo sobre la cuestión, pero sí la suspensión automática que el artículo 161.2 de la Constitución impone a las leyes recurridas por el gobierno español.

Con esta decisión, el TC suspende los apartados tres en seis de la ley de la presidencia que permiten al Gobierno de la Generalitat y al resto de órganos colegiados convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actos tan de forma presencial como distancia utilizando medios telemáticos.

La suspensión de la ley corta definitivamente la vía para investir Puigdemont en el Parlament sin provocar un nuevo enfrentamiento con el Tribunal Constitucional e implica la activación del plan D de las fuerzas independentistas, que podrían investir otro candidato la semana que viene.

El TC ha aceptado también la petición que el gobierno español había incorporado al recurso para que se notifique personalmente su resolución al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa, así como al secretario personal de la cámara y al letrado mayor.

Además, los advierte –tal como también pedía el gobierno español- de su deber «de abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar ningún acuerdo que implique hacer uso de los artículos suspendidos de la ley de la presidencia» advirtiéndolos de la nulidad radical de las actuaciones y de «la posibilidad de incurrir en eventuales responsabilidades, incluida la penal, en caso de no cumplir el requerimiento».

El recurso que los magistrados tienen sobre la mesa –y que estudiarán en los próximos meses- se dirige contra varios preceptos de la ley. En concreto contra los artículos 1; 2; la disposición adicional de la norma, que regulan la posibilidad de en caso de ausencia del candidato a la investidura el pleno puede autorizar «que el debate de investidura se celebre sin la presencia o sin la intervención del candidato o candidata» y «puede pedir la confianza de la cámara por escrito o por cualquier otro medio previsto al Reglamento».

Además de la investidura telemática, el escrito se dirige contra el hecho de que la ley se tramitara en el Parlament por el trámite de lectura única, y vulnerando «una materia reservada en el reglamento como es la elección del presidente de la Generalitat». También impugna «la posibilidad de permitir la celebración de sesiones de órganos colegiados de la Generalitat a distancia y por medios telemáticos».

El objetivo final del recurso, según ha afirmado en los pasillos del Congreso el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, es evitar «el absurdo» que una persona «huida de la justicia» pueda ser investida a distancia, y dar pasos para que «se recupere la normalidad institucional, económica y social» en Cataluña. En este marco el presidente español ha pedido a las fuerzas independentistas «un esfuerzo» por formar gobierno y recuperar «la normalidad institucional económica y social» en Cataluña. «Ya está bastante de estar mareando la perdiz», ha dicho.

La Moncloa tenía preparado el recurso desde hace más de una semana, cuando se aprobó la ley en el Parlamento, pero en las últimas horas ha incorporado las aportaciones del dictamen favorable al recurso que emitió el lunes el Consejo de Estado.

Entre otros, este organismo advertía que nadie puede ejercer como miembro del Gobierno de la Generalitat –ni que sea por videoconferencia- si no se encuentra físicamente dentro del territorio catalán, hecho que excluiría a los políticos que se encuentran en el extranjero y los presos provisionales que mantengan el derecho político pero que estén recluidos en las prisiones del resto del Estado.

El recurso del ejecutivo español se basa también los términos de la última resolución por la que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la semana pasada el primer escrito del ejecutivo de Rajoy contra el primer intento de investidura de Puigdemont.

En esta resolución el TC ya advertía a la Mesa que se declarará «radicalmente nulo y sin valor ni efecto» cualquier acto, resolución o acuerdo que contravenga la suspensión acordada. Es decir, que cerraba la puerta ya a cualquier modificación de la Ley de presidencia para permitir una investidura de Puigdemont a distancia.