El Supremo propone al tribunal alemán que entregue Puigdemont por sedición

El juez Pablo Llarena ha enviado un nuevo informe al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein donde ofrece a los jueces alemanes que entreguen al presidente destituido Carles Puigdemont por el delito de sedición. La euroorden dictada contra Puigdemont es por rebelión y Llarena sostiene que esta acusación está fundamentada. Ahora bien, también reconoce que, de manera alternativa, aceptaría que fuera entregado a la justicia española por sedición. El magistrado del Supremo explica a los jueces alemanes la diferencia entre los dos delitos (básicamente, que sedición no comporta violencia) y aporta decenas de vídeos de la concentración delante de la consejería de Economía el 20 de septiembre, del 1-O en varios colegios electorales, de cortes de carreteras y de situaciones «de agresiones» o «acoso e insulto» a los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña. El juez reconoce que la causa es «compleja», se ofrece a enviarles más información y explica a los colegas alemanes que la causa tiene 3.900 folios. Llarena también hace esta apreciación sobre la opción de la sedición en un escrito enviado el 17 de abril al tribunal belga referido a Toni Comín.

El escrito se envió a petición del tribunal alemán, que solicitaba más información. Fecha del 26 de abril y ocupa 17 folios. El juez Llarena recuerda que en el funcionamiento de las euroórdenes, la justicia alemana no tiene que valorar los hechos sino encontrar un equivalente en su ordenamiento jurídico para entregar Puigdemont por rebelión. En este sentido, pregunta a los jueces alemanes que busquen en su código penal cuál es el delito que se ajusta mejor a los hechos que describe. También se ofrece a dar más información a los jueces alemanes si la necesitas para evaluar penalmente los hechos en su país.

«No resultaría comprensible que los hechos descritos en el auto de procesamiento [...] puedan ser cometidos por el presidente de un land sin ir contra la ley penal alemana en ninguno de sus preceptos», justifica Llarena.

Sedición, como alternativa

Aunque Llarena razona que la rebelión existió y tiene fundamento, admite la posibilidad que los hechos también se puedan interpretar como sedición y que, finalmente, Puigdemont pueda ser entregado a la justicia española por este delito. «Si entienden que los hechos no son alta traición, estamos absolutamente convencidos de que la actuación no es penalmente irrelevante en su país», manifiesta Llarena. Sin embargo, no introduce cambios en la euroorden, que se mantiene dictada por los delitos de rebelión y malversación.

El magistrado del Supremo también explica a los jueces alemanes las diferencias entre rebelión (que requiere un alzamiento violento y público y puede comportar hasta 30 años de prisión) y la sedición, que supone un alzamiento «público y tumultuario» para impedir la aplicación de las leyes. El informe subraya que «es un delito que en sí mismo no necesita violencia y el bien jurídico protegido es el orden público». También apunta que las penas pueden ser de hasta 15 años.

Llarena defiende que ha procesado Puigdemont por rebelión porque, el artículo 8 del Código Penal español, «da preferencia al precepto especial sobre el general y al tipo penal que prevé penas más altas».

Además, le dice al tribunal alemán que lo que hay que valorar son los hechos y no la calificación jurídica de los mismos ya que, con independencia de la calificación que pueda hacer él como juez instrucción, la Fiscalía podrá formular acusación más adelante. Llarena apunta que, entonces, la Fiscalía podrá seguir el criterio del instructor (y acusar de rebelión) u optar por penas alternativas como la sedición o, incluso, la desobediencia. Sin embargo, el mismo juez apunta que no sería «razonable» una acusación por desobediencia «dada la antijuridicidad que reflejan los hechos».

Vídeos para «acreditar» la violencia

El juez del Supremo pretende que Alemania entregue Puigdemont por alta traición, lo que sería el equivalente de rebelión en España. El código penal alemán recoge que este delito tenga la intensidad suficiente como para comprometer «de manera efectiva» la capacidad de decisión del gobierno. Llarena explica que, en España, esta particularidad no se exige y, por eso, reconoce que en el auto de procesamiento «no detalló la intensidad de la violencia».

Manifestaciones para «ostentar»

Por eso, el juez envía a Alemania decenas de grabaciones de vídeo con el objetivo de acreditar, según sostiene, que existió violencia. De hecho, durante siete páginas del escrito, Llarena hace un relato sobre los orígenes de esta supuesta violencia, que sitúa en las multitudinarias manifestaciones de hace más de cinco años. «No tenían un carácter violento, pero han supuesto una ostentación de que contaban con el apoyo de una parte importante y significativa de los catalanes», escribe Llarena.

En el escrito, el magistrado dice que aquellos días alrededor del 1-O se produjeron 300 incidentes de movilizaciones públicas, y hace referencia a algunos de ellos. Por ejemplo, a los escratxes a policías españoles en hoteles, cortes de carreteras o «barricadas de fuego». También dice que, de manera simultánea, se cortaron todas las principales vías de acceso rodado y ferroviario a toda Cataluña.

Apunta también hubo 13 sentencias del Tribunal Constitucional declarante normas del Parlamento como a nulas o inconstitucionales y dice que los políticos catalanes actuaron con «tossudesa en la desobediencia». También hace referencia al mensaje televisivo del rey Felipe VI dos días después del referéndum y a la retirada de 9.000 MEUR de los bancos, según Llarena.

«De todo eso expuesto se extrae que el movimiento secesionista se pacífico si la actuación del Estado no se opone a su estrategia y su procedimiento se vuelve violento en caso contrario», escribe Llarena a los jueces alemanes. Justifica, pues, que la «violencia» ha tenido una entidad «suficiente» como para condicionar «todos los aspectos del gobierno español y el poder del Estado» y pide que eso tenga un «reflejo» en el tipo penal que analizan al tribunal alemán.

Entre los DVD enviados hay imágenes de la concentración delante de la consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, del 1-O en varios colegios electorales, imágenes que demuestran «la falta de colaboración» con los cuerpos y fuerzas de seguridad, de cortes de vías de comunicación, entre las cuales el AVE, y de situaciones de «agresiones» o «acoso e insulto» a los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña.

Escrito en Bélgica sobre Comín

Días antes, el 17 de abril, Llarena envió un escrito también con nuevas aclaraciones al tribunal belga, que le solicitaba más información. En este, también abre la puerta a calificaciones alternativas a la rebelión por el caso de Toni Comín.