Iceta cree que nombrar como consellers políticos en la prisión «no justificaría» mantener el 155

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que nombrar como consellers a algunos de los políticos en la prisión «no justificaría» mantener el 155. En una entrevista a 'Els Matins' de TV3, Iceta ha afirmado que los políticos encarcelados «tienen sus derechos, la presunción de inocencia y pueden ser nombrados» y se ha mostrado así contrario a las palabras del delegado del gobierno español, Enric Millo, que sí que puso sobre la mesa la continuidad de este artículo si se nombran como consellers políticos en la prisión. Sin embargo, ha puesto sobre la mesa que no podrán ir a las reuniones o comparecer en el Parlament y por eso cree que hacerlo sería «un error». Por otra parte, ha rechazado la aplicación de uno nuevo 155 si no hay una «ilegalidad» pero sí ha avalado mantener el control financiero de la Generalitat. Iceta ha afirmado que «hasta que no cambien muchos circunstancias» es «prudente» mantener el control financiero porque el investido presidente de la Generalitat, Quim Torra, no explicitó «que se ajustaría a la legalidad».

El socialista ha reiterado que es un «error» poner en lugares de responsabilidad «gente que no la pueda ejercer», como cree que pasaría en el caso de políticos encarcelados que puedan ser nombrados consellers, voluntad que expresó este martes Torra. Lo ha dicho apuntado que legalmente es posible pero que no es «conveniente» y ha asegurado que él no nombraría a alguien que se sabe que tendría que tener una suplencia permanente. Además, ha añadido que puede llegar el momento en que el juez suspenda sus cargos públicos y entonces ya no podrían ni ser consejeros|consellers. «Entiendo la lógica de querer dejarlo todo como estaba, pero no podrá ser», ha declarado.

No a prolongar el 155 y críticas en Cs

Iceta ha afirmado que en Cs «se le ve la salivación» con el 155 y los ha reiterado que el 155 tiene que cesar cuando se nombre gobierno y sólo se puede volver a aplicar «si se ha producido una ilegalidad» y «no una presunción» de esta, cosa que ha esperado no pase. Para Iceta, sin estas condiciones es «imposible prorrogarlo». En este sentido, ha dicho que una expresión de intenciones no es una ilegalidad y que sí lo sería un decreto aprobado por el gobierno o el Parlament que vulnerara la ley.

En cambio, Iceta sí se ha mostrado partidario de mantener el control financiero de la Generalitat ante el acto «imprudente» de Torra de no decir que se ajustaría a la legalidad. «Eso es lo que justifica la continuidad de medidas como esta», ha declarado. Según Iceta, si se hubiera comprometido, el gobierno español «no tendría ningún motivo» para mantener una medida como el control financiero y ha valorado que «hubiera sido mejor» dar 'reset' y decir que te piensas ajustar a la legalidad». Según Iceta, la posición de Cs en este tema sí busca «imposibilitar el diálogo».

Como ejemplo, Iceta ha dicho que si se saca adelante una asamblea de electos sin rango institucional no pasaría nada o si hay un consejo de la república como «institución privada, sufragada con fondos privados y las decisiones no vinculan las instituciones de la Generalitat». «Si los independentistas quieren montar elementos de coordinación política tienen todo el derecho, al que no tienen derecho es a que se suplanten las instituciones de la Generalitat», ha manifestado.

Sobre recuperar leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC), ha asegurado que los socialistas estarán a favor según qué norma sea –por ejemplo las sociales- pero no si las que se pretenden recuperar son la de transitoriedad o el referéndum. Además, ha considerado que la recuperación de ciertas de estas normas tendría que estar dentro de la negociación que puedan empezar Rajoy y Torra.

Iceta ha afirmado que los tuits y los artículos de Torra sobre «los españoles» «lo perseguirán» durante toda la legislatura, pero ha insistido en que desde el PSC quieren juzgarlo por sus actos y decisiones como presidente.

Por último, ha vuelto a rechazar que se cuelgue un lazo amarillo en la fachada de la Generalitat porque es un «espacio público de todos» que nadie tiene derecho a «colonizar».