El bloqueo del gobierno español deja en el aire la toma de posesión de los consellers de Torra

El bloqueo del gobierno español deja en estos momentos en el aire la toma de posesión de los consellers del gobierno de Torra prevista para mañana el miércoles. Desde el gobierno de Mariano Rajoy están estudiando la situación ante las dudas legales que tienen sobre si pueden tomar posesión dos consellers en la prisión, Jordi Turull y Josep Rull, y dos que están en Bruselas, Toni Comín y Lluís Puig. Mientras tanto, el gobierno español no han autorizado el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) a publicar el decreto que contiene todos los nombramientos. Este martes el Gobierno ha enviado una carta al ejecutivo español preguntando los motivos jurídicos que impiden la publicación del decreto. Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avisado de que se tomarán «medidas legales» si no se publica. De momento no hay respuesta del Estado a la carta, el DOGC no ha publicado el decreto y el Gobierno no ha convocado oficialmente la toma de posesión.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dice que los nombramientos de Torra son una «burla» a los catalanes e insiste en que su gobierno español «estudia la situación». Según el ministro, la designación de dos personas en la prisión y dos más «huidas» es «contraria a la ley». Catalá no ha aclarado si su gobierno dará respuesta a la carta que le ha dirigido la Generalitat pedido aclaraciones sobre los motivos del bloqueo de la publicación de los nombramientos en el DOGC, pero ha insistido en que no se puede poner «al frente de consejerías de áreas de gobierno de políticas públicas tan importantes como la Sanidad a personas que no podrán cumplir con su obligación». Sobre si su ejecutivo acabará publicando o no los nombramientos, Catalá ha afirmado que «el derecho avala siempre la razón y el sentido común» y que su gobierno «siempre adoptará decisiones fundamentadas en derecho».

Torra ha evitado públicamente ponerse en el escenario de buscar nombres alternativos a los de Turull, Rull, Comín y Puig. «Estamos esperando la respuesta. ¿Por qué tenemos que suponer que dirán que no? Llegaremos al punto que llamarán a mi mujer para decir qué tengo» que «cenar», ha lanzado en una entrevista a Rac 1. Además, se ha negado a responder en varias ocasiones a la pregunta sobre posibles sustituciones en el Consejo Ejecutivo si no acaba siendo posible nombrar a los políticos que están en la prisión y en los que están en Bélgica. «Si pasa, ya veremos. Los consellers tienen todos los derechos intactos. Todos los itinerarios son necesarios y tienen» que «servir», ha asegurado para defender la vía de su nombramiento. En esta línea, fuentes de la Presidencia prefieren esperar a ver qué pasa en las próximas horas y se limitan a decir que mañana se tomará una decisión sobre la toma de posesión de los consellers.

Otro elemento a tener en cuenta es que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha denegado la libertad provisional a Jordi Turull y Jordi Rull, que no podrán salir de la prisión para tomar posesión del cargo. El juez argumenta que existe un riesgo de reiteración delictiva «potenciado» y dice que el «peligro» se incrementa con la voluntad expresada por el presidente, Quim Torra, que –según Llarena- ha dicho que impulsará la república «ilegalmente declarada».

La fecha de mañana fijada por el Gobierno para la toma de posesión de los consellers coincide con la votación de los últimos capítulos de los presupuestos del Estado en el Congreso. Y el PNV ha condicionado desde el principio su apoyo al levantamiento del 155, que no se producirá hasta que tomen posesión los consellers y que, por lo tanto, se mantiene mientras la situación está bloqueada. De hecho, en las últimas horas el PNV ha advertido que no decidirá «hasta el último minuto» para decidir su voto a los presupuestos con la mirada puesta en Cataluña.

Por su parte, la CUP defiende que Rull, Turull, Comín y Puig tomen posesión como consellers aunque el DOGC no publique el decreto de nombramientos. Los cupaires entienden que la situación es «injusta» y que «se vulneran los derechos civiles y políticos» de estas quatres personas y por eso argumentan que tienen que poder asumir el cargo «con normalidad democrática».