El tribunal alemán rechaza volver a encarcelar Puigdemont a pesar de una petición de la fiscalía
El ministerio público prepara una petición de extradición por rebelión equiparándola a los delitos de alta traición y alteración del odre público
![Primer plano de Carles Puigdemont durante la entrevista en TV3 el 15 de abril del 2018.](https://imagenes.diarimes.com/files/image_large/uploads/2023/11/20/655b467f8d5ca.jpeg)
Puigdemont apuesta por buscar fórmulas para evitar elecciones que respeten el mandato del 21-D
El tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha rechazado este martes volver a poner en prisión preventiva al presidente destituido, Carles Puigdemont. La petición de encarcelamiento la había hecho la fiscalía alemana, que argumentaba un «aumento del riesgo de fuga» a raíz de «nuevas informaciones» enviadas por el Estado español. Además, la fiscalía ha indicado que prepara una petición de extradición por rebelión, que equipara a los delitos alemanes de alta traición y alteración del orden público. Con todo, el tribunal ha indicado que todavía no tiene ninguna petición oficial del ministerio público sobre «la admisibilidad de la petición de extradición en Puigdemont» y que todavía «está abierto» cuando haya una «decisión final» sobre el caso. «Basándose en los hechos reales del procedimiento, el tribunal no ve una aumento de riesgo de Carles Puigdemont y, por lo tanto, seguirá libre», ha indicado el juzgado en un comunicado. La semana pasada, el juez Llarena escribió la fiscalía alemana para informarla de la decisión de Bélgica de no extraditar a Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig y advertirla que no cometiera «el mismo error».
En un comunicado, la fiscalía general de Schleswig-Holstein ha explicado que a raíz de «nuevas informaciones» aportadas por el Estado español, entre las cuales cita «vídeos» donde se ven «actos violentos contra la policía española», se puede considerar una petición de extradición por rebelión. Según la ley alemana, la fiscalía cree que «no sólo habría» una equivalencia con el crimen de alta traición sino que también con el de alteración del orden público. Por eso, confirma que prepara la petición de extradición, que el tribunal admite que todavía no tiene sobre la mesa.
En la petición del ministerio público de Schleswig-Holstein, se destacan dos vídeos por justificar «la intensidad de los actos violentos» durante el 1-O. Las imágenes, siempre según la fiscalía, demuestran también que los Mossos D'Esquadra «no sólo no interfirieron» ante «los actos violentos», sino que con su actitud incluso hasta cierto punto los fomentaron.
Uno de los dos vídeos «muestra una multitud que se colocó en la rampa de entrada de un colegio electoral» cuando agentes de la Guardia Civil querían acceder. Agentes de los Mossos D'Esquadra también eran y, cuando los miembros del cuerpo armado español intentaron entrar, «fueron atacados y los policías catalanes se alejaron sin interferir», explica la fiscalía sin concretar el lugar dónde se produjo el incidente.
Tampoco sin especificar el municipio, también no se habla de otro vídeo donde, supuestamente, un agente de la Guardia Civil «fue atacado con una silla y, en consecuencia, tumbado a tierra».
Por otra parte, la fiscalía dice que «las autoridades judiciales españolas» han enviado nueva información que «explica más» el presunto delito de malversación. Según la documentación española, afirma, la Generalitat habría gastado 1,6MEUR en preparar el referéndum con gastos como la impresión y distribución de material electoral, en crear una nueva web y en implementar una campaña de comunicación sobre el 1-O.
En este sentido, dice que Puigdemont «tenía poder sobre las cuentas públicas» como máximo representante de la Generalitat. Además, también dice que los comentarios en la prensa del ministro Montoro «no tienen relevancia» por el proceso de extradición, como así tampoco el hecho que pagos previstos por el gobierno catalán sobre el 1-O no se ejecutaran. «La obligación de pagar ya era un peligro por las arcas públicas, porque se trataba de pagos que no iban en el interés público, afirma la fiscalía alemana».