La Audiencia Nacional rechaza el recurso de la Fiscalía y confirma la libertad de la activista de los CDR

La sala de apelaciones de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez Diego De Egea, que dejó en libertad provisional con medidas cautelares a la activista de los CDR detenida en Viladecans a principios de abril. Después de tomarle declaración, el juez rebajó la acusación de terrorismo y rebelión a desórdenes públicos. El ministerio público había pedido en la sala que reconsiderara la decisión y solicitaba al tribunal que decretara prisión provisional para la joven o, de manera subsidiaria, que le impusiera una fianza para eludirla. Además, defendía que hay que mantener la imputación de terrorismo y/o rebelión, unos delitos que, además, justificarían que la investigación se mantuviera en este tribunal. La sala, en cambio, ha confirmado que Tamarca C. G. tiene que continuar en libertad y no ha entrado a valorar la calificación de los delitos. De momento, se mantienen las medidas cautelares que dictó el juez que, entre otros, como la entrega del pasaporte, la prohibición de salir de su municipio (a excepción de ir a trabajar) y comparecencias semanales en el juzgado.

La Guardia Civil detuvo el pasado 10 de abril al activista de los CDR Tamara C. G. por terrorismo y rebelión, a petición del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional. El tribunal actuaba a raíz de una denuncia de la Fiscalía.

La policía la trasladó directamente a Madrid y el juez de la Audiencia Nacional le tomó declaración dos días más tarde. Aunque la Fiscalía pidió prisión preventiva, el magistrado rebajó la acusación a desórdenes públicos y la dejó en libertad con medidas cautelares.

El ministerio público, sin embargo, recurrió la decisión pocos días después y presentó un escrito en la sala de apelaciones. Pedía agravar las medidas cautelares y que la joven entre a la prisión o que se le imponga una fianza para eludirla. Además, la Fiscalía sostiene que es «prematuro» retirar la imputación de terrorismo y/o rebelión y argumenta que estos delitos justificarían que la investigación se mantuviera en el sí de la Audiencia Nacional.

Confirma la libertad

Ahora, la sala de apelaciones ha rechazado el recurso y confirma que el activista tiene que continuar en libertad. Sin embargo, la sala no se pronuncia, de momento, sobre la calificación definitiva de los delitos que se le imputan a la espera de que se complete la instrucción.

Ahora bien, considera que los indicios «no revisten la gravedad necesaria para adoptar una medida de privación de libertad». Además, destaca que la investigada ha cumplido «escrupulosamente» las medidas cautelares y las restricciones impuestas por el juez De Egeo, y determina que es suficiente mantenerlas. Además, apunta que no consta que disponga de «medios ni contactos internacionales idóneos para escaparse de la acción de la justicia» y, por lo tanto, no existe riesgo de huida.

Detalles sobre el caso

Cuando el juez De Egeo dejó libre con cautelares Tamara C.G., no se hizo pública el auto del juez. Ahora, con la resolución de la sala, han trascendido algunos detalles de la investigación.

En el escrito de la sala se explica que las diligencias policiales argumentaban que la investigada «desarrolló actividades de dirección y coordinación» en los actos de «sabotaje» llevados a cabo durante la Semana Santa «de forma coordinada entre los CDR». También recopilación que se le atribuyó la autoría de un audio donde daba instrucciones sobre como se tendría que actuar en caso de huelga general o indefinida.

Según el juez De Egeo, no existen pruebas de pertenencia a organización criminal y «menos todavía terrorista». También apunta que en el registro de su casa no se encontró ningún documento «con texto amenazante, ni fotografías ni proyectos de ataques» y que no hay indicios para creer que tuviera información necesaria «para cometer un atentado». «Por lo tanto, no existen en la actualidad indicios suficientes de pertenencia a organización criminal, ni a la coordinación de actuaciones propias de violencia en la calle como el lanzamiento de cócteles molotov, sabotajes en instalaciones eléctricas, etc,» recoge el auto del juez instructor.

Además, el juez recuerda que los CDR no están ilegalizados y que los actos protagonizados por Tamara C. G. se enmarcarían en actos de «propaganda política para la concienciación popular de los fines políticos».

Un segundo joven, pendiente de detener

La orden del juez De Egea también ordenaba una segunda detención de un vecino de Esplugues de Llobregat. El día de la operación de la Guardia Civil, los agentes no lo encontraron en su casa. El jueves pasado, el juez dictó orden de detención. Sin embargo, todavía no ha sido arrestado ni se ha entregado ante la policía.