El fiscal pide que se confirme el procesamiento de los independentistas por el «rebelión»

La Fiscalía ha pedido este lunes a los magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo que confirme el procesamiento de los líderes independentistas por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, aduciendo que la instrucción contiene elementos que conforman, la «crónica de una rebelión anunciada» por «fascículos». El fiscales Fidel Cadena ha hecho la petición durante la vista de este lunes en que los magistrados han escuchado las partes antes de adoptar una decisión sobre los 17 recursos interpuestos por las partes contra los autos de procesamiento dictadas por el juez Llarena. Los magistrados comunicarán la decisión en los próximos días, y en caso de que acuerden confirmar los autos de procesamiento provocarán la suspensión de funciones de los encausados antes de ir a juicio, hecho que dejará sin acta de diputado a Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Las defensas, por su parte, han pedido la nulidad de la instrucción y han avanzado ya que recurrirán a las instancias europeas contra lo que considera un proceso lleno de irregularidades. Las defensas han pedido diligencias relacionadas con el 20 de septiembre, aunque Llarena ya ha denegado alguna, como la declaración de Lluís Llach como testigo, hecho que ha provocado un nuevo recurso de forma.

Todas las partes han mantenido su criterio durante la sesión de este lunes que se ha alargado desde las diez y media de la mañana hasta pasadas las dos. Durante la vista las defensas han insistido en que no se produjo ningún delito de rebelión porque no existió la «violencia» necesaria para la comisión de este delito.

Un criterio que no comparte la acusación particular de VOC ni la Fiscalía, que consideran que no sólo sí que hubo violencia, sino que esta violencia «se anunció por capítulos, por fascículos» y se llevó a cabo «fundamentalmente los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre», en palabras del abogado de VOX Pedro Fernández.

Las defensas también han negado que se produjera un delito de malversación aduciendo que no se ha podido demostrar el uso de fondo públicos, tal como afirmó el ministro Montoro, mientras que el abogado del Estado ha insistido en que existen informes del Ministeri d'Hisenda que apuntan en esta dirección.

VOX, por su parte, también ha denunciado que las defensas critiquen lo que consideran un juicio «político» y al mismo tiempo hagan referencia en sus intervenciones al cambio de ciclo político al Estado por reclamar una modificación del criterio del tribunal.

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha destacado la «falta de indicios racionales» de los delitos de rebelión y malversación y ha denunciado el «cúmulo de irregularidades» del auto de procesamiento del juez Llarena», motivo por el cual hemos pedido la nulidad» de la instrucción. Alonso-Cuevillas también ha apelado «al prestigio como juristas de los componentes de la sala» para que «decidan si quieren poner fin a este cúmulo de irregularidades o si quieren santificarlas y que tengan que venir después tribunales internacionales a poner las cosas a su sitio».

El abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, Jordi Pina, ha afirmado que la defensa insistirá en la petición de libertad porque «tenemos nueve personas inocentes en prisión preventiva» y «a la prisión se va cuando uno está condenado, y no modificando las normas de quien tiene que dictar sentencia y tiene que enviar la gente a la prisión».

En este sentido, ha apuntado que en la medida en que hay un cambio de gobierno español y el criterio de la ministra de Justicia sobre la prisión provisional es «radicalmente en lo que tenía el PP, tenemos un mínimo de esperanzas de poder pedir la libertad».

Pina también ha afirmado que según su criterio quien tiene la potestad para un acercamiento de presos es el Ministerio del Interior, y por lo tanto en la medida en que ya ha «acabado» la fase de la instrucción, no hay ningún motivo porque no puedan ser trasladados a Cataluña.

El pasado 9 de mayo, el juez instructor, Pablo Llarena, ya rechazó los recursos de reforma (es decir, ante el mismo juez que los ha procesado) de Puigdemont y 22 investigados más. Desde entonces, las defensas de algunos de ellos habían presentado recursos de apelación delante de la sala que se han visto este lunes.

Son las defensas de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joan Josep Nuet, Dolors Bassa, Anna Simó, Carme Forcadell, Carles Mundó, Clara Ponsatí y Lluís Puig. En el caso de Jordi Cuixart, planteó un recurso de reforma subsidiario al de apelación.

VOX, que ejerce acusación popular, había presentado recurso para pedir que se procesara a Artur Mas y Neus Lloveras (a quien Llarena dejó fuera de la causa) pero lo retiró después de considerar que no se puede recurrir la denegación de un procesamiento.

Suspensiones de los diputados encarcelados

La Sala anunciará en los próximos días la decisión. Si rechaza los recursos y los procesamientos ya serán firmes. Entonces, Llarena podrá hacer un escrito para suspender de funciones a los diputados encarcelados. La ley prevé la suspensión de funciones antes de ir a juicio de aquellos procesados por rebelión y con una prisión preventiva decretada.

Eso supondría, pues, dejar fuera del Parlament a los diputados encarcelados, que perderían el escaño. Eso está recogido en el artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según los preceptos de este artículo pueden quedar fuera del Parlamento los diputados encarcelados Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras, que hasta ahora han podido delegar su voto. Eso obligaría a los partidos independentistas a hacer correr las listas y reemplazar sus escaños.

¿Y Puigdemont y Comín?

Habría que ver qué interpretación hace el Supremo en caso de que confirme el procesamiento de Carles Puigdemont y Antoni Comín. Ambos diputados están procesados por rebelión por el juez Llarena pero no están en prisión preventiva, ya que optaron por la vía de marcharse al extranjero y no se han personado delante del Supremo.

Algunas fuentes jurídicas apuntan que con una orden de detención ya se incluye la entrega en España y el ingreso en la prisión y que, por lo tanto, se puede interpretar que la prisión provisional ya está decretada. Por lo tanto, si los autos de procesamiento acaban siendo firmes, el Supremo tendrá que aclarar si Puigdemont y Comín –que ha renunciado a la delegación del voto- siguen conservando el acta de diputado.

En el caso de Comín, además, el caso todavía es más complejo porque actualmente no pesa sobre él ninguna orden europea de detención después de que la justicia belga rechazara hace dos semanas su extradición. De momento, Llarena no ha reactivado el procedimiento de la euroorden para reclamar la entrega a Espanya de Comín, Puig y Serret. En cambio, en el caso de Puigdemont se sigue tramitando su posible extradición con la justicia alemana.