La Guardia Civil, investigada por falsedad documental en las citaciones por el 1-O
Los interrogatorios de julio del 2017 a altos cargos de la Generalitat se podrían haber hecho sin autorización judicial
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La Audiencia de Barcelona ha obligado al Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona a reabrir la investigación contra la Guardia Civil por un posible delito de falsedad documental por los interrogatorios a altos cargos de la Generalitat que hizo en julio del año pasado por la organización del referéndum del 1-O. Según el tribunal, el juzgado tiene que investigar si los agentes hicieron las citaciones de testimonios, y posteriormente de investigados, sin la autorización del Juzgado de Instrucción número 13, que días antes negó que investigara el referéndum, y días después negó que hubiera ordenado los interrogatorios de la Guardia Civil.
En julio de 2017 la Comandancia de la Guardia Civil de la Travesía de Gràcia remitió varias citaciones judiciales a trabajadores y funcionarios de la Generalitat de Catalunya haciendo constar que lo hacían a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y a unas diligencias secretas, hecho que el propio juzgado negó públicamente.
A raíz de eso, el colectivo de juristas Drets presentó una querella contra la Guardia Civil por falsedad documental el día 31 de julio y, aunque inicialmente el Juzgado de Instrucción 32 no la admitió a trámite, ahora la Audiencia de Barcelona responde el recurso de Drets dándoles la razón y la querella sale adelante.
Eso podría comportar que todas las declaraciones como testimonios e investigados de los trabajadores y funcionarios de la Generalitat que tuvieron que pasar por el cuartel de la Guardia Civil de la Travesía de Gràcia a partir del 21 de julio del 2017, bajo una gran atención mediática, puedan ser declaradas nulas y, por lo tanto, sin ningún valor judicial. Algunas de las personas que tuvieron que declarar fueron Joaquim Nin, secretario general de presidencia, Jordi Graells, director general de atención ciudadana, Jaume Clotet, director general comunicación, y Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacto Nacional para el Referéndum.
Con el fin de aclarar por orden de quién actuaba la Guardia Civil de Barcelona, la Audiencia ordena que sea el propio magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, del Juzgado de Instrucción número 13, a quien certifique si con fecha de 21 de julio del 2017 tenía una causa abierta por los dominios y web del Pacto del Referéndum y si había encomendado a la Guardia Civil alguna investigación sobre hechos relacionados con la convocatoria del referéndum.
A partir de lo que responda el juez se podrá determinar si la Guardia Civil actuaba sin orden judicial, y en este caso haría falta que declararan los agentes policiales como querellados por un delito de falsedad documental, o «si fue el juez de instrucción 13 el que faltó públicamente a la verdad y en realidad estaba instruyendo una causa general contra el movimiento independentista para evitar la convocatoria del referéndum del 1 de octubre», dice Drets. En este caso, Drets no descarta presentar la correspondiente querella contra el juez Ramírez Sunyer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, vista su condición de aforado, por prevaricación y/o falsedad.