Llarena decreta la suspensión de Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Romeva, Rull y Turull

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cerrado este lunes la instrucción de la causa del «proceso» para los investigados que tiene a su disposición, ha declarado en rebeldía los que se encuentran en el extranjero y ha decretado la suspensión para cargo público de Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Romeva, Rull y Turull. Son todos los que mantenían el acta de diputado menos Comín, que de momento dispone porque todavía puede recurrir el auto de procesamiento. Lo ha hecho a través de ocho autos donde el juez también deja en manos del Parlament la posibilidad de sustituir a los diputados por otros miembros de las respectivas listas electorales. Para suspenderlos, Llarena invoca el artículo 384 bis de la Ley criminal (incluida a la reforma de 1989 y pensada para casos de terrorismo) que establece que los investigados por delitos de terrorismo o rebeldes pierden su cargo una vez se haya firmado el auto de procesamiento y se haya decretado la prisión provisional. La decisión podría abrir ahora un conflicto entre el Tribunal Supremo y el Parlament de Catalunya, que en su reglamento establece que para una suspensión de un diputado hace falta que el pleno «lo acuerde por mayoría absoluta».

Es el punto y final de la instrucción que abrió el 31 de octubre del 2017 y que pone ahora las bases del juicio por rebelión, malversación y desobediencia para los procesados que están en el Estado. Son 18 personas, todos los investigados menos Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel, a los que declara en rebeldía y para quienes decreta que se abra una pieza separada.

Con respecto a los 18 procesados, el juez los emplaza para que comparezcan ante el tribunal en un plazo de quince días y recuerda que todas sus resoluciones pueden ser revisadas por la Sala de enjuiciamiento del Supremo. La suspensión de los diputados y el auto de conclusión de la instrucción no se pueden recurrir delante del propio Llarena, aunque las defensas pueden pedir que se anulen estos autos presentando escritos en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Suspensiones cautelares

Mediante un auto hecho pública este lunes, Llarena comunica al Parlament la suspensión de los cargos públicos de todos los investigados que mantenían el acta. En concreto establece que «los procesados han quedado suspendidos de las funciones y cargos públicos que estaban desarrollando» y establece que la Mesa «tiene que proceder a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal».

Lo hace apelante al artículo 384 bis de la Ley Criminal establece que cuando el procesamiento es firme y el juez ha decretado la prisión provisional por un delito cometido «por una persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que esté ostentando una función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio de lo mismo mientras dure la situación de prisión».

Posibilidad de sustitución temporal de los diputados

En todo caso, el mismo juez apunta que se trata de suspensiones cautelares que quedarían sin efecto si finalmente se atribuye a los procesados infracciones que no sean la de rebelión, o si se modifica la situación de prisión provisional en que se encuentran, hecho que supondría «la inmediata reactivación del derecho de los procesados a representar a sus electores».

En este sentido, y sin hacer ninguna referencia al reglamento del Parlament, el juez estipula que para que las fuerzas parlamentarias de las que forman parte los procesados suspendidos no pierdan la mayoría parlamentaria, los diputados pueden ser sustituidos de manera temporal por otros miembros de las listas donde se presentaron.

«No existe ningún impedimento procesal porque|para que los cargo y funciones públicos que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera llena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlament», afirma.

Acepta las peticiones de Comín y Serrat de recurrir ahora su procesamiento

Llarena no suspende de momento Comín y tampoco Meritxell Serret (que no es diputada) porque entiende que todavía tienen potestad de recurrir la providencia de procesamiento que dictó el 27 de julio. Lo hace recordando que a pesar de sus negativas iniciales a personarse al proceso, finalmente sus abogados pidieron comparecer a la causa el 6 de junio, y por lo tanto los permite ahora presentar recurso.

Rechaza todas las diligencias de las partes

En otro auto, el juez rechaza todas las diligencias que le pedían tan la acusación particular de VOX como las defensas. Considera que son «innecesarias y reiterativas». En este sentido, argumenta que ya ha llevado a cabo todas las diligencias necesarias para aclarar los hechos y determinar la participación de los encausados. Lo hace esgrimiendo la situación de prisión provisional de parte de los encausados, que hace necesario –ahora- actuar con «celeridad» y remitir ya la causa al tribunal que tiene que juzgar el caso.

Deniega la libertad de Forn

Llarena también ha denegado este lunes por cuarta vez la petición de liberación del exconseller del Interior Joaquim Forn. Su defensa había presentado la solicitud después de la declaración del exconseller del 26 de junio. Llarena mantiene el criterio expresado por él mismo en dos ocasiones anteriores y otra de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El juez argumenta que lo hace por riesgo de «reiteración delictiva y de huida», y rechaza los argumentos de la defensa que sostenía que el magistrado interpreta mal una carta que Forn escribió juntamente a Junqueras y que se leyó en un acto en la plaza Sant Jaume el 2 de mayo.

El magistrado interpreta que era un texto de apoyo a los Comitès de Defensa de la República (CDR), mientras que la defensa sostiene que era una carta de agradecimiento al «apoyo moral recibido» sin ninguna referencia a los comités. Durante la declaración, la Fiscalía admitió que se había vinculado la carta a los CDR de manera errónea fruto de una información publicada por ‘Okdiario’.

No incluye a la causa a Lloveras i Buch

En cambio, el juez rechaza incluir en esta causa a la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, y el conseller de Interior, Miquel Buch, investigados en el TSJC por supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Desiste de la petición a Hacienda

Llarena acuerda también pedir sin efecto la solicitud que envió al Ministeri d'Hisenda de informes con respecto a la documentación que le envió a la Generalitat con respecto a los requerimientos del gobierno español a la Interventora General de la Generalitat de los años 2017 y 2018.

Por último, Llarena también rechaza la pretensión de Jordi Cuixart de no tener en cuenta en el procedimiento las diligencias y documentos vinculados con el exsecretario de Economía, Josep María Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluis Salvador, y desestima también los recursos de varios procesados contra la providencia que daba tres días en las partes para que pidieran las diligencias pertinentes.

Considera suficiente la fianza de 2,1 millones de euros

También considera «suficiente» la fianza de 2.135.948,06 euros qque impuso a los presos y que ingresó la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo para responder las posibles responsabilidades civiles.

Llegada de los presos en Cataluña

Su decisión llega también una vez se ha activado ya el traslado de todos los presos independentistas que se encontraban en prisión provisional en los centros penitenciarios madrileños. Los tres últimos, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, han salido este lunes en las 9.55h de la prisión de Valdemoro con destino a Zuera, en Zaragoza, donde harán noche antes de llegar el miércoles en Brians 2 y pasar a custodia de los Mossos, que los trasladarán a Lledoners.