Una nueva ley permitirá a la Generalitat anular condecoraciones y suprimir nombres de calles franquistas

El Departamento de Justicia trabaja en un proyecto de ley que aglutinará todas las normas sobre memoria democrática y que supondrá un nuevo paso adelante en esta materia. Será una nueva ley integral que facultará a la Generalitat para retirar la simbología franquista de las calles y plazas de Cataluña, anular condecoraciones y suprimir los nombres de calles en homenaje a personajes vinculados con las dictaduras y los crímenes de lesa humanidad aunque los consistorios se opongan. «La nueva ley de memoria será una herramienta para cerrar heridas y acabar con el luto», ha explicado la consellera, Ester Capella, que este miércoles por la mañana ha comparecido por primera vez ante la Comisión de Justicia del Parlament.

La nueva ley pretende armonizar el corpus legal existente y quiere dar respuesta a las demandas de la sociedad civil, al derecho a la memoria de los ciudadanos y al deber de memoria de los estados. La ley reunirá todas las normas aprobadas por el Parlament en materia de memoria democrática, que son la del Memorial Democrático (2007), la de fosas|fosos (2009) y la de reparación jurídica (2017). Por eso ha agradecido el trabajo de los anteriores responsables de memoria y de los exconsejeros|exconsellers Raül Romeva y Carles Mundó. La voluntad del Departamento de Justicia es que la nueva ley incorpore las sensibilidades de las entidades memorialistas, del ámbito académico y de la administración local.

La nueva ley integral de memoria prevé la creación de la Comisión de la Verdad. Este órgano estudiará, aclarará y cuantificará los crímenes de lesa humanidad –crímenes de guerra, genocidios y asesinatos masivos–, informará a los familiares de las víctimas y los asistirá en su derecho a la justicia. La ley abordará los hechos comprendidos desde el inicio de la Guerra Civil hasta la Transición. La ley hará énfasis en el reconocimiento de colectivos como las mujeres, a, las personas LGTBI o los bebés robados, que han estado especialmente castigados y olvidados.

De acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, los departamentos de Justicia y de Enseñanza estudian la incorporación de la memoria democrática al currículum educativo, así como la formación específica de los docentes que den clases vinculadas a esta materia.

En Catalunya hay 503 fosas localizadas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. La Generalitat trabaja con un plan de apertura para analizar los restos, devolverlas a sus familiares y garantizar una sepultura digna. Para hacerlo posible, Justicia y Salud colaboran en un programa de identificación genética, que consiste en el cruce de las muestras de ADN de los restos mortales localizados en las fosas y las de los familiares vivos de las personas desaparecidas.

Por otra parte, el Gobierno expide los documentos que hacen constar la nulidad de los juicios y los consejos de guerra franquistas contra catalanes por causas políticas después de que el Parlamento aprobara por unanimidad la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo. En Cataluña hay 66.590 personas contra las cuales se instruyó un procedimiento judicial militar por causas políticas durante la dictadura de Franco. Los tribunales que instruían estas causas actuaron en Catalunya a partir de abril de 1938 y hasta diciembre de 1978.