Junqueras y Romeva piden la libertad y proponen el arresto domiciliario o un dispositivo telemático
El recurso dice que su libertad incidiría poco en el día a día del Gobierno
Oriol Junqueras considera que la renuncia de Puigdemont permite un acercamiento a constituir un Gobierno efectivo
El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha pedido este lunes ante el Tribunal Supremo la libertad provisional de sus clientes, ofreciendo como alternativas a la prisión la colocación de un dispositivo de rastreo telemático o el arresto domiciliario, entre otros, para disminuir el riesgo de fuga. El escrito alega que la prisión provisional afecta varios derechos, entre ellos el de defensa, la protección de la vida familiar, los derechos de los menores y los de representación política.
El recurso dice que aunque Junqueras y Romeva no forman parte del Gobierno, el ejecutivo catalán está «actualmente desarrollando su actividad con normalidad» y por lo tanto «su libertad no puede incidir el más mínimo en actuaciones de gobierno que pudieran remotamente asimilarse a los ilícitos por los que se ha procesado; no hay riesgo de reiteración delictiva relevante».
El abogado recuerda que Junqueras lleva 257 días en prisión provisional y Romeva 115. «El mero transcurso del tiempo es, según doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, suficiente para motivar la revisión de la prisión provisional, al reducir muchos de los riesgos que pudieran haberse apreciado en las iniciales resoluciones adoptadas», asegura.
Sobre la afectación de la prisión a la vida familiar, dice que la esposa y los hijos, de 3 y 5 años, de Junqueras están bajo un «estrés emocional severo», y que la situación de padecimiento psicológico de los hijos de 9 y 12 años y la mujer de Romeva también está acreditada. Las consecuencias más importantes para los hijos es que la separación puede afectar a la relación paterno-filial.
Sobre la afectación al derecho de defensa, Van den Eynde alega que si se hace el juicio con los políticos todavía encarcelados «se los estigmatizará», quedará afectada su consideración pública y tendrán que pasar un «inmerecido calvario de traslados».
Por todo eso, y citando jurisprudencia internacional que obliga la fiscalía a demostrar que las alternativas a la prisión no son adecuadas o viables, el abogado propone el arresto domiciliario, un dispositivo de rastreo telemático, el control policial o la comparecencia periódica en los juzgados.