El TSJC prohíbe colocar esteladas en la vía pública o edificios de la administración

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia notificada este martes en la cual prohíbe la colocación de una bandera estelada en una plaza de Sant Cugat del Vallès. El tribunal sostiene que esta bandera «constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos» y no tiene reconocimiento legal válido como «símbolo oficial de ninguna administración territorial», de manera que resulta «obvio» que su uso «sólo puede ser calificado de partidista». Responde así a una denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC) contra la decisión del Ayuntamiento de Sant Cugat de instalar una estelada en la vía pública.

Asimismo, la sentencia asegura que la exhibición «en el espacio público» de cualquier «elemento» que «representa una opción política» es ilegal, porque vulnera el principio de «objetividad y de «neutralidad institucional». Es decir, que el TSJC, que por primera vez se pronuncia sobre esta cuestión, no sólo hace referencia a la presencia de la bandera independentista, sino a todos aquellos símbolos con los cuales únicamente se siente representada una parte de la población y «generan fractura y división en la sociedad catalana», dice SCC.

El TSJC, por lo tanto, ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Sant Cugat, después de que en el 2016 un juzgado de Barcelona prohibiera la instalación de la estelada en la plaza Lluís Millet el año 2014, y que SCC denunció. Además, condena al consistorio a pagar las costas judiciales hasta un máximo de 2.000 euros. La sentencia se puede recurrir en el Supremo.

El tribunal dice que las administraciones no tienen libertad de expresión y que los alcaldes no se pueden ver obligados a incumplir la ley por un «mandato popular» de un pleno municipal, por ejemplo. En más, dice que los símbolos oficiales sí que se tienen que exhibir obligatoriamente, aunque los partidos gobernantes no se sientan identificados.

El presidente de SCC, José Rosiñol, ha recordado que la entidad está «a favor de la democracia y del con respecto a la ley y a los que se encargan cada día de velar por su cumplimiento». Por este motivo, «no tiene sentido» que la entidad haga una valoración positiva o negativa al respecto, sino que únicamente «respeta esta decisión, como todas la que tome la justicia». Rosiñol, ha recordado que en el momento en que un determinado colectivo o un ciudadano decide actuar al margen de la ley, «está atentando contra el estado de derecho» y que, en este momento, «todo aquel que se considere demócrata tendría que acatar esta sentencia y actuar de acuerdo a su contenido».