La Audiencia Nacional amplía la investigación del caso '3%' a Convergencia y el PDeCAT

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación del llamado caso del '3%' a Convergencia Democrática de Cataluña y el PDeCAT (por considerarlo partido sucesor). Ha decidido investigar los dos partidos en condición de personas jurídicas por tráfico de influencias, soborno y blanqueo de capitales y los emplaza a designar abogado y procurador. En el auto, el juez argumenta que en esta causa se investigan altos cargos del partido que, según atribuye el juez, de acuerdo con otros cargos públicos y funcionarios de administraciones e instituciones públicas catalanes pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido. La investigación quiere aclarar si, a través de donaciones a las fundaciones de Convergencia (Catdem y Fòrum Barcelona), alteraron concursos públicos para «dirigir» las adjudicaciones hacia las empresas que hacían las donaciones.

Según lo que se investiga hasta el momento, la Audiencia Nacional considera que las licitaciones comprometidas en esta causa suben a más 218 MEUR, adjudicado definitivamente por 175 MEUR. De la Mata cree que las «donaciones irregulares» ligadas a estas adjudicaciones suben al millón de euros.

CDC no tenía un «sistema de control interno»

El juez considera en el auto que CDC no disponía de un «sistema o un simple protocolo interno» que garantizara la intervención y contabilización de todos sus actos y documentos y, por lo tanto, de las obligaciones de cariz económico. «Así se refleja en las auditorías internas del partido y aparece como un incumplimiento en el Tribunal de Cuentas», ha afirmado.

De la Mata asegura que los directivos y responsables del partido «tenían conocimiento» de las «irregularidades» sobre la financiación que se investiga y, por lo tanto, concluye que la formación «no tenía normativa de control interno y conocía, como mínimo a través de los informes del Tribunal de Cuentas, las irregularidades que se podían derivar de los pagos a través de los cuales las fundaciones vinculadas a CDC derivaban dinero al partido en concepto de donaciones».

El juez también considera que, aunque hubiera relevos en las personas de la estructura, el sistema se mantenía «inalterable», y que los cambios en la estructura del partido no supusieron «el cese de la comisión de los hechos investigados». Afirma que tenían conocimiento que las fundaciones eran «sociedades interpuestas» a través las empresas adjudicatarias hacían llegar comisiones que «simulaban» como donaciones. Sostiene que la actividad se mantuvo al menos durante 11 años.

La actividad continúa con el PDeCAT, según el juez

Sobre el porqué también investiga el PDeCAT, el juez considera que cuando en el 2016 Convergencia se refundó fue una «simple transformación o cambio de apariencia de una misma realidad». Además, cree que el cambio de nombre se hizo para «desconectarse de las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido como CDC».

Ya han declarado 23 investigados

Esta causa se empezó a investigar en el Vendrell a raíz de una denuncia de la CUP. El juez pero pidió inhibirse y, desde hace pocas semanas, la Audiencia Nacional se ha hecho cargo. El juez De la Mata ha tomado declaración ya en diversos de los investigados que, en la mayoría de casos, era la primera vez que declaraban ante un juez.

El pasado mes de junio ya pasaron por dependencias de la Audiencia Nacional hasta 23 investigados. Todos ellos declararon y abandonaron el juzgado sin ninguna medida cautelar. Entre ellos, el exresponsable económico y jurídico de CDC, Francesc Xavier Sànchez Vera, la que fue ninguna económica financiera de CDC, Anna Dolors Benítez Bueno y Carles del Pozo Cerdà, gerente y coordinador del área económica de CDC. También el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, el exgerente municipal de la empresa municipal BIMSA Constantí Serrallonga o la exsubdirectora de Estudios y Coordinación de la Dirección General de Administración, Isabel Muradàs.

Todos negaron cualquier implicación y aseguran que no tenían conocimiento de donaciones a cambio de adjudicaciones y afirman que todos los procedimientos de concursos públicos se hicieron de acuerdo a la ley.