El gobierno destina 545.000 euros para contratar un bufete belga que defienda Llarena

El Ministerio de Justicia ha contratado los servicios de un bufete de abogados en Bélgica para representar tanto el Estado como el magistrado del Supremo Pablo Llarena por la demanda civil interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro exconsellers. El precio de la adjudicación asciende a los 545.000 euros y a partir de ahora el bufete Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick será quien estará en contacto con la Abogacía del Estado para dirigir la estrategia procesal a Bélgica, ya que la abogacía no se podía personar directamente al tratarse de un tribunal extranjero ordinario. El próximo 4 de septiembre, está fijada una vista preliminar donde las partes expondrán las alegaciones y el juez tendrá que decidir si admite a trámite la demanda civil. Llarena no está obligado a asistir en persona y lo pueden representar los abogados de este bufete. El Ministerio de Justicia ha informado de que ya se ha firmado el contrato y, con esta decisión, deja cerrada la representación tanto del Estado en este procedimiento como también la del propio juez.

La semana pasada, en cambio, Justicia hacía una distinción entre lo que suponía defender «la soberanía de la jurisdicción española» y lo que eran «actos privados» de Llarena. Esta diferenciación provocó un alud de críticas tanto de PP como de Cs y también de asociaciones de fiscales y jueces.

Finalmente, el gobierno español ha asumido los costes de la representación del juez y mujer por cerrada la polémica sobre si tenía que defender o no el juez. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, negó este lunes que hubiera un cambio de criterio sino que dijo que se habían estudiado todos los escenarios y que se había explicado todo el procedimiento «con transparencia». Entonces, ya se comprometió a defender al juez «hasta las últimas consecuencias».

La demanda contra Llarena se fundamenta, en buena parte, en unas declaraciones que el juez hizo en una conferencia en Oviedo donde, según los demandantes, no habría respetado el derecho a la presunción de inocència y se habría vulnerado su honor.

Según informa el Ministerio de Justicia, el objetivo de este bufete será defender «la soberanía y la inmunidad jurisdiccional» de los tribunales españoles delante de los belgas, una defensa que -según puntualiza el ministerio- también incluye la del magistrado del Supremo.