El Defensor asegura que los lazos en suyos públicas son incompatibles con la neutralidad
También ha mostrado «su preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos catalanes»
La pancarta «libertad presos políticos» vuelve a lucir en el Ayuntamiento de Reus
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado que los poderes públicos tienen que respetar el principio de neutralidad ideológica, lo que es incompatible con la presencia de lazos amarillos en los edificios públicos.
Lo ha dicho en una declaración institucional, ante los recientes acontecimientos en Cataluña, y en la cual a mostrado «su preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos catalanes».
El Defensor del Pueblo ha recibido y tramitado quejas sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos y el pasado 7 de agosto amparó un ciudadano que es se quejaba de la instalación de lazos amarillos en la fachada principal del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
El Defensor escribió a la Consellera de Salud de la Generalitat afirmando que «la libertad de expresión de las personas en instalaciones públicas té un límite en el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos, que no son partidos políticos o entidades de la sociedad civil».
«Los ciudadanos que acuden a ellas (hospitales, instalaciones policiales, delegaciones de Hacienda y un largo etcétera) tienen una pluralidad de posiciones sobre las más diversas cuestiones, todas las cuales tienen que ser respetadas sin que nadie pueda sentirse molesto o ajeno a la institución pública de que es trate, que es de todos y para todos», ha enfatizado el Defensor.
Además, el 30 de agosto el diputado de Ciutadans Juan Carlos Girauta solicitó la intervención de la Institución para la investigación o aclaraciónde actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que afecten en un ciudadano o grupo de ciudadanos».
Girauta hacía referencia -continua el Defensor- a la ocupación de los suyos físicas oficiales o dependencias de la Administración de la Generalitat o del Gobierno, así como de los Ayuntamientos, con símbolos (lazos amarillos, cruces, pancartas, esteladas), representativos o vinculados a unas determinadas ideas políticas.
Se aportaban fotografías de instalaciones de la Generalitat así como de los Ayuntamientos de Barcelona, Gerona, Reus (Baix Camp), Vic (Osona) y Berga (Berguedà).
Ante estos hechos, el Defensor ha reiterado: «Los poderes públicos tienen que respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista».
«Eso es incompatible con la presencia en los edificios públicos -más teniendo en cuenta que es permanente- de símbolos propios de una ideología, el con respecto a la cual se tiene que cohonestar con el con respecto a los otros que concurren en una sociedad libre, abierta, democrática y tolerando», ha aclarado.
El Defensor ha asegurado que, además de tramitar las quejas que reciba sobre estos asuntos, amparará, en su caso, a los ciudadanos y entidades afectados.
Además, ha reclamado a los poderes públicos de Cataluña que respeten «el principio de neutralidad ideológica que tiene que regir cualquier sociedad libre, abierta, democrática y tolerante».
Ha condenado las agresiones sufridas por una ciudadana que retiraba lazos amarillos a Barcelona y por un trabajador de Telemadrid en el transcurso de una manifestación y ha deseado que la próxima Junta de Seguretat Estat-Generalitat (este jueves) aborde la situación derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos.
Un Estado de Derecho está sometido a reglas de diverso contenido para garantizar que sea «un espacio compartido», según Fernández Marugán, que ha argumentado: «Los derechos de reunión y manifestación o el de uso de los espacios públicos no son ilimitados precisamente para preservar la seguridad y la convivencia».
«El Derecho, expresión de una ética pública, compartida y vinculante, tiene» que «prevalecer», según Fernández Marugán, que ha deseado que la Junta de Seguretat Estat-Generalitat que se celebrará este jueves en Barcelona aborde la situación «derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos».
