El Juzgado de Instrucción 13 dice que no tiene indicios de rebelión ni sedición contra los investigados por el 1-O

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha admitido formalmente en un auto que no tiene ningún indicio que la cuarentena de investigados en su causa contra el 1-O hayan cometido ningún delito de rebelión o sedición. Además, reconoce que si los encontrara, les tendría que investigar la Audiencia Nacional y no él. Lo ha dicho en un escrito de la semana pasada, aunque durante más de un año ha asegurado que la causa estaba abierta por sedición y rebelión. Ahora, sin embargo, dice que estos delitos no se han dejado de investigar, pero no ha encontrado ningún indicio que relacione los investigados con estos delitos y, que si los encontrara, los tendría que remitir automáticamente en la Audiencia Nacional.

Según ha avanzado 'Vilaweb', el magistrado, en un escrito del 2 de octubre en el cual ha tenido acceso la ACN, responde al abogado de Josuè Sallent, alto cargo del CTTI, que le había pedido una aclaración por el auto del 17 de agosto donde incoaba un procedimiento de sumario y no incluía estos dos delitos. En la aclaración, dice que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya dijo hace un año que los delitos de rebelión y sedición se tenían que investigar en este tribunal, y la magistrada a Carmen Lamela lo consideró igual. Además, en la exposición razonada del juzgado al Tribunal Supremo del 23 de abril pasado, donde instaba el alto tribunal español a investigar a Josep Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, porque son aforados en el Parlament, también habría admitido que él no tenía competencias para investigar estos dos delitos.

En resumen, dice que estos delitos los ha investigado, no ha encontrado indicios y, si lo hubiera hecho, los habría tenido que remitir en la Audiencia Nacional.

Este auto se suma a la de hace unas semanas en un sentido parecido. En julio de 2017 la Guardia Civil remitió varias citaciones judiciales a trabajadores y funcionarios de la Generalitat haciendo constar que lo hacían a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 13, pero el propio juzgado dijo, a través del gabinete de prensa del TSJC, que los interrogatorios eran «diligencias de policía judicial y no solicitadas» por él. A raíz de eso, el colectivo de juristas Derechos presentó una querella contra la Guardia Civil por falsedad documental, a la cual se sumó la Generalitat, ante el Juzgado de Instrucción 32, que la rechazó, pero que la Audiencia de Barcelona obligó a admitir a trámite el pasado julio. La propia Audiencia determinó que fuera el mismo Ramírez Sunyer a quien certificara si el 21 de julio del 2017 tenía una causa abierta por los dominios y web del Pacto del Referéndum y si había encomendado a la Guardia Civil alguna investigación sobre el hechos relacionados con la convocatoria del referéndum.

En respuesta a este requerimiento, el pasado 23 de agosto la secretaria judicial del Juzgado 13 ha entregado un certificado judicial en el cual se admite que, efectivamente, la Guardia Civil investigaba desde el 15 de mayo del 2017 en todos aquellos «que pudieran haber intervenido en la autorización, creación y desarrollo de la web 'pactepelreferendum.cat'», por lo cual se tomó declaración en el cuartel de la Guardia Civil de la Travesía de Gracia de Barcelona durante el mes de julio de 2017 a Joaquim Nin, secretario general de Presidencia, a Jaume Clotet, director general de comunicación, y a Jordi Graells, director general de atención ciudadana, y finalmente el magistrado ordenó en septiembre del 2017 el cierre de la web 'pactepelreferendum.cat'.

El Juzgado 13 también admite que desde el mes de marzo del 2017 la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil estaba investigando los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, rebelión, sedición y contra la paz e independencia del estado, con respecto a las «actuaciones y gastos directamente encaminados a la celebración del referéndum de autodeterminación». De hecho, la secretaria judicial, en su certificado, asegura que «desde el primer momento la instrucción y los investigadores advirtieron actuaciones y gastos directamente encaminados a la celebración de un referéndum de autodeterminación a convocar en breve plazo de tiempo».

Por lo tanto, según Drets, el propio juzgado «reconoce que faltó públicamente a la verdad» cuando el 19 de julio del 2017 dictó un auto rechazando la personación como investigada de la CUP con el argumento que la investigación que el juzgado llevaba a cabo no tenía «por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum ni es una causa general contra los que directa o indirectamente tuvieran interés en él».

También se demuestra, según Drets, que era «falso» el comunicado de prensa y los tuits del TSJC del 27 de julio del 2017 donde aseguraba: «las diligencias que se están haciendo este días en el cuartel de la Guardia Civil son diligencias de policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de Instrucción 13 de Barcelona» y donde añadía que la querella que instruía giraba en torno a Santiago Vidal, Carles Viver i Pi-Sunyer y Josep Lluís Salvadó como personas investigadas.

«Resulta evidente, pues, que el Juzgado 13 estaba instruyendo una causa general contra el movimiento independentista para evitar la convocatoria del referéndum del 1-O, como ha defendido siempre Drets, y que por algún motivo el juzgado siempre lo había negado, faltando a la verdad públicamente, cosa que podría comportar la nulidad de todo lo que haya investigado este juzgado». Es por eso que Drets estudia presentar una querella contra el Juez del 13 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña --vista su condición de aforado--, y contra la letrada judicial por|para prevaricación y/o falsedad y vulneración de derechos fundamentales.