Mas, Ortega, Rigau y Homs reiteran ante de el Tribunal de Cuentas los argumentos usados en los juicios contra el 9-N

El expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs han redundado ante el Tribunal de Cuentas en argumentos que ya esgrimieron durante los juicios penales contra el 9-N. Todos fueron condenados por desobediencia y absueltos de prevaricación. La acusación de malversación, además, decayó antes de los juicio. Ahora, que los juzgan por una presunta responsabilidad contable de 5,2 MEUR, todos ellos defienden que no se trataba de una consulta ya que el Tribunal Constitucional lo había suspendido días antes. Sino que impulsaron un proceso participativo organizado por 40.000 voluntarios y que no hubo gastos específicos para el 9-N. Por ejemplo, en el caso del 7.000 ordenadores (por valor de 2,8 MEUR) han defendido que se compraron para impulsar la digitalización en las aulas. Todos han afirmado, además, que tenían la certeza de que todo lo que se hacía era legal.

Antes del juicio, los cuatro han tenido que depositar una fianza de 5,2 MEUR. Son el dinero público que el tribunal calcula que se destinó a la preparación de las votaciones del 9-N de 2014.

Después de pedir algunas prórrogas, finalmente los investigados ingresaron en efectivo 2,8 MEUR procedentes en gran parte de la caja de solidaridad y, para llegar a la cantidad total de 5,2 MEUR, el tribunal les ha permitido aportar inmuebles de su propiedad como aval.

Mas niega ninguna ilegalidad

El primero al declarar ha sido el expresidente Artur Mas, que ha defendido que no firmó ningún decreto ni hicieron ninguna memoria económica del 9-N porque se trataba de un proceso participativo impulsado por voluntarios y que, por lo tanto, no era diferente a la consulta que inicialmente habían previsto desde el Gobierno y que el TC suspendió.

Ha reconocido que el apoyo logístico sí lo proporcionó la Generalitat pero que en ningún caso hubo gastos específicos por el 9-N. Por ejemplo, en el caso de los 7.000 ordenadores (por coste de 2,8 MEUR) ha justificado que el presupuesto del 2014 se modificó para comprarlos para «llenar necesitados del sistema educativo catalán», aunque se usaron también el día de las votaciones.

También ha recordado que el TC no les respondió la aclaración que hicieron para saber específicamente la cual tenían que suspender y ha apuntado también que «ningún juez ni fiscal» detuvo las votaciones «si tan grave era el delito que se cometía como después se dijo».

Ortega: «Todos los expedientes pasaron por los interventores y la asesoría jurídica»

La exvicepresidenta Joana Ortega ha explicado que después de firmar dos convenios con el CIRE, la empresa de la Generalitat que ocupa a presos, el 23 y el 27 de octubre para elaborar las urnas de cartón y las papeletas, pero el 30 de septiembre ordenó que se anularan inmediatamente después de la providencia del TC que suspendía la consulta. No fue hasta después del 14 de octubre, cuando Mas reconvirtió la consulta en un proceso participativo, que firmó un segundo convenio con algunas modificaciones, sobre todo en el formato de las papeletas, que tenían que incluir un apartado para que los votantes pudieran escribir sus reflexiones. También encargó al CTTI un aplicativo para gestionar la participación, cosa que demostraría, según ella, que no había censo sino que los votantes se registraban en el momento de votar, a diferencia de la consulta.

Ortega ha asegurado varias veces que estaba absolutamente convencida de la legalidad del proceso participativo y de los encargos del Departamento de Gobernación, ya que todos los expedientes pasaron los filtros de los interventores y de la asesoría jurídica. Ha recordado que no había registro electoral ni censo, ninguna administración electoral ni organismo de control, y durante los 15 días que se hizo el proceso participativo no recibieron ningún requerimiento judicial ni policial para pararlo. Tampoco intervino a ningún funcionario. De hecho, ha asegurado que la anulación de los primeros convenios «no fueron una mera apariencia, fue una paralización real, efectiva y absoluta».

Rigau: «No habría adquirido más ordenadores de los necesarios para las escuelas»

La exconsellera Rigau ha explicado que el 14 de octubre el presidente Mas anunció que el proceso participativo se haría a los institutos públicos, que son titularidad de la Generalitat. La compra de los más de 7.000 ordenadores lo ha justificado por el hecho de que hacía falta modernizar la enseñanza y porque se estaban abriendo nuevos centros, ampliando la oferta, sobre todo de FP, y hacía falta más equipamiento informático para «digitalizar aulas y contenidos». Eran «épocas muy duras presupuestariamente» y no adquirió más ordenadores de los necesarios por los centros, ha asegurado, respondiendo al abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC) que ha insistido en la coincidencia entre el número de ordenadores adquiridos y los usados por el 9-N.

De hecho, ha dicho que una de las razones para utilizar ordenadores nuevos para el proceso participativo fue que no se quería alterar la normalidad de los centros, y por eso no se usaron los ya existentes a los institutos. No obstante, no ha podido aclarar si los ordenadores no llegaron hasta enero o febrero en sus destinos definitivos, pero ha admitido que podría ser así.

Homs niega irregularidades en la modificación de partidas

El exconseller de Presidencia –condenado ya por el Supremo a 1 año y 1 mes de inhabilitación- ha sido el último al declarar. Su interrogatorio ha girado en torno a una partida de 800.000 euros aprobada por su departamento para finalidades de promoción y publicidad del proceso participativo.

Homs ha reconocido que con la suspensión del TC se modificaron partidas y que el dinero acabó saliendo del fondo de contingencia pero ha defendido que, en todo caso, la modificación se hizo siguiendo todos los criterios de la ley general de presupuestos y que nadie la impugnó.

El abogado de Sociedad Civil Catalana ha reprochado que el dinero se usara para la misma finalidad política pero Homs ha replicado que «desde el punto de vista contable es un error objetivable». «Lo que analizamos aquí es si los cambios de partida se hicieron siguiendo la ley y se cumplieron todos los requisitos y, por lo tanto, la acusación contablemente no tiene ninguna base», ha defendido.

También ha afirmado que el 9-N era «jurídicamente diferente de la consulta vinculada a una ley y aprobada por decreto». Y ha añadido que no «le pasaría por la cabeza hacer ningún tipo de irregularidad en la contratación de expedientes».

Sobre el alquiler de una sala de prensa en Fira de Montjuïc, ha dicho que se contrató un espacio «digno» para acoger a un millar de periodistas acreditados y que era un «centro de prensa y no de recogida de datos».