Cuixart y Sànchez, un año privados de libertad a la espera de juicio por «dirigir las masas» durante el 20-S

El exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, cumplirán este martes un año en prisión preventiva. Sus defensas han hecho múltiples intentos por hacer valer su actuación durante los registros del 20 de septiembre como principales líderes de las entidades soberanistas. Han insistido en que no protagonizaron ningún acto violento y que instaron a la disolución de la concentración en las puertas de la Conselleria de Economía. Ninguno de sus intentos, sin embargo, ha servido para levantar la medida cautelar y tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo siempre ha tumbado cualquier petición de libertad. Llevan 365 días durmiendo entre rejas en las prisiones de Soto del Real y, desde el verano, en Lledoners. El magistrado Pablo Llarena los procesó por rebelión por «impulsar una masa de fuerza» contra la policía y la comitiva judicial. En pocos días la Fiscalía fijará en los escritos de acusación qué pena solicita para ellos.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron los primeros encausados del proceso en poner los pies en la prisión y este martes se cumplirá exactamente un año que están privados de libertad a la espera de juicio. La justicia española los apunta como responsables de la concentración del 20 de septiembre en Economía, de incitarla y de impedir, pues, que la secretaria judicial y la Guardia Civil pudiera llevar a cabo con normalidad los registros y detenciones en busca de material e información sobre la organización del referéndum del 1-O.

Las defensas han aportado vídeos y testimonios para demostrar que intentaron hacer de mediadores con la policía española que registraba la conselleria y que hicieron llamamientos a la calma e, incluso, pidieron a la gente que se marchara a casa antes de la hora prevista para poner punto y final a la movilización que reunió a 40.000 personas. Ellos así lo han relatado de viva voz ante los jueces de la Audiencia Nacional y el Supremo. Sin embargo, actualmente están procesados por un delito de rebelión y encarcelados en Lledoners. El juez instructor del Supremo Pablo Llarena también frustró la candidatura de Sànchez a presidente de la Generalitat y lo suspendió como cargo público.

Reclaman la absolución

Cuando se cumplía el primer aniversario de los hechos del 20-S, Cuixart y Sànchez escribieron una carta desde la prisión de Lledoners donde afirmaban que el archivamiento de la causa o la absolución es «la única salida justa» a su «enredo judicial». Los 'Jordis' también pedían ayuda para explicar que no hay delito en su causa ya que «no hubo violencia», tal como defienden en el escrito.

Coincidiendo con el primer aniversario del encarcelamiento, Òmnium y ANC han convocado para el martes por la noche una concentración a Plaça Catalunya con el lema 'Un año de vergüenza, un año de dignidad.'

Lamela, primera en dictar prisión preventiva

Justo dos días después de las concentraciones en la Conselleria de Economía, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una denuncia para pedir investigar por sedición a los organizadores de la concentración y ya apuntaba directamente hacia los líderes de ANC y Òmnium.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los citó a declarar inicialmente el día 6 de octubre y los dejó en libertad sin ninguna medida cautelar a la espera de volver a citarlos. Lo hizo el 16 de octubre, cuando ya tenía sobre la mesa un atestado de la Guardia Civil sobre el 20 de septiembre y que también incluía el 1 de octubre.

El instituto armado apuntaba que los líderes de las entidades soberanistas «habían animado las masas» durante la concentración. Junto con Sànchez y Cuixart, Lamela también citó el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, que quedaron libres con medidas cautelares.

Después de tomarles declaración en la Audiencia Nacional, Lamela hizo suyo el criterio de la Fiscalía, decretó prisión provisional para Sànchez y Cuixart y los envió a Soto del Real.

En aquel auto, la entonces titular del juzgado central de instrucción 3 (y recientemente ascendida al Tribunal Supremo) apuntó que los dos «dirigieron las masas» para «evitar la aplicación de la ley» y dificultar la actuación de la policía española que estaba registrando la Conselleria de Economía. En la resolución también recogía declaraciones de Sànchez de aquellas jornadas como «que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa», o que tanto él como Cuixart hicieron un llamamiento a «la movilización permanente» subidos arriba de un coche de la Guardia Civil.

Traslado de la causa al Supremo

El 24 de noviembre del año pasado, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó hacerse cargo de la causa que hasta entonces había instruido en la Audiencia Nacional la magistrada Lamela y que afectaba a Puigdemont y todo el Gobierno y los líderes de ANC y Òmnium. En cambio, se mantuvo en aquel tribunal la investigación a Trapero, Laplana y la excúpula de Interior.

En aquel momento, Llarena –que ya investigaba Forcadell y los miembros de la Mesa- argumentó que en la medida en que el delito de rebelión que se investigaba tenía varios autores, hacía falta que se los investigara a todos conjuntamente. Consideraba que había una «conexión material inescindible» de la naturaleza de los hechos que se estaban investigando en el Supremo en la causa relacionada con el proceso secesionista.

En aquel momento, pues, los dos líderes de ANC y Òmnium -encarcelados por un supuesto delito de sedición- se incorporaron a una causa que estaba abierta directamente por un delito de rebelión y malversación de fondos públicos.

Llarena veta Sánchez como presidente

Después de las elecciones del 21 de diciembre (convocadas por el 155) y ante la imposibilidad de que Carles Puigdemont pudiera ser investido, el independentismo consensuó que Jordi Sánchez (número 2 en JxCat) tenía que ser el candidato, a pesar de estar en prisión. Hasta entonces, Sànchez había podido delegado su voto como diputado. Con respecto a Cuixart, en cambio, no formaba parte de ninguna candidatura pero, hasta ahora, se ha mantenido como presidente de Òmnium.

No obstante, el magistrado instructor negó a Sànchez asistir al pleno en dos ocasiones. La primera, el 12 de marzo esgrimiendo el argumento de la reiteración delictiva. Posteriormente, su defensa –ejercida por el letrado Jordi Pina- lo volvió a solicitar, añadiendo que sino podía seguir la sesión por vía telemática y recordando que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había emitido una resolución que instaba el gobierno español a tomar medidas cautelares para respetar el derecho político de Sànchez.

Llarena dio un nuevo portazo a Sànchez, ya que consideraba que si se convertía en presidente podía reiterar y «romper la orden constitucional». Sobre la resolución de la ONU, el magistrado afirmó que «no era vinculante» para el tribunal y que, además, no se daba ninguna «indicación concreta».

Además, el pasado mes de julio –una vez el procesamiento ya era firme- Llarena suspendió de funciones a Puigdemont y todos los diputados encarcelados, entre ellos Jordi Sànchez.

Procesados por rebelión

El 21 de marzo, Llarena los procesó por un delito de rebelión. Al auto, el magistrado instructor argumentó que los dos habían usado su responsabilidad al frente de ANC y Òmnium Cultural para movilizar «centenares de miles de seguidores» y «impulsar una masa de fuerza» para hacer frente a la policía que «trabajaba para impedir el referéndum ilegal». Toda su responsabilidad se centra en los hechos del 20 de septiembre y toma como base un informe elaborado por la Guardia Civil, el mismo cuerpo que el día de los hechos sufrió las consecuencias de la concentración.

Junto con Junqueras y Forn, son los dos únicos procesados que han estado desde el principio en prisión provisional ya que el juez nunca ha rebajado las medidas cautelares impuestas ni ha atendido ninguno de las múltiples peticiones de libertad provisional a la espera de ser juzgados. De hecho, ellos dos son los que llevan más días entre rejas.

Cuixart abre la vía para el traslado a Cataluña

La defensa de Jordi Cuixart fue la primera que presentó un escrito en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pidiendo el traslado a Cataluña una vez la instrucción por parte de Llarena ya había concluido.

Alegaba que mantenerlo alejado de su familia y su entorno vulneraba varios derechos fundamentales, entre ellos el de su hijo de un año. La petición se hizo el 23 de abril y detrás suyo seguirían los pasos otras defensas, como la de Junqueras y Romeva. Finalmente, Cuixart y Sànchez llegaron a la prisión de Lledoners el 4 de julio. Y detrás de ellos el resto de presos preventivos del proceso que, hasta que no se celebre el juicio, estarán en las prisiones catalanas.

Traslado a Madrid para el juicio

El juicio del proceso está previsto, a priori, para el mes de enero. La Sala de lo Penal todavía tiene que confirmar la conclusión de la instrucción hecha por Llarena y enviar la causa a las acusaciones para que fijen por qué delitos los llevan a juicio y qué pena solicitan para cada uno de ellos.

El juicio podría durar unos dos meses, con sesiones de mañana y tarde. Eso obligará a trasladar a todos los procesados encarcelados desde los centros penitenciarios catalanes hasta prisiones de Madrid.