La Abogacía del Estado acusará a los líderes independentistas de sedición y malversación, pero no de rebelión
La Fiscalía también presentará este viernes su escrito de acusación contra los procesados por el 1-O
La Abogacía General del Estado acusará a los líderes independentistas de sedición y malversación de fondos, pero no de rebelión. En cambio, todo hace prever que la Fiscalía General del Estado mantenga la acusación por rebelión. Tanto la Abogacía como la Fiscalía presentarán mañana viernes los escritos de acusación antes de que empiece el juicio. La Abogacía General del Estado depende orgánicamente del Ministerio de Justicia e inicialmente se personó en la causa del 1-O por malversación. El Código Penal prevé penas de hasta 30 años para los delitos de rebelión y de hasta 15 por sedición.
El escrito de calificación que la Abogacía del Estado entregará mañana viernes al Tribunal Supremo (TS) acusará a los líderes independentistas de sedición y malversación. Así pues, se desmarcará de la Fiscalía que en todo el proceso ha defendido que hubo rebelión.
ERC y PDeCAT han pedido en los últimos días un gesto al gobierno español con los presos para poder negociar los presupuestos del Estado. Desde de ERC el diputado en el Congreso, Joan Tardà, ha pedido explícitamente al gobierno de Pedro Sánchez que inste a la Fiscalía a rebajar las acusaciones y el vicepresidente del Gobierno y adjunto a la presidencia del partido, Pere Aragonès, ha apuntado a la Abogacía del Estado. Habrá que ver pues si ERC y PDeCAT ven en el escrito de la Abogacía el gesto que piden al gobierno español con los presos.
La principal diferencia entre el delito de rebelión y el de sedición es que, según el Código Penal, el de rebelión comporta violencia y puede suponer penas de hasta 30 años de prisión. En cambio, el delito de sedición prevé penas de hasta 15 años.
Por su parte, otra de las acusaciones, ejercida por Vox, presentará su escrito el lunes que viene.
El pasado 25 de octubre el Tribunal Supremo cerró la instrucción de la causa del proceso y dio por buena la investigación hecha por el juez instructor, Pablo Llarena, que procesó a 25 personas aunque finalmente sólo 18 irán a juicio.
Se trata de los nueve líderes independentistas encarcelados (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carme Forcadell) y del resto de procesados que están en libertad provisional: los exconsellers Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó, los exmiembros de la Mesa Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.
En cambio, el Supremo no juzgará los que se encuentran en el extranjero, a pesar de estar procesados. Es el caso de Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig, Anna Gabriel y Marta Rovira.