La fiscalía acusa Gobierno y entidades de un «levantamiento generalizado, salpicado de fuerza, agresión y violencia»

La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que los acusados de rebelión eran «conscientes» de que podría haber violencia en el proceso de independencia y aun así siguieron adelante con sus propósitos. De hecho, los acusa de un «levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia», cosa que daría base jurídica a la acusación por sedición e incluso de rebelión. Según el ministerio público, la preparación de este delito se remonta a finales del 2012 y basa la supuesta violencia en los incidentes del 20 de septiembre del 2017, los 'escraches' en hoteles y sedes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y por las agresiones a los agentes españoles que actuaron en los colegios electorales el 1-O. Además, cifra la malversación de fondos públicos en cerca de 3,1 millones de euros, aunque admite que algunas facturas no se llegaron a pagar.

En un largo escrito de 127 páginas firmado este viernes por los cuatro fiscales que han intervenido en el caso, el ministerio público da un repaso de todos los hechos que, según ellos, condujeron a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de hace un año. Todos los actos de los acusados, según la fiscalía, son preparatorios o ejecutores de un plan preconcebido para conseguir la independencia de Cataluña «utilizando todos los medios necesarios, incluida la violencia, valiéndose de la fuerza intimidatoria que representaba la actuación tumultuaria desplegada por las grandes movilizaciones ciudadanas y el uso de los Mossos D'Esquadra como un cuerpo policial armado formado por 17.000 efectivos que acataría exclusivamente sus instrucciones».

Así, la actuación «convergente» de Parlament, Gobierno y entidades independentistas, sobre todo la ANC y Òmnium, buscaba el reconocimiento internacional y hacer «presión para obligar al Estado a capitular». El escrito se remonta a diciembre del 2012 cuando los líderes de CDC y ERC de entonces, Artur Mas y Oriol Junqueras, firmaron el acuerdo para la transición nacional, que desembocó en la creación del Consejo Asesor, la publicación del Libro Blanco y el proceso participativo del 9-N del 2014. Ya desde el 2013, recuerda la fiscalía, hubo «incumplimientos palmarios de los mandatos del TC» y en el 2015 se hizo un «nuevo impulso» con las elecciones plebiscitarias del 27-S con la coalición de JxSí.

La 'hoja de ruta', delimitada en el documento 'EnfoCATs', según los fiscales, ya incluía la movilización social como «herramienta imprescindible, canalizada por la ANC y Òmnium, y ante la reacción del estado se convertiría en último término en el instrumento coactivo más decisivo y eficaz para doblegar la voluntad del estado». De hecho, también asegura que a partir de septiembre del 2017 los líderes independentistas consideraron que «ya no había suficiente con la desobediencia y la legislación paralela, era necesario oponerse, con todos los medios al alcance, incluida la violencia en un caso extremo, al cumplimiento de las órdenes judiciales».

El escrito intenta describir la actuación concreta de cada acusado y los divide según su función. Deja aparte el mayor Trapero y el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior Cèsar Puig, encausado en la Audiencia Nacional, aunque también critica la actuación de la policía catalana.

Mesa y Gobierno

Con respecto a la Mesa del Parlament, acusa a sus miembros de ser «conscientes» de que incumplían el «deber de inadmitir actuaciones», a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos del TC, «desoyéndolas, sabiendo que eran abiertamente inconstitucionales, de manera que dieran aparente cobertura jurídica al proceso de independencia». Entre estas resoluciones, destacan la de inicio del proceso constituyente el 9 de noviembre del 2015, la comisión de estudio del proceso constituyente y la aprobación de sus conclusiones, la resolución del debate de política general del 2016 sobre el referéndum y el proceso constituyente, la aprobación de los presupuestos del 2017 con una partida para el 1-O, las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica del 6 y 7 de septiembre y la aprobación de la sindicatura electoral.

Con respecto al Gobierno, también acusa a sus miembros de ser «conscientes» de la «notoria ilegalidad» que estaban cometiendo, por ejemplo con el decreto de convocatoria del 1-O y la aprobación, por parte de Junqueras, del decreto de normas complementarias del referéndum. Igualmente, los acusa de todo y ser «plenamente conscientes de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos como los del 20-S, hicieron reiteradas y continuas llamamientos públicos a la movilización ciudadana para ir a votar, proteger los centros de votación y evitar que la policía cumpliera la misión de cerrar los centros y decomisar el material electoral». «Es una insurrección patente, manifiesta y exteriorizada contra el ordenamiento jurídico establecido», concluye.

Así, concreta que la tarde del 28 de septiembre, la cúpula de los Mossos se reunió con Puigdemont, Junqueras y Forn y comunicó a los dirigentes políticos que era «altamente probable» que tres días después hubiera una «escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamientos». Los mandos policiales habrían asegurado que la seguridad sólo se podía garantizar suspendiendo el 1-O, pero aun así, los políticos siguieron adelante e incluso habrían dado instrucciones a la policía para facilitar la votación. «Los mandos antepusieron las directrices recibidas al cumplimiento de la ley y la orden judicial», asegura la fiscalía.

Respecto de la supuesta malversación de fondos públicos, el ministerio público la cifra en 3.075.300 euros, aunque admite que algunas facturas no se llegaron a pagar pero sí que están comprometidas. En concreto, se gastaron unos 900.000 euros en el uso de locales electorales, 653.000 euros en tres campañas de publicidad sobre la participación, 979.000 euros para Unipost para repartir papeletas, censo y citaciones de miembros de las mesas, 38.000 euros en cartelería y 500.000 euros en acción exterior. Eso se hizo «burlándose los controles establecidos en garantía de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de Cataluña». Además, recuerda que todos los consellers están implicados, ya que un acuerdo de Gobierno del 7 de septiembre decía que las decisiones y actuaciones se harían de forma colectiva y colegiada y asumidas de forma solidaria.

Los Jordis y el 20-S

La otra pata de la rebelión, y quizás la principal, según la fiscalía, fue la ciudadanía, movilizada por la ANC y Òmnium. Eso se evidenció el 20 de septiembre, a raíz de las detenciones y cacheos de la Guardia Civil en varias dependencias de la Generalitat y en concreto la Conselleria d'Economia. En las convocatorias públicas de movilización se divulgaban los puntos registrados y «emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían a la Guardia Civil la puesta en libertad de los detenidos e instaban a los catalanes a movilizarse», diciendo que las fuerzas de seguridad «no podrían con todos ellos y habían declarado la guerra a los que querían votar».

Describiendo los hechos en torno a Economia, más desarrollados en el escrito en la Audiencia Nacional, la fiscalía explica que a las 10.30 horas de la mañana los manifestantes habían rodeado el edificio y «habían sometido a su fuerza a la comitiva judicial». Asegura que el edificio estaba bajo la protección sólo de dos mossos, «que no recibieron ningún refuerzo durante el día» a pesar del «asedio» de 60.000 personas, una «masa que se amontonaba hasta empujar y casi derribar la puerta en un ambiente crispado y hostil». «A pesar de los graves incidentes y las reiteradas solicitudes de refuerzos policiales, no se enviaron unidades especializadas ni se adoptó ninguna medida por proteger a la comitiva judicial», dicen los fiscales.

Según el escrito, no se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial había reclamado y no había ninguna manera de acceder al edificio que no fuera por un estrecho pasillo, que sólo permitía el paso en fila india, y controlado por voluntarios de la ANC. Así, la comitiva policial y judicial no pudo introducir en el edificio a los detenidos y tampoco pudo salir hasta altas horas de la noche y madrugada. Además, los vehículos «acabaron devastados y destrozados por dentro y por fuera, incluidas las armas».

Con respecto al papel de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, explican que el expresidente de la ANC «paradójicamente» estuvo en contacto telefónico con el mayor Trapero y fue el interlocutor de la movilización ante los agentes, y «impuso condiciones» como obligar los agentes a entrar y salir a pie por dentro del cordón de voluntarios de la ANC o impedir que se marcharan los vehículos policiales.

Respecto de los discursos que pronunciaron ante la multitud, dicen que «a pesar de reivindicar el pacifismo, Cuixart también apeló a la determinación mostrada en la guerra civil, usando la expresión no 'pasarán', y retó al estado a acudir a decomisar el material del referéndum escondido en varios locales». «Hoy somos decenas de miles de personas, mañana seremos centenares de miles allí donde esté, no dudéis de que ganaremos la libertad», dijo Cuixart, palabras que la fiscalía le reprocha. A Sànchez le recriminan que dijera que ningún cuerpo policial podría parar el referéndum y que hiciera referencia a una «noche larga e intensa». En conclusión, la fiscalía cree que los Jordis «aceptaron la deriva violenta que pudiera producirse en las movilizaciones, al incitar a movilizarse en la calle y a oponerse a la Policía Nacional y la Guardia Civil». «Los llamamientos se hicieron con conocimiento que las movilizaciones desembocarían nuevamente en actos violentos», concluye el escrito.

El papel de los Mossos el 1-O

Así, el 1-O se quiso celebrar «a cualquier precio valiéndose de la población civil», considera la fiscalía.

Sobre la actuación de los Mossos, la fiscalía dice que sus directrices «en realidad neutralizaban por completo el cumplimiento de la orden judicial» del TSJC. «Inexplicablemente se hicieron públicas, cosa que sirvió de base para incitar la población a ocupar los centros antes» que llegara la policía catalana a las 6 de la mañana. Así, critica que se movilizaran sólo 7.000 agentes, cuando en una jornada electoral normal se activan 12.000. Además, se repartieron de manera «ineficaz», ya que no se priorizaron los centros de más votantes, sino que se desplazó una patrulla a cada uno de los más de 2.000 colegios. «Casi todas las parejas de mossos estuvieron absolutamente pasivas y sin intervenir, y alguna se enfrentó con la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir cerrar el centro», asegura. De hecho, dice que una de las «prioridades» de los agentes catalanes era informar sobre los movimientos de las policías españolas.

«Las pautas de actuación eran manifiestamente dilatorias y tolerantes con la votación, y se incumplieron deliberadamente los acuerdos de las reuniones previas de coordinación con las autoridades judiciales», afirma. Por eso, consideran que «el auxilio y la colaboración de los Mossos fue determinante para la celebración del referéndum y la producción de los graves sucesos que finalmente tuvieron lugar». «Lejos de cumplir la orden judicial en la cual estaban inexcusablemente obligados por imperativo legal, optaron por sujetarse a las directrices de los responsables políticos de la Generalitat, poniendo a su disposición todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado de 17.000 efectivos», asegura.

Por eso, cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil «constataron fehacientemente que los Mossos estaban incumplimiendo de manera palmaria la orden judicial, recibieron instrucciones para desplazarse a los centros de votación más importantes, llegando a producirse numerosas situaciones de tensión, enfrentamiento y violencia, ante la actitud resistente y contumaz de centenares de personas que habían ocupado los centros». Fue un «enfrentamiento violento y agresivo propiciado» por la ciudadanía al oponerse a la actuación policial, asegura el escrito.

De hecho, «el muro humano incluyó actos de agresión que causaron lesiones, lanzamientos de objetos como vallas metálicas y piedras, insultos y resistencia grave», que causaron 93 agentes heridos. Del millar de votantes heridos que dijo la Generalitat, la fiscalía cree que la cifra «se manipuló para magnificar la represión policial», porque, según el ministerio público, muchos de los heridos contabilizados fueron por mareos o ataques de ansiedad, y no por golpes policiales. Sólo habría habido cuatro heridos ingresados, dos leves y dos graves, uno por ataque cardiaco y otro que perdió el ojo por una pelota de goma policial. La fiscalía recuerda que muchas de las actuaciones policiales están siendo investigadas por juzgados catalanes.

Ya después del 1-O, la fiscalía enumera varios 'escraches' y movilizaciones de «hostigamiento» delante de hoteles que alojaban policías o delante de comisarías. También menciona 116 cortes de vías férreas y carreteras el 3 de octubre y el 8 de noviembre, la colocación de barricadas y el apoyo del Gobierno a la huelga general y el paro de país.

Sobre la DUI del 27 de octubre, el ministerio fiscal asegura que no fue una declaración «simbólica», como dicen muchos de los acusados, ya que la Generalitat tenía preparado para su aprobación inmediata «un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la república, el despliegue de estructuras administrativas y un plan para garantizar que los Mossos asumieran la seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio».