Buch y Lloveras aseguran en el TSJC que los correos a los ayuntamientos eran para «escenificar el apoyo territorial» al 1-O
La defensa del conseller y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú recuerda que el Supremo ya archivó la causa y que no recibieron ningún requerimiento del TC
Buch y Lloveras ya han declarado delante del TSJC como investigados para promover el 1-O entre los alcaldes
El expresidente de la ACM y conseller de Interior, Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y expresidenta de la AMI, Neus Lloveras, han asegurado este martes por la mañana ante el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que los correos electrónicos que enviaron en septiembre del 2017 como dirigentes de las entidades municipalistas a sus ayuntamientos asociados eran para intentar «escenificar el apoyo territorial al 1-O». Así, han explicado que las dos entidades, privadas, enviaron una propuesta de modelo de decreto de alcaldía para dar apoyo al referéndum y con varios carteles de propaganda electoral, pero han recordado que cada ayuntamiento tiene plena autonomía para decidir si hacían caso.
Los dos han declarado como investigados por desobediencia después de una querella de la fiscalía también por malversación de fondos públicos presentada en septiembre del año pasado y que se tramita en el TSJC porque Buch, como conseller, es aforado. Las declaraciones han durado menos de media hora cada una y los investigados han respondido las preguntas del magistrado instructor. El fiscal no ha hecho ninguna pregunta, han explicado fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes han explicado que Lloveras ha explicado lo mismo que en el Supremo en su momento, y Buch ha ido en la misma dirección. En un primer correo del 6 de septiembre, se proponía un modelo de decreto de alcaldía para dar apoyo político al 1-O, que cada consistorio, dentro de su autonomía local, podía asumir o no. Los dos han recordado que sus entidades son privadas, que enviaron el correo desde la cuenta corporativa de las asociaciones y que lo hicieron a todos los asociados, que en el caso de la ACM incluía ayuntamientos gobernados por el PSC o los comunes.
En un segundo correo, sólo enviado por la AMI, se incluía un informe de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administració Local per la Independència (SITxCAT) que avalaban la legalidad del referéndum, y Lloveras ha recordado que este informe era público.
El tercer 'mail' era simplemente un 'link' en unos carteles propagandísticos que cada ayuntamiento podía imprimir para promover la votación, pero se les acordaba de que la campaña electoral empezaba al cabo de unos días. La AME, además, incluyó un cartel a favor del 'sí' a la independencia.
Los dos han explicado también que no recibieron ningún requerimiento ni aviso del Tribunal Constitucional, y que sólo fue después del tercer correo, el 13 de septiembre, cuando todos los ayuntamientos de Cataluña recibieron una notificación de la Delegación del gobierno español en Cataluña donde se informaba a los consistorios de que la ley del referéndum había sido suspendida por el TC y que había actuaciones judiciales en curso.
La defensa de Buch y Lloveras ha recordado también que el Supremo ya archivó esta investigación contra la expresidenta de la AMI, que declaró en Madrid. En su auto de procesamiento, Llarena dejó Lloveras fuera de la causa y dictó el sobreseimiento libre para ella. También el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona rechazó asumir el caso.
El TSJC admitió a trámite la querella de la fiscalía, pero sólo por desobediencia, y acordó citarlos a declarar como investigados, aunque sin fijar una fecha, a la espera de que la resolución fuera firme. El febrero pasado, cuando el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya había asumido la causa por rebelión contra los líderes independentistas, el TSJC le remitió la investigación sobre Buch y Lloveras, para evitar «resoluciones contradictorias» y posibilitar «la investigación y enjuiciamiento conjunto» del caso relativo al proceso soberanista. Pero Llarena rechazó su competencia para investigarla y, además, decretó el sobreseimiento libre de Lloveras, que llegó a declarar en Madrid.
Según la exposición razonada que el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC Jordi Seguí envió a Llarena, a las 23.31 horas del 6 de septiembre, minutos después de haberse aprobado la ley del referéndum en el Parlament, Lloveras y Buch enviaron un correo electrónico desde sus entidades a sus ayuntamientos asociados donde se les indicaba que podían proceder a confirmar la disponibilidad de locales de votación, y les facilitaban un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum.
A pesar de la suspensión del referéndum por parte del Constitucional, el 10 de septiembre Lloveras envió otro correo a los asociados con un informe elaborado por el colectivo Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administració Local per la Independència (SITxCAT) sobre el 1-O, que concluía que el derecho internacional ampararía la actuación de los funcionarios que desobedecieran el TC y cumplieran la ley catalana.
El 12 de septiembre, Lloveras y Buch enviaron un tercer correo con el nombre de 'Material de campaña para el Referéndum del 1 de octubre', que contenía el modelo de dos carteles de fomento de la participación y, en el caso de la AMI, uno que pedía el voto afirmativo.
