Justicia dice que el seguimiento de la huelga de trabajadores de los juzgados no llega al 15%, y UGT lo sitúa en el 67%
Los funcionarios judiciales protestan por la reforma de la LOPJ que limita los refuerzos y sustituciones y los puede obligar a cambiar de centro de trabajo dentro del mismo municipio
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El seguimiento de la huelga estatal de trabajadores de los juzgados en Cataluña ha sido del 14,2% a las once de la mañana, y del 14,9% a las 13.30 horas, según ha informado el Departamento de Justicia. En cambio, el sindicato UGT ha cifrado el seguimiento en el 67%. Se trata de los auxilios, tramitadores, gestores y forenses, que suman un total de 7.876 personas. En los juzgados de Tarragona una concentración de trabajadores en la puerta no ha llegado a la decena de personas, y en la Ciutat de la Justícia de Barcelona no se ha notado demasiado el descenso de actividad, que ha sido similar a la de un viernes de puente. Se han hecho declaraciones a los juzgados de Instrucción y juicios con bastante normalidad. En la capital catalana, centenares de trabajadores se han concentrado ante la Delegación del gobierno español en Cataluña.
Los trabajadores protestan contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se tramita este mes de noviembre en el Senado, y que contiene, según los sindicatos convocantes, «los agravios más duros para todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia». Así, se quejan de que se unifiquen todos los centros de destino de cada municipio, aunque estén en zonas diferentes, cosa que supone «aprobar la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente».
Entre otras quejas, también lamentan que se«prohíba» incrementar la plantilla y la asignación de más medios materiales cuando se designen jueces de refuerzo. En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino. El personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de seis meses.
En la práctica, la administración podrá determinar cómo quiera cuál será, dentro del municipio, el puesto de trabajo de los funcionarios de Justicia en cada momento, a la vez que «se reducirá drásticamente» el nombramiento de personal interino, dejando lugares sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto del personal y generando, además, «incertidumbre» en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas.
La asignación «forzosa» de puestos de trabajo supone, según los sindicatos, «una intromisión encubierta del poder político en la Administración de Justicia», ya que «será el ministerio o las comunidades autónomas con competencias a quien decidirá donde y cuando se aplican más medios humanos». «¿Alguien piensa que destinarán más personal para investigar la corrupción, o harán precisamente el contrario»?, se preguntan.
Los trabajadores han hecho concentraciones ante los juzgados durante media hora cada mañana desde el lunes y este viernes han hecho huelga. Para el lunes hay convocada una huelga de jueces y fiscales.