La fiscalía dice que el juicio se tiene que hacer en el Supremo porque «derogar» la Constitución estaba «en la diana» del proceso

El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha defendido que la causa se tiene que mantener en este tribunal porque el proceso supuso un «atentado grave al interés general» que «superó» el ámbito de Cataluña. En su intervención en la vista que analiza la competencia del Supremo, Moreno ha dicho que «derogar» la Constitución estaba en la «diana» de los independentistas. Ha añadido que su actuación obligó a la intervención «del poder legislativo y el ejecutivo» con la aplicación del 155 y también ha defendido que la causa se mantenga en Madrid porque la internacionalización del procés «fue clave para culminar el objetivo». La fiscalía se pega a conferencias dadas en el extranjero previamente al 1-O para defender el derecho a la autodeterminación y a pagos hechos desde la delegación de la Generalitat en Bruselas.

El fiscal Jaime Moreno ha defendido que la causa del 1-O se tiene que juzgar en el Supremo y ha contradicho los argumentos de las defensas. En este sentido, ha dicho que los letrados de la defensa han querido plantear los hechos como «aislados» y, en cambio, para Moreno se trata de un «conjunto» de actuaciones que tenían como objetivo «derogar la Constitución». Por eso, entiende que unos hechos que tenían «en la diana» atentar contra el Estado y el TC «no se puede decir que sólo afecten a la comunidad autónoma de Cataluña».

Además, ha dicho que la declaración de independencia supuso «la intervención» de dos poderes del Estado: el ejecutivo y el legislativo, con la aprobación en el Senado del 155. «La declaración no queda circunscrita en el territorio de Cataluña sino que proyecta el resultado en todo el territorio nacional», ha remachado.

Importancia de la internacionalización

El fiscal también se ha cogido al hecho de que la internacionalización del proceso fue «clave». «A lo enfocados, en la hoja de ruta o en la agencia Jové aparecen documentos donde la internacionalización del conflicto se plasma como uno de los puntos claves para llegar a culminar el objetivo», ha manifestado.

En este sentido, también se ha referido al papel de 'lobby' exterior con la realización de conferencias internacionales previas al 1-O, las actividades organizadas por las delegaciones en el exterior o artículos publicados a medios internacionales.

Actos no violentos justifican la rebelión

El fiscal ha defendido que para que exista rebelión no todos los actos tienen que suponer violencia. Según Moreno, hay «actos ejecutivos del delito de rebelión» como el voto en el exterior o el pago hecho desde sucursales bancarias en Bruselas que también justifican esta actuación. «Se dice que son actos no violentos y es verdad pero no todos los actos de ejecución de la rebelión tienen que ser violentos», afirma.

Y también asegura que no se«criminaliza» el hecho de votar «ni aquí ni en el extranjero». Pero sí justifica que el hecho de que en las delegaciones en el extranjero «se recavara y custodiara el voto» eso supone usar locales para un acto «que ya era ilegal».

La Abogacía del Estado, «delitos cometidos en todo el territorio español»

La representa de la Abogacía del Estado, Lucía Pedreño, sostiene «la comisión efectiva de la conducta delictiva se produce en todo el territorio nacional», ya que la última finalidad «de los delitos era conseguir la declaración de independencia de una parte del territorio español». «Eso afecta en todo el país porque la soberanía del territorio se basa en la indisoluble unidad de la nación española», ha añadido. Así, ha defendido que «los delitos se tienen que entender que han sido cometidos en todo el territorio nacional».

La abogada del Estado ha negado que se haya «forzado» la causa para llevarla al Supremo, como han denunciado algunas defensas. «No se han buscado a propósito conexiones para llevar la causa a este tribunal», ha dicho. En este sentido, considera que existen hechos que han pasado fuera de Cataluña. «Que tengan más o menos relevancia, se tendrá que dilucidar al juicio, pero existen hechos suficientes para justificar la competencia de este tribunal». Pedreño cree que las mismas defensas «no «pueden negar» que ha habido «un elemento internacional».

Pedreño ha reprochado a algunas defensas que hayan denunciado «vulneración de derechos fundamentales», ya que considera «no es admisible» en la vista de previo pronunciamiento que se ha celebrado este martes en el Supremo. «Tiene otro momento procesal, el de los escritos de defensa,» ha aseverado.

Vox lamenta que se ponga en cuestión «la unidad del poder judicial»

Por su parte, el abogado de la acusación popular, que ejerce Vox, Pedro Fernández, ha defendido que la competencia del juicio se mantenga en el Tribunal Supremo. Para Fernández, se justifica que el juicio se mantenga en el Supremo por la «trascendencia para el conjunto de la sociedad» que suponen «la defensa de la Constitución y la unidad territorial». También ha citado el Convenio Europeo para los Derechos Humanos contempla la excepción que, cuando tiene la causa un alto tribunal de un estado, que se puede evitar una doble instancia sin que suponga vulnerar derechos humanos.

Una vez acabada la vista, en una atención a los medios de comunicación, el también abogado de Vox Javier Ortega ha denunciado que se haya querido «poner en cuestión la unidad del poder judicial», porque el TSJC «también forma parte del poder judicial». Además, Ortega ha añadido que no permitirán que «se haga una causa política de lo que es una causa penal de unos hechos tan graves como un golpe de estado».