SCC denuncia Puigdemont, Junqueras y 12 exconsellers en el Tribunal de Cuentas por el 1-O

Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado un escrito en el Tribunal de Cuentas donde denuncian al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los 12 consellers de su gobierno por la organización del referéndum del 1-O. Los señalan como responsables de un gasto de casi dos millones de euros (que según la entidad podrían llegar a ser 80 millones si se les atribuye también el gasto del despliegue policial para frenar el referéndum) en una estrategia calcada en la que las dos entidades siguieron para conseguir la condena al expresidente Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau a pagar casi 5 millones de euros.

En su escrito, las dos entidades unionistas piden que se abran diligencias preparatorias del proceso para que los denunciados devuelvan el dinero que supuestamente costó la organización del 1-O.

La denuncia va contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.

Según la denuncia, el Gobierno destinó «un importe no inferior a 1.971.601,20 euros» a «financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal» y «ocasionaron un perjuicio directo en los fondos públicos estatales no inferior a 87.103.355,05 euros».

La denuncia recuerda la prohibición del Tribunal Constitucional y asegura que el ejecutivo de Puigdemont «se burló todos los controles que había «establecido» el gobierno español.

Aunque el ministro Montoro negó que hubiera dinero púbico para el referéndum, lo justifica en base a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la instrucción del juicio del 1-O en el Supremo.

Según Sociedad Civil Catalana parte de este gasto es fruto del pago de la logística del referéndum y la creación de páginas web y aplicaciones. La propia denuncia admite que «no consta, por ahora, la cantidad de los fondos públicos destinados a esta actividad», pero «es evidente que todas estas acciones no pudieron ser gratuitas».

En segundo lugar, tal como hizo la Fiscalía, valora el uso de los locales dónde se hicieron las votaciones en 900.000 euros. Se suma la campaña institucional del referéndum adjudicada a Havas Media Grupo por 127.810,57 euros, y los contratos de la campaña de registro de residentes en el exterior –que atribuye al 1-O- por un total de 269.196,04 euros.

Además, incluye en estos supuestos gastos para el 1-O campañas institucionales del Gobierno como la ‘Civisme’ que se activó a finales de agosto del 2017 y contabiliza las facturas de la CCMA por importes de 93.179,56 euros y 184.624,85 euros.

También los gastos del suministro de papeletas, censo electorales y citaciones a los miembros de las mesas electorales. Es decir, un contrato con Unipost por 979.661,96 euros que según la entidad «dividieron para ocultar». Se suman 28.431,20 euros de cartelería para el referéndum y supuestos gastos de la acción exterior de las delegaciones.

Por último, una campaña institucional del Diplocat, la firma de un contrato de 60.000 euros con un lobby norteamericano y los gastos de desplazamiento y alojamiento de los observadores internacionales por 177.304 euros.

Les atribuye el coste de la 'Operación Copérnico’

La denuncia pide que se les atribuya también el coste del despliegue policial del ejecutivo español para frenar el referéndum: la Operación Copérnico. En total, según las cuentas que hace, costó 87.103.355 euros, que incluyen el coste del alquiler de los ferrys donde se alojaron.

Por este motivo, Sociedad Civil Catalana denuncia que el gobierno de Puigdemont generó pérdidas en el erario público por una cantidad «no inferior a 1.971.601 euros» y pide en el Tribunal de Cuentas que reclame a la Generalitat copia de todos los expedientes administrativos, certificados por partidas de los gastos de cada departamento.

También que reclame a Hacienda toda la documentación que recogió en sus requerimientos de información enviados en el Gobierno, y en el Ministerio del Interior que certifique el gasto de la 'Operación Copérnico’.