Junqueras y Romeva dicen que son «pacifistas» y que «votar no es delito» en sus escritos de defensa en el TS

La defensa del exvicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y del exconseller de Exteriors, Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, pide en los escritos de defensa ante el Tribunal Supremo la absolución de los dos políticos encarcelados. Además, pide que el juicio se haga en el Supremo, pero en Barcelona, y que sean excarcelados para proteger su derecho de defensa. El principal argumento de defiende es que promover una votación no puede ser nunca un delito y que la trayectoria de los dos avala su pacifismo y apuesta por las vías absolutamente democráticas.

Según el escrito del abogado Andreu Van den Eynde, de 115 páginas, avanzado por TV3 y al que la ACN ha tenido acceso a un resumen, la defensa no ve la violencia armada de una acusación por rebelión, lo que implica las penas de prisión más altas. Dice que es una invención de la fiscalía, que ve en el derecho a decidir una agresión. Y recuerda que Junqueras y Romeva, «antes que independentistas, son demócratas y pacifistas».

Así, el escrito defiende la trayectoria de Junqueras, «vinculada al europeísmo y la defensa de los valores republicanos. Es conocido por sus artículos sobre la tradición cristiana y sus valores, incluida la persecución de sus objetivos por medios pacíficos. A menudo, en los medios de comunicación y como definición de su posicionamiento ideológico, se ha hecho referencia al 'junquerisme' como la definición de un proyecto político pacífico e integrador».

De Romeva, recuerda su carrera de impulso a la cultura de la paz y su militancia proyectas de no-violencia. «Ha dedicado toda su vida a la cultura de paz y es un militante de la no-violencia que aprendió de los movimientos de objeción en el servicio militar obligatorio. Investigador sobre paz y desarme en el Centre Unesco de Catalunya, fue coordinador de campañas de desarme y prevención de conflictos de Intermón-Oxfam. Durante años estuvo trabajando en campos de refugiados de la guerra de los Balcanes y el 1995-1996 fue Jefe de Oficina de la Unesco en Sarajevo».

La acusación de sedición es rebatida asegurando que lo que pasó el 20-S y el 1-O fue el ejercicio de derechos fundamentales, como el de manifestación. «Las conductas atribuidas se insertan claramente en el ejercicio de derechos fundamentales básicos que, más allá de generar (en la peor de las hipótesis) dificultades en el desarrollo de actuaciones de la autoridad toleradas por cualquier concepción democrática de estos derechos, no estuvieron nunca orientadas a impedir el ejercicio de funciones públicas o de la autoridad».

Con respecto al delito de malversación, la defensa también lo rechaza. No puede haber -dicen- si no hay una pérdida de la confianza ciudadana en la administración del dinero público. Y en este caso era el mandato ciudadano el que -según dicen- pedía hacer el referéndum y, por lo tanto, destinar una inversión. «Tampoco constituyen los hechos acto de malversación al no existir ningún acto cometido por autoridad para sufragar de forma ilícita gastos contrarios al deber de fidelidad a la custodia de fondo públicos».

Persecución judicial de una ideología

Según su relato, fue el gobierno de Rajoy el que creó una estrategia de persecución judicial y política de una ideología legal y legítima, el independentismo, cuando su base social había crecido y era una opción de cambio real. «Esta causa es un ejemplo de instrumentalización del proceso penal para la persecución de un movimiento que, pacíficamente, anhela un objetivo político legítimo en democracia».

Aun así, aseguran que no abandonaron nunca la idea del diálogo con el gobierno español. Y sólo reconocen haber actuado unilateralmente una vez: cuando decidieron convocar e impulsar el referéndum planteado por Puigdemont. Aseguran que están convencidos de su legitimidad y que no era ningún delito. Un referéndum que a sus ojos ha servido al estado español para inventarse un relato judicial artificial que arranca el 20-S y que dicen que está lleno de irregularidades.

Así, aseguran que la querella contra el exmagistrado Santi Vidal en enero del 2017 por revelación de secretos rozaba «el esperpento» y originó «la verdadera instrucción de la causa» del Supremo, «teñida de ilicitud desde el inicio, tramitada con un frontal menosprecio de los derechos fundamentales de los investigados, sometida a un desproporcionado secreto de sumario, relegando el traslado de cualquier imputación y su misma concreción, para dar lugar a una auténtica causa general contra el independentismo catalán impregnada de la filosofía sobre la que descansa el derecho penal del enemigo».

Aquella instrucción del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, dicen, tenía como única finalidad «monitorizar un determinado espacio político y sus representantes para obtener fuentes de prueba ilícitas». Además, recuerda que el impulso de la causa vino en parte de la extrema derecha. «Los movimientos políticos que tanto preocupan en la Europa democrática moderna son los que siguen definiendo el ámbito de actuación de los tribunales», concluye, añadiendo que se trata de una investigación «irregular» y «instrumentalizada» para «criminalizar» a los independentistas.

De entrada, con una acusación de violencia que no comparten y que atribuyen a la exageración de una secretaria judicial, que dicen, sin nombrar, que tiene una ideología determinada.

«Por razones que se desconocen pero que podrían estar vinculadas con la adscripción ideológica de la letrada de la administración judicial, esta decidió espontáneamente explicar los hechos en una versión sesgada que sirvió de perfecta excusa para la construcción de un relato apocalíptico de los hechos ocurridos que finalmente resultó muy útil a las tesis de acusación y crucial para el encarcelamiento de dos hombres buenos, los señores Jordi Sànchez y Jordi Cuixart», así como para «criminalizar la protesta cívica ciudadana y la estigmatización de todo el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que habían sido diligentes».

Sobre el referéndum, el escrito dice que «votar no puede ser nunca delito y no lo es según el Código Penal español», y sigue: «No hay ninguna justificación para impedir a una población la comprobación del grado de apoyo ciudadano a una declaración política trascendental». Pero asegura que la validez jurídica estaba por debajo de su validez política: «Su importancia y validez política no podía depender de la validez jurídica que se le pudiera otorgar por los órganos del Estado español».

También acusan al Constitucional por la sentencia del Estatuto, que hizo crecer el sentimiento independentista pero también los ciudadanos que defienden el derecho a decidir, sean independentistas o no, un 80% de la población, según sus cálculos. En este punto, cita las elecciones catalanas del 2012, con ERC, CiU, ICV y el PSC apostando por una consulta pactada con el Estado. El escrito recuerda que el TC estaba formado parcialmente por personas muy próximas al PP, y el proceso judicial contra el 9-N del 2014 hizo que la vía judicial apartara la negociación política, según ellos.

Igualmente critican el TC por haber censurado, en los últimos años, las resoluciones políticas que se han aprobado en el Parlament de Catalunya a favor de la soberanía. «Durante la legislatura se produjo una situación inaudita como es la criminalización del debate ya que el TC prohibía en el Parlament, bajo amenaza de cometer delito, debatir en el pleno y tramitar propuestas que tuvieran como tema el ejercicio del derecho a la autodeterminación, afectando así diferentes iniciativas políticas, pasando de su tradicional papel de 'legislador negativo' o instancia de control a un verdadero censor», dice el escrito.

Violencia policial

Sobre la actuación policial el día 1 de octubre del 2017, creen que la Policía Nacional y la Guardia Civil «actuaron con finalidades diferentes a las de dar efectividad a la orden judicial, centrándose en generar imágenes de violencia inusitadas que pudieran (seguramente a su entender) atemorizar a los votantes e impedir su participación en este referéndum o bien escarmentarlos por haberlo hecho».

«Cualquier responsable político o policial sabía perfectamente que no existía ninguna fórmula para impedir la votación», asegura, tanto por su apoyo popular como por el hecho de que se consiguiera establecer el llamado 'censo universal' que permitía a los ciudadanos votar donde quisieran.

Diálogo y pacto

Los intentos de diálogo aseguran que continuaron hasta la declaración de independencia. Pero con la misma respuesta negativa, incluso a una mediación internacional, como se instó el 10 de octubre. «Esta negociación no es una quimera», dice y pone los ejemplos del Quebec, Escocia o Nueva Caledonia. Igualmente, recuerdan que de 1905 hasta ahora ha habido 106 referéndums de independencia, 54 de los cuales desde 1991. «De estos, la mitad se han celebrado con el consentimiento del estado matriz».

El escrito recuerda que ERC se ha presentado desde hace décadas con el objetivo de independizar Cataluña en el marco de la Unión Europea, y que fue la fuerza más votada en Cataluña a las elecciones en el Parlamento Europeo del 2014. Así, dice que «el independentismo catalán nunca supuso un problema político hasta que contó con un apoyo ciudadano suficientemente amplio para convertirse en una opción política de cambio real», y entonces fue cuando se habría creado «la estrategia de persecución judicial y política de una ideología legal y legítima».

En cambio, Junqueras y Romeva lamentan que fueron, según ellos, víctimas de una causa general en que se han visto recortados gravemente sus derechos fundamentales: por la prisión preventiva, por como se presentaron a las elecciones del 21-D o, más tarde, por la suspensión como diputados.

El escrito hace varias peticiones al Supremo de cara al juicio. La más destacada es que se deje en libertad a Junqueras y Romeva porque así dicen que no se seguirá vulnerando su derecho a la defensa, y que el juicio se haga en el Supremo, pero que se traslade a Barcelona.