Vila defiende al Supremo que nunca dio apoyo a la unilateralidad
También niega que el 1-O se pagara con dinero público
Santi Vila asegura delante de Llarena que ni él ni ningún miembro del Gobierno se gastó «ni un solo euro» en el 1-O
El exconseller Santi Vila –acusado de desobediencia y malversación- defiende ante el Supremo que nunca dio apoyo en la vía unilateral, que se movió siempre guiado por el «diálogo y el consenso» y que el 1-O no se pagó con dinero público. Son las principales líneas del escrito de defensa –redactado por los letrados Pau Molins y Juan Segarra-, que piden que Vila sea absuelto.
También remarcan que dimitió «irremediablemente» antes de la declaración de independencia y que siempre creyó que la salida al conflicto entre el gobierno español y el catalán pasaría por una «solución política dialogada». Para incidir que no cometió malversación, pide el testigo|testimonio de la interventora de la Generalitat y de la directora de Contratación, entre otros.
Vila es, junto con Meritxell Borràs y Carles Mundó, el único exconsejero que será juzgado al Tribunal Supremo y que se encuentra en libertad provisional. De hecho, sólo pasó una noche en la prisión mientras hacía efectiva la fianza de 50.000 euros. La fiscalía solicita para él 7 años de prisión, 16 de inhabilitación y multa de 30.000 euros.
En el escrito, los letrados destacan que Vila dimitió «irrevocablemente» antes de la declaración de independencia en el Parlamento el 27 de octubre. Además, dice que mientras fue consejero|conseller (septiembre 2015-octubre 2017) no fue diputado y no tuvo «ninguna actividad parlamentaria» y se mantuvo «ajeno» en la tramitación de resoluciones que se incluyen a los escritos de acusación, como son las leyes del referéndum y de transitoriedad.
Diálogo y consenso, nunca vía unilateral
Además, asegura que su posicionamiento político siempre estuvo guiado por «acciones políticas de consenso, contrarias a estrategias unilaterales y basado en el diálogo». También considera que la creencia de Vila era que toda la acción del Gobierno estaba orientada a dar cumplimiento al compromiso adquirido y respuesta «al sentimiento ciudadano». En este sentido, dice que siempre creyó que el conflicto entre Estado y Generalitat acabaría con una «solución política dialogada».
Niega la malversación
Además, defiende que se acató el orden del TC y que a partir del 6 de septiembre de 2017 no se destinó ninguna contratación pública que supusiera destinar dinero público a la organización del referéndum y que así se mantuvo hasta la aplicación del 155. Añade que, como conseller de Empresa y Empleo, dio «órdenes expresas» a sus trabajadores de no autorizar ninguna contratación, gasto o pago público relacionado con la organización y/o celebración del referéndum.
En el escrito, arrecia|afianza que el referéndum no se pagó con dinero público. Además, añade que desde el verano de 2017 la Generalitat remitía informes semanales sobre pagos y que, por lo tanto, el Estado conocía las cuentas catalanas.
Para acreditar que no existió malversación, pide que testifique la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, el secretario general de su departamento, Pau Villòria Sistach, el director de servicios del departamento, Josep Solà, y la directora de Contratación de la Generalitat, Mercè Corretja.