El Govern presentará una denuncia contra las detenciones sin autorización judicial de este miércoles
Artadi pedirá explicaciones al gobierno español en la reunión de hoy
El Govern presentará una denuncia contra la actuación de la policía española sin autorización judicial de este miércoles que acabó con 16 detenidos. Según han explicado fuentes del ejecutivo catalán, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de detención ilegal. Asimismo, estas mismas fuentes han explicado que la consellera de la Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, pedirá explicaciones hoy al gobierno español en la reunión que tendrá en Madrid junto con el vicepresidente, Pere Aragonès. La actuación policial «inaceptable» será el primer punto del orden del día, según el Govern.
Los detenidos de este miércoles, entre ellos los alcaldes de la CUP de Verges y Celrà, así como varios activistas se hicieron en el marco de una operación policial por el corte del AVE en el primer aniversario del 1-O.
El Govern recuerda que el artículo 167 del Código Penal castiga tanto al particular como al policía que haga una detención fuera de los casos que autoriza la ley. También señala que el derecho a la libertad es uno de los fundamentales del ordenamiento jurídico, no sólo recogido en el artículo 17 de la Constitución, sino porque el derecho a la libertad está expresamente recogido en los textos de derechos humanos internacionales, suscritos por España y que también son de aplicación en este país, de acuerdo con el artículo 10 de la Carta Magna.
En este contexto, el ejecutivo catalán defiende que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 prohíbe la detención arbitraria (artículo 9); también cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966, que establece además que la detención sólo podrá acordarse por las causas legalmente previstas; y la Convención para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las libertades Fundamentales, hecha en Roma el 4 de noviembre de 1950, que establece los supuestos en que una detención es legítima.