Bassa dice que asumió la gestión directa de los centros cívicos para evitar «problemas» a los directores

La exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolores Bassa ha explicado este miércoles por la tarde ante el Tribunal Supremo que el fin de semana del 1 de octubre el departamento asumió la gestión directa de los centros cívicos de la Generalitat con el fin de evitar «problemas» a los directores. Para aquel fin de semana muchas entidades presentaron solicitudes de actividades como «bailes para personas mayores o cursos de ajedrez», y eso generaba «inquietud y malestar» en los directores por si podía ir contra la prohibición del referéndum, o incluso generaba «problemas de responsabilidad civil» si algún usuario se hacía daño o algún material se estropeaba. «No hubo ningún incidente», ha añadido.

En respuesta al fiscal, Bassa ha explicado que no destituyó a ningún director ni hizo ningún decreto. Simplemente, ha explicado, envió un correo electrónico a los directores diciéndolos que podían «abocar» sus competencias al departamento hasta el siguiente lunes, día 2, a las 7 de la mañana. «Se hizo para su tranquilidad», ha remachado. No podían decir que no a las entidades, porque «un centro cívico sirve para la participación, porque es la máxima expresión de ciudadanía y participación».De hecho, ha admitido que como consejera nunca había vivido un número tanto alto de solicitudes de actividades, «fue un fenómeno atípico».

En respuesta a la abogada del Estado, la exconsellera ha explicado que en la orden dada a los directores, que no se aprobó en el Consejo Ejecutivo ni se publicó, se decía que tenían que dejar libres los centros cívicos el domingo día 1 a las 6 de la mañana, como indicaba la orden judicial del TSJC. De hecho, en el correo se recordaba la orden judicial a los directores. Sin embargo, ha dicho que no hizo nada para dirigir los centros ni para asegurar el cierre de los centros el domingo, puesto que el departamento no tiene vigilantes para hacer esto y no podía enviar funcionarios a comprobarlo. «Solo era para tranquilizar los directores», sobre todo por la posible responsabilidad civil.

Paro país

Sobre el paro de país del 3 de octubre, Bassa ha especificado que fue una «protesta» organizada por la Taula per la Democràcia, de la cual formaban parte unas 40 entidades, y a la cual se adhirieron algunas patronales, los sindicatos principales, ayuntamientos y la Generalitat, ante la actuación policial de dos días antes. Este 'paro de país' ha explicado que no tenía «nada que ver» con la huelga general convocada días antes por cuatro sindicatos minoritarios, CGT, IAC, COS e Intersindical-CSC, del 2 al 13 de octubre. Por eso, el 29 de septiembre emitió una orden de garantía de servicios esenciales, como en cualquier huelga, ha explicado, sin que la orden fuera para «dar publicidad», ha dicho.

En respuesta a su abogado, la exconsellera ha explicado que la huelga del 3 de octubre era de cariz laboral y no fue impugnada ni estaba dirigida a «subvertir la orden constitucional». De hecho, ha dicho que la huelga general del 8 de noviembre sí que fue impugnada por la patronal, pero el TSJC la consideró legal. Además, ha recordado que los servicios mínimos dictados por esta segunda huelga los hizo el entonces ministra de Trabajo, FátimaBáñez, en aplicación del artículo 155 y cuando Bassa estaba encarcelada, y se asemejaban mucho a los dictados por el 3 de octubre, puesto que se basaban en un acuerdo del 2006.

También ha explicado que la decisión de no descontar sueldo a los funcionarios el 3 de octubre, sino obligarlos a recuperar las horas en los siguientes cuatro meses, se comunicó la tarde de aquel martes y por tanto «no influyó» en la decisión de los trabajadores públicos que secundaron la parada de país. La decisión se aprobó oficialmente la semana siguiente.

Registro de voluntarios

Sobre el registro de voluntarios, que las acusaciones concluyen que servía para buscar voluntarios para el referéndum, Bassa ha dicho que era un registro de entidades sin afán de lucro que buscaban voluntarios, pero no un registro de personas. Las entidades y la Generalitat querían adecuar mejor el perfil de voluntarios de cada entidad y por eso el Gobierno encargó al CTTI una plataforma tecnológica de 'matching' que hiciera más automático el procedimiento de los renombres 'llamamientos', cuando las entidades necesitan voluntarios para determinadas campañas.