Borràs sostiene que la declaración de independencia es una «expresión política sin consecuencias jurídicas»
La exconsejera|exconsellera dice que se recogía sólo al preámbulo y que eso «no obliga en nada ni establece nada»
La exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs ha quitado valor a la declaración de independencia aprobada el 27 de octubre del 2017 en el Parlament de Catalunya y ha dicho que era sólo una expresión política sin consecuencias jurídicas. Según ha explicado –y a preguntas del fiscal- ha dicho que el que hacía referencia a declarar la independencia estaba situado sólo en la parte dispositiva, firmada por los diputados. «Lo que se leyó es como el preámbulo de una ley, no obliga en nada y no establece nada», ha manifestado durante el interrogatorio. Además, ha insistido en que todos los pasos del Gobierno eran con voluntad de llegar a un «pacto» con el Estado.
Sin embargo, en respuesta a la abogada del Estado, Borràs ha dicho que no había «ninguna expectativa ni pacto» con el gobierno español, pero sí la «voluntad» del Gobierno que el «pacto pudiera existir». «Creo en la necesidad de pactar, de llegar a acuerdos, sobre todo cuando se parte de ideas diferentes, y más si hay un mandato insistente de una mayoría parlamentaria, que expresa la realidad existente».
En respuesta a su abogada, Borràs ha dicho que en julio de 2017 las competencias en procesos electorales pasaron de Gobernación a Vicepresidencia, y desde entonces no tuvo ninguna intervención en el censo electoral, el CTTI, la compra de papeletas, carteles, urnas o voto electrónico, y tampoco tenía competencias ni información sobre locales electorales, relaciones exteriores, campañas publicitarias o Mossos. Por último, ha recordado que el Tribunal de Cuentas, en su apertura del caso por supuestas gastos indebidos por el 1-O, no ha hecho ningún requerimiento en su departamento. En conclusión, ha finalizado su intervención reafirmando que no tuvo ninguna implicación en el referéndum aparte de firmar el decreto de convocatoria del 6 de septiembre e ir a votar el 1 de octubre.
Borràs es la primera acusada en libertad provisional que declara. La fiscalía solicita para ella 7 años de prisión.