Rull denuncia un «uso sistemático» del TC para «minimizar la autonomía de Cataluña»

El exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull ha denunciado que el gobierno español hizo «uso sistemático» del Tribunal Constitucional para «minimizar la autonomía de Cataluña». Además, ha dicho que los magistrados se dejaron «instrumentalizar» por el gobierno español y que la Generalitat se tenía que mover para buscar el equilibrio entre «el imperio de la ley y el principio democrático». A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, también ha defendido que siempre pensó que un referéndum pactado con el Estado era «posible» y que «agotaron todos los instrumentos internos con el Estado» para conseguirlo. Además ha valorado que se sintió «honrado» haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum porque la ley era «perfectamente legal y emanada de un Parlament legítimo», aunque al día siguiente el TC la suspendió.

El exconseller ha reconocido que fue advertido hasta seis veces por el TC y ha aprovechado para cargar contra este alto tribunal. Ha afirmado que el gobierno español hizo un «uso constante y sistemático» para presentar recursos y, automáticamente, conseguir suspender leyes y resoluciones sólo con una admisión a trámite y sin entrar en el fondo (en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, que sólo se le otorga al gobierno español).

Ante estas advertencias, ha dicho que su «dilema» era hacer un «equilibrio» entre «el imperio de la ley y el principio democrático» y, usando un término también usado por Jordi Turull, ha dicho que el Govern tenía que ponderar los elementos.

Confianza en un referéndum pactado

El exconseller ha reconocido que firmó la hoja de ruta en el 2015 pero lo ha calificado de «declaración de intenciones» pero que no era un «documento estratégico». «Al margen de la hoja de ruta, el mandato democrático es el programa electoral que recuerdo que no se impugnó nunca», ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que cuando añadieron una partida a los presupuestos para convocar el referéndum no pensaba que «hiciera ningún tipo de desobediencia» porque tenía el convencimiento que se podía conseguir un referéndum pactado. Y ha enumerado los diferentes «intentos» que hizo la Generalitat para conseguir un referéndum pactado.

Defiende las leyes de desconexión

Sobre las leyes de desconexión aprobadas, ha defendido que se aprobaron «respetando la pluralidad» del Parlament y las ha defendido. «No existen las leyes unilaterales en términos de derecho parlamentario ni en Cataluña ni en España cuando hay un reglamento en el Parlamento absolutamente garantista», ha replicado Rull a la fiscal. Sin embargo, el TC las suspendió entonces y, posteriormente, resolvió en sentencia para anularlas.

En este sentido, defiende que se sintió «honrado» al firmar el decreto del referéndum y ha defendido que se hizo «legalmente». «Cuando lo firmo pienso que lo hago en base a una ley publicada en el DOGC, plenamente vigente y emanada de un parlamento democrático y legítimo», ha justificado. Además, ha añadido que el referéndum expresaba «la voluntad canalizada en las elecciones» del 27 de septiembre de 2015.

«Imposible desviar ni un solo euro»

Ante la acusación de malversación de fondos públicos, Rull ha sido tajante al afirmar que ni desde su departamento ni desde ningún otro «se gastó ni un solo euro público para organizar el referéndum». «Era imposible desviar ni un solo euro», ha garantizado el exconseller, que defendido «a ultranza» la «profesionalidad» de los trabajadores de su departamento. Rull ha añadido que «si por casualidad encontraran algún gasto, los consellers asumimos la última firma».

Rull ha recordado que las finanzas de la Generalitat estaban «controladas» por el Estado, criticando que se hiciera por decreto y no por la vía legislativa. «Se utilizó toda la legislación vinculada al déficit de manera abusiva», ha dicho, «se desactivaba la autonomía operativa de la Generalitat», que dejaban como «mera gestoría».

Rull ha respondido a Madrigal «no encontrará ninguna factura» con el pago de algún tipo de gasto vinculado a Unipost, dejando al margen la factura «pro forma». El conseller ha destacado el «nivel de control y de garantías extraordinarias» que hay dentro de la Generalitat con respecto a gasto y ha puesto en valor «la autoridad moral» de los funcionarios de la Generalitat. «Quiero defender a ultranza el nivel de profesionalidad de los funcionarios de la Generalitat», ha remachado.

Defensa del derecho a declarar en catalán

Rull ha optado por declarar en castellano, como han hecho sus predecesores, pero también se ha quejado por no haber tenido opción de traducción simultánea. «No es una cosa menor, se vulnera mi derecho a expresarme en plenitud en mi lengua materna», ha manifestado.

Y también ha lamentado que el catalán se vea por algunos sectores como una «amenaza». «Ojalá se vea por determinados entornos como una riqueza con voluntad de ser compartida», ha dicho. El presidente del tribunal, le ha dicho que los magistrados no lo ven de esta manera y ha recordado que se había ofrecido traducción consecutiva.