Forcadell, primera acusada en llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La abogada internacional reconoce que es un caso «excepcional» y espera que se resuelva en un año, a pesar de no haber agotado la vía judicial española
Los abogados de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell han llevado su prisión preventiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al considerarla «absolutamente injustificada». Forcadell está ingresada en un centro penitenciario desde el 23 de marzo y es la primera acusada por el 1-O, que se está juzgando en el Tribunal Supremo, que abre la vía de Estrasburgo. La abogada internacional encargada de esta demanda, Jessica Simor, reconoce que es un caso «excepcional» en toda Europa y espera que se resuelva en un año, aunque la ley establece que se tiene que agotar la vía judicial española antes de acudir a la justicia europea. En este sentido, el Tribunal Constitucional (TC) todavía no ha resuelto ninguno de los recursos presentados por los independentistas encausados, tampoco el recurso de Forcadell contra su ingreso en prisión preventiva.
Jessica Simor ha explicado que la demanda se ha presentado en Estrasburgo porque consideran que la prisión de Forcadell es «absolutamente injustificada» porque no había motivos para hacerlo ni riesgo de huida. Además, cree que este procedimiento vulnera los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a reunión.
Simor reconoce que en sus años de experiencia no ha trabajado nunca en ningún caso parecido a este. Es un caso «excepcional», por el hecho de juzgar y detener personas por delitos políticos de esta manera. Y particularmente, añade, a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament por, simplemente, hacer su trabajo, es decir, «permitir que el Parlament vote sobre los asuntos según la normativa del Parlament, que ella tenía que hacer efectiva».
Según su experiencia, Estrasburgo es un tribunal «muy lento» y ha explicado que han pedido que considere el caso como urgente. Si están de acuerdo, añade, la admisión a trámite podría ser en seis meses y, quizás la resolución definitiva en un año o un año y medio. «Pero el tribunal tiene que aceptar considerar el caso como urgente», ha insistido.