El Govern aprueba un decreto ley con medidas para incrementar el parque de viviendas sociales y moderar el precio de los alquileres

El Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley con varias medidas para crear un nuevo modelo de Vivienda de Protección Oficial que incluye, entre otros, medidas para incrementar el parque disponible, que las entidades sociales se puedan beneficiar de las expropiaciones de viviendas vacías y que todas las publicidades y contratos de pisos de alquileres incorporen el índice de referencia de precios de alquiler con el objetivo de alcanzar una «moderación» de precios en el mercado libre. Además, el texto también prevé que las localidades con fuerte demanda pongan en marcha promociones en el plazo de dos años sobre los suelos municipales y hacer frente a las situaciones de emergencia social, según ha explicado el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. Calvet ha señalado que «la vivienda es un derecho fundamental» y que cualquier «medida paliativa es urgente y prioritaria».

Calvet ha comentado que el Ejecutivo tenía la «necesidad» de aprobar un nuevo marco de la ley después de constatar que el anterior, la 18/2017, hacía falta «reforzar, redefinir y ampliar» porque «ya no nos servía lo suficientemente bien». El conseller ha comentado que esta ley no se pudo cumplir por los efectos de la crisis inmobiliaria y que no sólo no se había podido garantizar suficiente vivienda protegida sino que aumentó la demanda, sumado a un incremento de los desahucios.

Entre los objetivos del texto, hay incrementar el parque de alquiler, estimular la oferta -tanto en viviendas de protección oficial como los privados, para también colocarse en los estándares del resto de países europeos- y dotar a la Generalitat de «más y mejor» instrumentos para combatir las situaciones de emergencia.

En total, el decreto ley incluye una treintena de medidas, entre las cuales destacan que la calificación de las viviendas de protección oficial mantengan permanentemente esta calificación, tanto los que ya la tienen como los que están en trámite de tenerla y se encuentren en suelo público; que en los municipios con una «fuerte y acreditada» tengan que poner en marcha la construcción de viviendas sociales en suelos públicos y que todas las viviendas de protección social sean en régimen de alquiler.

«No podemos dejar pasar ninguna oportunidad para incrementar el parque público», ha afirmado el conseller Calvet, que también se ha referido al hecho de que las entidades sociales se pueden ver beneficiadas por las expropiaciones forzosas de viviendas vacías de grandes tenedores. Por otra parte, sobre el índice de referencia de precios el conseller ha explicado que los propietarios que alquilen por debajo de estos precios se podrán acoger a subvenciones –por ejemplo para la rehabilitación- o a bonificaciones fiscales.

Calvet ha insistido en la necesidad en incrementar el parque de alquiler actual porque es «deficitario», con un porcentaje inferior al 2% cuando el Plan territorial sectorial de la Vivienda prevé actuaciones para llegar al 5% en 15 años. Por eso, la Generalitat ha previsto nuevos derechos de adquisiciones preferentes en caso de transmisiones de suelos privados donde haya previstas reservas para viviendas de protección oficial o el derecho de tanteo y retracto sobre inmuebles con pisos arrendados que se vendan enteros.

En otra línea de actuación, el Govern quiere incrementar el parque permitiendo que los municipios puedan decidir que un determinado suelo destinado a la construcción de viviendas estos sean de alquiler, ya sea de protección oficial o bien al mercado libre.

Con el decreto ley, que Calvet espera que se pueda convalidar en el Parlament como máximo de aquí un mes, el Govern quiere dar aplicación a la Ley 24/2015, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y que fue recurrida por el gobierno del PP al Tribunal Constitucional, y a la 4/2016, surgida como respuesta del recurso. Según el conseller, el decreto ley le «mujer una vuelta más» y ha argumentado que, por ejemplo, la Generalitat ya no pondrá sanciones a los tenedores de viviendas vacías sino «multas coercitivas» o activará las expropiaciones forzosas.

La aprobación del decreto ley llega al día siguiente que la consellera de Justicia, Ester Capella, anunciara que el Govern llevaría al Parlament para modificar el libro el Libro Sexto del Código Civil catalán que permitirá alcanzar a un mínimo de seis años los alquileres de viviendas e incluso podría incluir la posibilidad que los ayuntamientos o el mismo Gobierno regule el precio de los contratos de alquiler. En este sentido, el conseller ha augurado que la tramitación será «larga» y ha garantizado que habrá diálogo con el sector y determinar cómo queda definida la modificación.