Trapote reconoce que no entraron a registrar a la CUP porque esperaban una orden judicial que se les «denegó»
El exjefe del CNP dice que «aseguraron» el edificio durante horas amparados por una instrucción de la fiscalía que les pedía decomisar material del 1-O
El exjefe del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, Sebastián Trapote, ha reconocido que no llegaron a entrar a registrar la sede del CUP el día 20 de septiembre del 2017 porque esperaban una orden judicial que se les «denegó». A preguntas del letrado Àlex Solà (del equipo de Cuixart), Trapote ha defendido que actuaban amparados por una instrucción de la fiscalía que les ordenaba decomisar material «de propaganda» del referéndum. Trapote dice estaban vigilando el edificio porque tenían «sospechas fundadas» que había «numeroso material» y que así lo comprobaron cuándo interceptaron una furgoneta con material procedente de la sede. Después, «aseguraron» el edificio durante horas y pidieron orden judicial para entrar. «Estuvimos horas esperando pero se nos deniega», ha reconocido ha defendido, sin embargo, que en todo momento hubo «libertad de movimientos» en la sede.
El exjefe de la policía española en Cataluña ha explicado que la operación a la CUP se inició cuando, a través de una brigada de vigilancia, vieron que sacaban material de la sede y lo cargaban en un vehículo. Una vez intervenido, comprueban que se trata de «publicidad y propaganda» del referéndum, aunque no ha sabido aclarar si era material del partido o institucional de la Generalitat.
Una vez decomisado el material, y teniendo «sospechas fundadas» que podría haber más material dentro de la sede del partido, pusieron el caso en conocimiento de la fiscalía y solicitaron una orden judicial para registrar el interior del edificio. Trapote ha explicado que actuaban amparados por la instrucción número 2 de la Fiscalía Superior de Cataluña que les pedía intervenir y decomisar material del 1-O.
Ha relatado que, mientras esperaban la orden judicial para entrar, optaron por «asegurar» el entorno del edificio para evitar que nadie pudiera sacar más material. «Pero quiero hacer constar que en todo momento hubo libertad de movimiento con gente que entraba y salía», ha destacado.
Como la orden no llegaba, decidieron marcharse horas más tarde. «La respuesta se prorroga durante varias horas y fue denegada la entrada y registro y en las siete o las ocho de la tarde se levanta el servicio», ha detallado.