Un comisario revela que los Mossos pidieron en dos ocasiones al Govern que desconvocara el 1-O

El exresponsable de la comisaría técnica de planificación y seguridad, el comisario Emili Quevedo, ha revelado que los Mossos pidieron en dos ocasiones al Govern que desconvocara el 1-O, preocupados por el clima «de tensión» y por la seguridad. La primera, fue en una reunión el 26 de septiembre entre el exjefe del cuerpo, el major Josep Lluís Trapero, los comisarios Ferran López y Joan Carles Molinero y el expresidente Carles Puigdemont y el exconseller de Interior Joaquim Forn. Como la reunión no había tenido «éxito», según ha dicho, Trapero pidió una nueva reunión al Govern con presencia de más mandos para «mostrar la unidad de acción» del cuerpo. Se produjo el 28 de septiembre. «Son reuniones sin precedentes», ha reconocido. Entonces, volvieron a advertir el Govern que era «incompatible» que los Mossos actuaran como policía judicial para evitar el referéndum y mantener la convocatoria del 1-O.

El exresponsable de la comisaría técnica de planificación y seguridad, el comisario Emili Quevedo, está investigado en un juzgado de Cornellà de Llobregat pero, sin embargo, ha accedido a responder las preguntas de todas las partes. En su condición de testigo investigado podría haberse negado. Actualmente, no está en activo ya se encuentra en segunda actividad. Durante el 1-O, fue el mando encargado de la planificación del dispositivo del referéndum.

El comisario Emili Quevedo ha explicado que el día 26 de septiembre se reunieron Trapero, López y Molinero con el expresidente Carles Puigdemont y el exconseller Forn. Según le trasladó Trapero, la reunión sirvió para constatar la preocupación del cuerpo por la «situación general de tensión en el país» y para decir que «indudablemente» los Mossos cumplirían con su «obligación» de actuar como policía judicial e impedir el 1-O. También sirvió para pedir al Govern que desconvocara. «El fin último era disuadir a los responsables del Govern de que el referéndum no se hiciera», ha explicado.

Como la reunión no tuvo «éxito», fue el exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien pidió otra reunión al Govern. Quevedo ha destacado el carácter «poco habitual» de estas reuniones, ya que los mandos hablan con el conseller pero no con el presidente ni el exvicepresidente. En esta nueva reunión, que se produjo el 28, el major quería más presencia de mandos para mostrar «la unidad de acción» del cuerpo en todo lo que hacía referencia al 1-O. Por eso, se añadieron también los comisarios Castellví y él mismo.

En esta nueva reunión –en la que también se añadió Oriol Junqueras- los Mossos insistieron en estos mensajes ya trasladados el día 26. Según ha explicado Quevedo, el comisario del área de información, Manuel Castellví, advirtió de la preocupación del cuerpo por el «clima de tensión y por la seguridad». También mostraron la «disconformidad» por expresiones públicas del exconseller Forn, que daba carácter de «jornada electoral normal» a una votación que había «prohibido». «No nos parecía que fuera de acuerdo con la realidad, no podíamos actuar como en cualquier jornada electoral normal en una actividad política que había estado prohibida», ha explicado.

Según ha relatado, en la reunión del 28 de septiembre el exconseller Forn no interviene. Sí que habla Junqueras, de que dijo que creía que no habría resistencia en los colegios cuando interviniera a la policía y que los dejaría, «pacíficamente» actuar. En cambio, fue Puigdemont quien hizo referencia al «mandato» de que tenía el Govern sacar adelante el referéndum «avalado por los resultados electorales». «Nos dijo que entendía nuestras razones pero que tenían un mandato y que llevarían adelante sus planes de carácter político», ha detallado.

Ante estas declaraciones, los Mossos dejaron constancia que era «incompatible» mantener el referéndum y que el cuerpo pudiera actuar como policía judicial en cumplimiento del auto del TSJC que les ordenaba actuar para detener el referéndum.

También ha relatado que advirtieron al Govern «de una alta movilización de personas» y que podría haber «problemas de seguridad». Un posible escenario también era que hubiera «choques» entre votantes y policías, pero no ha usado el término «violencia», como sí hizo el comisario responsable del área de Información, Manuel Castellví.

A preguntas del letrado de Forn, ha explicado que después de la reunión del 28 –a pesar del mensaje de Puigdemont- no introdujeron ningún cambio en el plan operativo. También ha reconocido que no comunicaron este «sentimiento de frustración y preocupación» que habían trasladado al Govern a ninguna instancia superior como el coordinación policial del operativo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, o a la fiscalía. «No lo hicimos porque nuestra posición no cambiaba a partir de la reunión, no había ninguna novedad», ha justificado.

«No se podía cumplir la orden del TSJC en su integridad»

A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, ha reconocido que «desafortunadamente» no pudieron llevar a cabo un «cumplimiento absoluto y completo» de la orden del TJSC. «No se pudo llevar a cabo en su integridad», ha remachado.

Ha defendido, sin embargo, que los Mossos actuaron para «intentar que no abrieran» colegios antes del 1-O pero que no se podía conseguir la «inactividad» de 2.300 centros de votación a toda Cataluña ni con la suma de los tres cuerpos.

De hecho, ha explicado que él mismo elaboró un informe técnico después de la instrucción número 6 de la fiscalía que ordenaba precintos de seguridad en los centro de votación. Entonces, preveían que para llevar a cabo esta orden (que después quedó superada por el auto del 27 de septiembre del TSJC) harían falta entre 30.000 y 40.000 agentes.

Forn «no «intervino» en la preparación del dispositivo

Quevedo ha explicado que su unidad estaba «muy centrada» en conseguir el «máximo número de efectivos» y el «máximo número de recursos materiales». El comisario ha dejado al margen Forn de la configuración del dispositivo porque no intervino, y ha explicado que Trapero tenía como preocupación «tener el mayor número de efectivos disponibles». «Recuerdo que fue el propio major quien forzó un incremento de efectivos y esta indicación provocó que se activaran efectivos de unidades no habituales», ha añadido.

De hecho, ha explicado que «por primera vez» en toda su etapa profesional «se activaron efectivos de unidades que no actúan nunca» en este tipo de dispositivos: asuntos internos, evaluación de servicios, personal de oficinas de apoyo o de gabinetes. Son agentes, ha explicado que, «llevaban mucho tiempo sin hacer a un servicio policial en la calle o hacía mucho tiempo que no utilizaban uniformidad». Eso permitió aportar los 800 agentes extras en el dispositivo, un refuerzo que llegó después de que lo reclamara la fiscalía en una reunión.

Activan recursos «extraordinarios» para el 1-O

Además, para destacar la relevancia del dispositivo, ha revelado que se activaron otros «recursos extraordinarios» de los cuales» tampoco recuerda «ningún precedente», como «alquilar vehículos». Por el contrario, ha remarcado que «no era realista» plantearse el dispositivo activando el conjunto de 16.000 mossos para cumplir con el auto del TSJC. «No podíamos utilizar efectivos de tráfico, de salas de mando o de investigación criminal», ha dicho, y en respuestas a la acusación popular, ha señalado que no se podía entregar toda la plantilla en un dispositivo cuando el cuerpo «trabaja las 24 horas y tiene que prever que antes y después hay efectivos que tienen que trabajar».

Con respecto a la Brigada Móvil (Brimo), Quevedo ha explicado que en Barcelona había convocadas una manifestación de carácter anarquista, otra contraria al referéndum y una concentración de Falange. «Era una jornada donde era plausible que hubiera incidentes y había que reservar la fuerza», ha dicho, motivo por el cual «no se destinaron efectivos» de esta unidad de antidisturbios a los centros de votación.

El comisario ha relatado que se hizo una planificación para conseguir la «mayor eficacia» y que pasó por enviar «a 2 o 3 agentes uniformados» en los centros de votación, a pesar de ser conscientes que en algunos casos que «acabaron siendo muchos», «no serían capaces de llevar a cabo la misión». Quevedo, sin embargo, lo ha justificado porque de esta manera podrían dar una «información veraz y directa» de cuál era la situación en cada centro y analizar dónde enviar «otros tipos de efectivos para proceder a cumplir con el mandato judicial». A partir de aquí, según habían planificado, tomarían la decisión de activar recursos propios del Mossos y pedir apoyo a los cuerpos estatales. Quevedo ha asegurado que, en las reuniones previas, ni fiscalía ni Guardia Civil ni Policía Nacional cuestionaron los binomios.

A preguntas de la defensa de Forn, ha dicho que si hubieran «dejado la calle vacía» de agentes y hubieran aumentado al máximo el dispositivo podrían haber llegado a los 12.000 efectivos. Sin embargo, ha dicho que eso no habría impedido «en la mayoría de los casos» cerrar los colegios electorales. «Pasar a poner un efectivo más a cada centro ya habría supuesto 2.300 efectivos más y eso era absolutamente imposible en nuestro caso», ha dicho.

Entre 2.500 y 3.500 agentes en una «jornada electoral normal»

A preguntas del fiscal, Quevedo ha explicado que el 1-O trabajaban un total de 11.000 miembros del cuerpo pero que, específicamente para el dispositivo del 1-O, había 7.850. El fiscal Javier Zaragoza también le ha preguntado sobre cuántos agentes destinan específicamente en un dispositivo de jornada electoral y ha afirmado que entre 2.500 y 3.500.

Esta cifra es diferente de la que han aportado las acusaciones para señalar «inacción» en los Mossos el 1-O. Según la fiscalía, mientras que al 1-O se destinaron en torno a 7.800 efectivos, a las elecciones del 21 de diciembre (convocadas a través del 155) la cifra llegó a los 12.000. Según lo que declaró el exconseller de Interior Joaquim Forn, había más agentes pero hicieron menos horas ya que para ser unas «elecciones legales» tienen cuatro horas para ir a votar. Forn insistió en que el dispositivo para el referéndum había sido lo «más importante» en la historia del cuerpo.

Actuaciones previas al 1-O

A preguntas de la defensa de Forn, Xavier Melero, el comisario ha explicado que a partir del orden del 27 de septiembre del TSJC estaban «igualmente obligados» los Mossos y los cuerpos de policía española de actuar para evitar el referéndum. En cambio, ha dicho que la policía española no hicieron nada previamente al 1-O. «Que yo conozca no», ha remarcado.

Sobre la actuación de los Mossos, ha dicho que no se cerró ningún centro porque confirmaron que las actividades que se hacían no tenían relación directa con el referéndum. Y que así lo establecía el auto del TSJC. A preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, Quevedo ha explicado que en las reuniones de coordinación nadie planteó poner en marcha efectivos desde la noche anterior del 1-O.

«Confusión» por la salida de la secretaria

Sobre el 20 de septiembre del 2017, Quevedo ha explicado tuvieron «que improvisar» un centro de coordinación para gestionar lo que iba pasando aquel día, y que recibieron varios requerimientos de apoyo de la Guardia Civil por|para cacheos que se iban produciendo en varios puntos de Cataluña. Quevedo ha cuantificado, a preguntas la Abogacía del Estado, que en el «punto álgido» el número de agentes enviados a Economía llegaron en 300, y ha admitido que hacer un pasillo de seguridad o coordinar la seguridad son un tipo de actuaciones que tienen que ser responsabilidad de la policía. «No puede recaer en personas que no sean policías», ha dicho. Sin embargo, ha preguntas de la defensa de Jordi Cuixart, ha explicado que una de las funciones de la unidad de mediación es hablar con los convocantes de una concentración como esta.

Con respecto a la salida de la secretaria del juzgado 13, Montserrat del Toro, Quevedo ha explicado que había «confusión» porque no tenían claro qué quería la letrada, pero que finalmente Trapero ordenó a un inspector de los Mossos que estaba en la sede del Departamento de Economía que «hablara directamente» con la secretaria del juzgado 13 de Barcelona y le preguntara «qué quería hacer». «A partir de aquel momento se arbitró una salida por parte la parte superior del edificio», ha añadido. Durante su declaración la semana pasada, Del Toro explicó que ella misma llamó al juez instructor para pedir que la sacara de allí y que el magistrado dio «media hora» a Trapero.

Ya pasadas las dos de la madrugada de aquel día, el comisario ha relatado que hubo una intervención por parte de efectivos de orden público de los Mossos después de ver a través de las imágenes del helicóptero que unos individuos «estaban sacando objetos de los vehículos de la Guardia Civil». El helicóptero, de hecho, se activó en el momento que supieron que dentro de los coches de la Benemérita había armas.

Desde el centro de coordinación, Quevedo ha explicado que aquella hora ya se veía «a menos personas concentradas» con una «actitud bastante diferente» de los que estuvieron durante todo el día. «No es muy diferente de lo que pasa en muchas concentraciones cuando, a medida que pasan las horas, el personal que suele quedar al final normalmente es más conflictivo», ha dicho.