Trapero defiende que el dispositivo del 1-O era «conjunto» y que «no tenía otra finalidad» que cumplir la orden judicial
El exjefe de los Mossos reconoce que lss habría «encantado» tener más resultados pero hicieron lo que pudieron «entre todos»
El exjefe de los Mossos, el major Josep Lluís Trapero, ha defendido –a preguntas de la fiscalía- que el operativo diseñado por el cuerpo para el 1-O no tenía «otra finalidad» que cumplir las instrucciones de la fiscalía y del TSJC. Ahora bien, en todo momento ha remarcado que el orden se dirigía conjuntamente a Mossos, policía española y Guardia Civil. «Nos habría encantado más resultados, hicimos los que pudimos entre todos», ha dicho Trapero, para remarcar que entendía que la responsabilidad era compartida. Además, ha explicado que nos las reuniones de coordinación con el resto de cuerpos –a las que iba su segundo, el comisario Ferran López- «pactaron» que los días previos la actuación sería de Mossos y que el 1-O «el grosor del orden público» recaía en Guardia Civil y CNP, porque tenían 6.000 agentes venidos de todas partes y los Mossos sólo entre 800 y 1.000 (de orden público).
A preguntas de la fiscalía, Trapero ha remarcado que los tres cuerpos estaban ordenados por la magistrada Mercedes de Armas del día 27 de septiembre a actuar como policía judicial «de manera indistinta». De hecho, ha explicado que la magistrada les comunicó sólo de palabra que Pérez de los Cobos sería «el supervisor» y que Trapero le hizo ver que eso no estaba escrito al auto. «Fue al despacho y vino con un nuevo escrito, rompió el anterior y dijo que el vigente era este», ha relatado. Entonces, según Trapero, «quedaba claro» que los tres cuerpos actuaban como policía judicial y que podían hacer «cualquier función» que se les otorgara, bajo la «supervisión» del coronel Pérez de los Cobos. «Me dice que es un único dispositivo, no tres», ha puntualizado el mayor.
Trapero ha reconocido que su actuación con Pérez de los Cobos «no había sido acertada» y que había momentos de «tensión dialéctica» y que, por lo tanto, vio como una «liberación» que el comisario Ferran López le propusiera ir él a las reuniones de coordinación.
«Dispositivo conjunto» y reparto de tareas «pactado»
Según ha explicado, fue López quien le transmitía lo que se hablaba en esta reunión, donde iban diferentes mandos de los tres cuerpos policiales. En estas reuniones previas al 1-O, y según lo que le explicaba López, los tres cuerpos habían «pactado» un reparto de tareas: los Mossos se encargarían de los días previos al referéndum y el «grosor» del orden público recaería en la policía española y la Guardia Civil. «Haríamos una primera actuación con recursos propios de refuerzo de orden público y el grosor sería para los otros cuerpos que, a petición nuestra, nos darían apoyo», ha explicado. Según Trapero, la policía española no concretó si actuaría los días previos.
El fiscal ha preguntado por qué el orden público no tenía que recaer en los Mossos el día del referéndum. Y Trapero lo ha argumentado con cifras de efectivos. El mayor ha recordado que los dos cuerpos habían desplazado en los días previos hasta 6.000 agentes de todo el Estado que podían hacer tareas de orden público y, en cambio, ha dicho que los Mossos disponían sólo de entre 800 y 1.000 agentes (de orden público).
Defiende los binomios
También ha relatado que la decisión operativa de enviar un binomio de agentes a cada uno de los 2.300 centros de votación se expuso en estas reuniones, ante responsables también de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policial y bajo la supervisión de Pérez de los Cobos.
Ha defendido que el dispositivo no fue idea suya y que fue fruto de la «reflexión» de los mandos.
El fiscal, en este punto, le ha preguntado si sabía que el dispositivo «no era efectivo». «Era un dispositivo conjunto donde había una parte que pivotaba sobre Mossos y la otra sobre los otros cuerpos», ha manifestado. Además, ha dicho que cree que los mossos hicieron «bien su función» y que «obtuvieron resultados», cerrando 24 colegios aquella misma mañana. «A estos resultados hay que añadir» los de la otra parte, centrados en el orden público», ha añadido.
432 urnas y 90.000 papeletas confiscadas
En respuestas a Vox, Trapero ha dado los datos de colegios cerrados por los Mossos durante el 1-O, un total de 134 (aunque inicialmente habían enviado al TSJC un recuento provisional ligeramente superior que después se rebajó). De estos, 24 «no llegaron a abrir por la acción de la primera patrulla de los Mossos», mientras que en 104 intervinieron unidades de los ARRO. «En algunos casos convencieron a la gente y la sacaron, en otros poniéndose delante de la puerta y no permitiendo que nadie más pudiera votar», ha explicado Además, 250 más no llegaron a abrir, hecho que ha atribuido al «trabajo previo la cabeza de semana».
El major también ha dado datos de las confiscaciones que se hicieron: 432 urnas, 90.000 papeletas, 70.000 sobras, 4 ordenadores, 1 teléfono móvil y documentación que «explicaba cosas que como funcionaba el proceso». Trapero ha defendido que las «11.000 actas originales» que hicieron los mossos se depositaron en el TSJC.
El auto del TSJC, un «cambio de escenario»
Además, ha explicado que en una reunión previa del 21 de septiembre (cuándo mandaban las instrucciones de la fiscalía y no del TSJC), el único cuerpo que había aportado un dispositivo eran los Mossos. «Guardia civil sólo aporta un borrador donde decía qué equipos tenía en cada zona y CNP no presenta nada», ha apuntado.
Trapero ha remarcado que el escenario que planteó la fiscalía en las diversas instrucciones y el del auto del TSJC de 27 de septiembre «no tienen nada que ver». En este sentido, ha explicado que avisaron que, para cumplir con el perímetro de 100 metros en cada colegio que pedía la fiscalía desde el viernes antes al 1-O, hacían falta 40.000 agentes. Pero ha añadido que las órdenes del ministerio público decayeron con la instrucción de la magistrada, que ya no incluía ni el perímetro ni otras peticiones de la fiscalía, como la actuación en centros privados. «Evitar el 1-O es muchas cosas», ha asegurado en respuesta a Vox.
El major ha añadido que la magistrada dejó claro que, con su auto, «cesaban las órdenes que había emitido la fiscalía» y que a partir de aquel punto «estaba vigente su auto».