Algunas defensas piden al tribunal que no vete la exhibición de vídeos en el interrogatorio de testigos

Varias defensas de los líderes independentistas en prisión preventiva se han coordinado para presentar quejas formales este viernes ante el presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, para pedir que no vete la exhibición de vídeos durante el interrogatorio de los testigos. El tribunal acordó que no dejaría exhibir documentos audiovisuales durante esta fase y argumentó que los vídeos ya se podrán ver más adelante, durante la fase de la prueba documental del juicio. Los letrados han avisado en un comunicado que la semana que viene será «indispensable» proyectar material audiovisual durante la comparecencia de agentes de la Guardia Civil, para poder contrastar las imágenes con los hechos narrados por los testigos, y han denunciado que Marchena les está poniendo «palos en las ruedas».

Entre los letrados que se han quejado hay el equipo de defensa de Cuixart, el de Dolors Bassa y el de Raül Romeva y Oriol Junqueras, entre otros. También está preparando un escrito en estos términos el equipo de defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, encabezado por el letrado Jordi Pina.

Hasta ahora, han hecho públicos sus argumentos las defensas de Cuixart, Romeva y Junqueras, que han recordado que se amparan, en el derecho fundamental a la defensa reconocido en la Constitución y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y han apuntado que la exhibición de los vídeos ayuda a «descubrir la verdad». En este sentido, los abogados defensores han destacado que, aunque el juicio todavía se encuentre en fase testifical, «no se puede establecer a la avanzadilla ninguna norma para impedir exhibir material audiovisual en la sala del Supremo». Por eso, han invocado a la doctrina asentada por la segunda sala del Supremo en el 2007, en una sentencia firmada por el propio Marchena.

En concreto el documento señala que, cuando hay una contradicción evidente entre el relato de un testigo y una prueba documental, las partes «tienen derecho a intervenir activamente para intentar contrarrestar las contradicciones». Según el comunicado, eso será «indispensable» la semana que viene «cuando los hechos narrados por los testigos policiales se contradigan con las imágenes». En las sesiones previstas para la semana del 18 de marzo, están citados 24 agentes de la Guardia Civil y cinco mossos d'esquadra.

Así lo explica esta mañana el letrado Benet Salellas –del equipo de Cuixart- que cree que es una situación «anómala» no poder exhibir imágenes que están a la causa mientras se interroga un testigo. Según ha declarado en 'Catalunya Ràdio', estas imágenes son importantes porque pueden aclarar «posibles inexactitudes» del relato de los testigos. «Queremos tener reconocido el derecho a usar material gráfico que está en la causa», ha argumentado. También ha acusado a Marchena de «cambiar las normas sobre la marcha» para adaptar a cada momento el procedimiento «según le conviene».

Denuncian «irregularidades»

En el escrito presentado por la defensa de Junqueras y Romeva –encabezada por el letrado Andreu van den Eynde- también se quejan que el tribunal sólo deje constar en acta la «protesta» de los abogados por estas situaciones que creen que perjudican el derecho a defensa de sus clientes. Lamenta que no el presidente, Manuel Marchena, no deja «argumentar» el porqué de la protesta y que eso acaba conculcando derechos fundamentales. Apuntan, además, que esta situación «se arrastra desde la fase de instrucción».

También se quejan de que no hay «igualdad de trato» comparado con las acusaciones, a quién creen que el tribunal no impone las mismas «restricciones» en los interrogatorios. Por eso, piden que las preguntas de las defensas se acepten siempre si pueden influir en la sentencia del tribunal.

Hasta ahora, Marchena ha sido muy estricto y no ha dejado preguntar a aquellas partes que no habían pedido un testigo sobre aspectos que no hubieran planteado, por ejemplo, las partes que lo hubieran solicitado. Esta situación se vivió el jueves durante la declaración del mayor Josep Lluís Trapero, interrogado en primer término por Vox. Como el partido de ultraderecha no pidió sobre la reunión que mantuvo el 28 de septiembre con Puigdemont, Junqueras y Forn para mostrar la preocupación del cuerpo ante el referéndum, vetó la fiscalía para que pudiera preguntar sobre eso (ya que la fiscalía no había solicitado la declaración de Trapero). Finalmente, sin embargo, hizo uso de la prerrogativa que permite al tribunal preguntar aspectos que considera que ayudan a «depurar» los hechos y, al final de la sesión, fue el mismo Marchena quien planteó aspectos sobre la reunión que no habían preguntado las partes.

Van den Eynde recuerda que incluso la fiscalía formuló protesta por esta situación y observa que no permitir preguntar de todo «conculca el preeminente derecho a la prueba y a la defensa».

En el escrito presentado por Van den Eynde también hace notar que la causa se ha construido con testigos que no habían declarado antes delante del Supremo, sino que muchos lo habían hecho en procedimientos abiertos en otros tribunales de los que los acusados no son parte. Por eso, denuncia que la fiscalía sí los ha podido interrogar antes y que utiliza esta información para interrogarlos cuando vienen como testigos en el Supremo. Por eso, pide al tribunal que, ante estas «revelaciones» que pueden hacer estos testigos, permita hacer interrogatorios «amplios» a las defensas para mantener «la igualdad de armas» entre las partes.

Sin vídeos desde el 28 de febrero

En la sesión del 28 de febrero, el tribunal que juzga el 1-O decidió que no dejaría exhibir vídeos a los testigos para poder interrogarlos. El presidente, Manuel Marchena, lo explicó cuando la letrada de Forcadell, Olga Arderiu, quería que uno de los testigos (el exlíder de Podem, Albano-Dante Fachín) viera unas imágenes antes de hacerle unas preguntas sobre el pleno del 6 y 7 de septiembre.

«La sala ha acordado que no es pertinente la exhibición de un vídeo para que un testigo responda y valore sobre lo que ve», argumentó entonces Marchena, que apuntaba que estos vídeos se podrán abordar durante la fase de la prueba documental. «El esfuerzo argumental no es para convencer al testigo a través de un vídeo, sino a la sala, y nosotros ya los valoraremos más adelante», ha enfatizado Marchena. La decisión provocó las quejas formales de Olga Arderiu y, posteriormente, también de Benet Salellas (Cuixart).