El teniente coronel Daniel Baena habla de «clima de insurrección» a partir del 20-S y dice que Cataluña era un «polvorín»

El jefe de la policía judicial en Cataluña, el teniente coronel Daniel Baena, ha dicho que los hechos del 19 y 20 de septiembre del 2017 marcaron «un antes y un después» en las manifestaciones contra las actuaciones que estaba haciendo la Guardia Civil para evitar el referéndum. Según Baena, el registro en Unipost fue «un golpe duro» para los preparativos del 1-O y a partir de entonces, ha afirmado, el clima de las movilizaciones fue «claramente insurreccional». También ha manifestado que, como policía judicial, investigaba el proceso desde noviembre del 2015 a instancias de la fiscalía de la Audiencia Nacional y ha justificado que todos los informes que elaboró fueron, pues, a petición o bien de la fiscalía o de algún tribunal.

En su declaración, Baena ha hablado de «periodo insurreccional» entre el 20 de septiembre y después del paro de país del 3 de octubre. Según el teniente coronel, antes del 20 de septiembre se habían producido «sólo protestas» pero que la actitud cambió después de los registros en Unipost y en la conselleria de Economía.

«Aquello era un polvorín, los policías que teníamos un mínimo de responsabilidad sabíamos que cualquier incidente pequeño podía derivar a una escalada incontrolable, y afortunadamente no fue así», ha relatado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. Una sensación que ha dicho era «incuestionable» tanto por parte de la Guardia Civil como Mossos y Policía Nacional.

«Periodo insurreccional y polvorín»

También ha relatado que durante este «periodo insurreccional» se produjeron 47 acosos en cuarteles de la Guardia Civil donde, según ha dicho, vivían niños y familias y donde les insultaban y no les dejaban entrar ni salir. También ha relatado que se tiró ropa con un «producto inflamable» en un cuartel de Igualada pero que no hubo ningún incendio.

En total, ha descrito que en un informe reportó hasta 88 «incidencias» contra la Guardia Civil y hasta 25 contra el Cuerpo Nacional de Policía y ha subrayado que hay denuncias por «escraches» de mujeres e hijos de Guardia Civil y Policía Nacional.

Según ha relatado, las mobilizacions eran «contra la acción de la policía judicial y contra la actuación del Estado». En cambio, ha dicho que a partir de la aplicación del 155 no se produjeron grandes movilizaciones ni actuaciones que buscaran «impedir la actuación del Estado». Y ha puesto como ejemplo los registros que se hicieron a Òmnium o ANC y que se produjeron «sin incidentes». «No hay ningún llamamiento a la movilización por parte de los representantes de las entidad y los Mossos hacen unos dispositivos de seguridad que evitan cualquier tipo de incidentes», ha añadido.

Actuaciones organizadas

A preguntas de la fiscal, el teniente coronel ha dicho que todas las manifestaciones que se produjeron durante lo que llama «periodo insurreccional» estaban «organizadas». «Había una actuación común en cuanto a objetivos, lugares y motivos», ha manifestado. Además, ha dicho que eso los obligaba a pensar los dispositivos judiciales y policiales de otra manera. «Planificamos los dispositivos desde la base que la hipótesis más peligrosa era otra que en un periodo diferente», ha dicho.

Actuaciones para varios tribunales y la fiscalía

Durante el interrogatorio de la fiscalía, a cargo de Consuelo Madrigal, Baena ha dicho que lo comisionaron como policía judicial tanto en las primeras diligencias abiertas en la Audiencia Nacional a finales del 2015 como en otras investigaciones que se hicieron posteriormente en este tribunal (como los hechos del 20-S) y también el juzgado de instrucción 13, en el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Entre otras tareas, Baena investigó la función del CTTI como «centro de comunicaciones» para el 1-O y también investigó páginas web y registró llamadas de investigados y correos electrónicos. Asimismo, ha hecho informes y atestados tanto para la Audiencia Nacional, como para el TSJC, el juzgado del 13 y el Tribunal Supremo.

Investigaciones desde el 2015

Según ha situado, ya con el Gobierno de Artur Mas y después de la celebración del 9-N del 2014 se empieza con «las estructuras de Estado». Ha asegurado que todo el proceso fue «público» y que encontraban los pasos que pensaba seguir la Generalitat en documentos públicos, medios de comunicación o en diarios oficiales.«Vimos que el hecho ilícito del referéndum era condición sine qua non para la declaración de independencia o poner el Estado en situación de conflicto», ha añadido.

Ha reconocido que el juzgado 13 les había encomendado investigar si se desviaba dinero público para hacer el referéndum pero que vieron todo estaba encaminado «no al referéndum como un objeto de por sí» sino como «una piedra angular» sobre la que pivotaba el proceso, que insiste en que era «público».

Baena también hizo el primer informe sobre el proceso que le pidió el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, en diciembre de 2015. Ha explicado que lo hicieron a base de informaciones «de fuentes abiertas» aparecidas en medios de comunicación, diarios oficiales o declaraciones de testigos. «Vemos que el conjunto de conexiones entre los hechos y los investigados tenía una transposición casi calcada con lo que se estaba publicitando por fuentes abiertas», ha explicado.

El teniente coronel ha dado mucha importancia a la agenda Moleskine que encontraron en casa de Josep Maria Jové y también al documento 'Enfocats'. Según ha dicho, estos dos documentos les sirvieron para «ratificar su investigación». «Vemos que todo lo que hemos investigado está plasmado en el 'Enfocats', y se cumple tanto en el reparto de grupos y de recursos», ha defendido. También ha remarcado que «se va corroborando en gran medida lo que estaba anotado en la agenda».

'Enfocats' y agenda Jové

Tanto sobre la agenda Moleskine como de 'Enfocats', ha asegurado que aparecen anotaciones que coincidían con hechos que posteriormente pasaron, como ahora que Carme Forcadell acabaría siendo presidenta del Parlament después de las elecciones de septiembre del 2015. Además, ha explicado que a partir de 'Enfocats' los confirmó que había dos grupos, uno de dirección y otro de ejecución. Según Baena, «cada uno tiene una función dentro del proceso», ya sea el Govern, el Parlament para dar «cobertura legislativa» como también las entidades sociales. Todos tenían una «unidad de propósito».

También ha reconocido que no todo lo que estaba escrito en estos documentos coincidía con lo que pasó. Por ejemplo, 'Enfocats' preveía una «fecha diferente» para la celebración el referéndum. Baena ha atribuido que se hiciera «antes» por «la actividad política en Cataluña en aquellos años».

Sobre la ANC y Òmnium Cultural, Baena ha remarcado que no las investigaron como tales. «Aparecen por los hechos del 20-S y cuando se nos pedía una valoración general del proceso les incluimos por su participación en este tipo de actividades», ha dicho. Y en el caso de los CDR, ha dicho que «no llegaron a ser más que una herramienta para coordinar la unidad de propósito de los actores sociales implicados en el proceso» y que no encontraron «ninguna vinculación» con dinero público. «Les mencionamos en los informes como herramientas que están allí, pero no son objeto de investigación», ha añadido. También ha remarcado que no investigaban programas políticos.

Sólo coordinaba informes sobre malversación

La fiscal también ha preguntado extensamente sobre hechos que podrían acreditar malversación, pero el teniente coronel no ha aportado detalles porque no instruyó directamente los atestados (los había coordinado) y ha hablado de la información que le habían dado sus grupos. Sí ha dicho que el encargo en Unipost no se hizo por la vía ordinaria sino que fue una «contratación verbal», que existen facturas de la CCMA de los anuncios de las vías o que la campaña de registro de catalanes en el exterior era una «herramienta básica» para el referéndum.

También ha explicado que en algunos pagos han detectado facturas pro forma –cómo es el caso de Unipost- y ha dicho que se usaron para evitar que el balance contable de las empresas que hacían encargos para el 1-O «descuadrara». Ahora bien, ha dicho que en cualquier momento esta factura se podía reactivar y convertir en factura ordinaria» para poder cobrarse.

Baena también ha explicado que, fruto del cacheo en el Diplocat, se detectaron «gastos» en grupos «de observadores internacionales». Con respecto a algún grupo, como el liderado por Helena Catt, ha admitido no saber quién firmó el contrato, pero sí que hubo «gasto de honorarios y alojamiento». También ha dicho que otro gasto fue pagado por la delegación de la Generalitat delante de la UE.

Multa por un delito contra la integridad moral

Al inicio de su declaración, y como es habitual, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha preguntado al testigo si había sido procesado con anterioridad. Baena ha admitido que en pasado fue condenado a una multa por un delito contra la integridad moral. Lo ha circunscrito a una «cuestión personal» y que los antecedentes ya estaban cancelados.