El Supremo cita como testigos para finales de abril a 33 ciudadanos que estuvieron en los centros de votación el 1-O

El tribunal del juicio del 1-O ha citado a declarar como testigos para el 30 de abril un total de 33 ciudadanos que estuvieron en los centros de votación la jornada del referéndum. Se trata de ciudadanos que habían sido pedidos por la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Además, el tribunal también ha señalado para el 25 de abril la testifical de varios comisarios de regiones policiales de los Mossos d'Esquadra, el exjefe de la Brigada Móvil y dos representantes sindicales de la policía catalana. A finales de mes también declararán dos eurodiputados, un diputado alemán, y varios diputados, exdiputados y senadores que estuvieron presentes en la concentración delante de la sede de Economía del 20-S. Por otra parte, la fiscalía y la abogacía del Estado han renunciado a algunos agentes que habían pedido.

Para el día 25 de abril, el tribunal ha señalado la declaración como testigos de quien el otoño del 2017 era la jefe de la región metropolitana sur de los Mossos, Carles Anfruns, el comisario jefe de la región policial Central, Sergi Pla, el intendente jefe de la región policial de las Terres de l'Ebre, Josep Maria Estela, y el intenent jefe del área de la Brigada Móvil, la unidad de antidisturbios de los Mossos, Carles Hernández.

Aquel mismo día también declararán al secretario general del Sindicato Autónomo de Policía (SAP), Pere Garcia, y el conseller del Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia dels Mossos, Josep Guillot. El tribunal también ha citado para el día 10 de abril al jefe de la unidad regional de reacción y dispositivo de los Mossos d'Esquadra, Jordi Rodón.

Aquel mismo día por la tarde, el tribunal ha señalado las declaraciones de varios diputados, exdiputados o senadores pedidos por la defensa de Junqueras y Romeva que estuvieron presente durante las concentraciones del 20 de septiembre del 2017 en el Departament de Economia o a un registro en les Franqueses del Vallès. Se trata del exdiputado de JxSí Jordi Orobitg, el senador Bernat Picornell, el eurodiputado de ERC Jordi Solé, la jefa de la secretaría del Vicepresidente Sílvia Sábat, quien fue secretario general de Vicepresidencia Lluís Juncà, los senadores de ERC Joaquim Ayats y Miquel Àngel Estradé, la exdiputada de JxSí Teresa Vallverdú, el presidente de honor de Súmate, Eduardo Reyes, el diputado de ERC en el Congreso Xavier Eritja, el concejal en el Ayuntamiento de Altafulla Jordi Molinera, y el alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire.

Dos eurodiputados y un diputado alemán

Para el día 29 de abril, la sala ha citado a declarar a los eurodiputados Ana Gomes i Ivo Vagl, pedidos por las defensas de Junqueras y Romeva, para que expliquen el alcance y contenido de la acción exterior desarrollada por los acusados y el mensaje que transmitían. También ha sido citado el diputado alemán Andrej Hunko. Para su declaración, el tribunal ha pedido la presencia de intérpretes en alemán, portugués y esloveno.

Además, por por la tarde de aquel día, también se ha previsto la declaración por videoconferencia de la diputada en el Parlamento del Quebec Manon Massé, del partido Québec Solidaire, pedida por la defensa de Jordi Cuixart, que estuvo presente en varios colegios el 1-O.

La declaración del cantautor y exdiputado Lluís Llach que estaba prevista para el día 24 se ha trasladado al día 29 porque en el primer señalamiento estaba fuera del país.

Para el día 30, después de los votantes del 1-O, el tribunal ha previsto la declaración del exdirector del Servei Català de la Salut, David Elvira, para tratar sobre los informes sobre las asistencias que prestaron los centros sanitarios catalanes a raíz de los hechos del 1-O.

Fiscalía y abogacía del Estado renuncian a algunos agentes

Por otra parte, el tribunal también ha ajustado en las citaciones previstas para las próximas semanas, variando algunas de las fechas previstas en algunos casos. Otros, en cambio, se han dejado sin efecto, como el caso de un agente de la Policía Nacional porque ahora está destinado en el equipo de seguridad de la embajada de España en Caracas, y también la de dos agentes para no tener ninguna relación ni haber participado en los hechos.

Además, la fiscalía y la abogacía del Estado han renunciado a tres de los agentes de la Policía Nacional que habían pedido, mientras que uno de los guardias civiles previstos se ha anulado por «errónea identificación».