El Supremo resolverá el martes si deja en libertad a los presos que son candidatos
Los magistrados podrían autorizar que salieran de la prisión para recoger el acta si son escogidos en el Congreso y el Senado
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El Tribunal Supremo resolverá el martes si deja en libertad a los presos que son candidatos, según confirman fuentes jurídicas a ACN. La semana pasada, las defensas de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva presentaron escritos pidiendo su liberación no sólo para poder hacer campaña sino también para garantizar el derecho a la defensa y acabar lo que queda de juicio desde fuera de la prisión. Los magistrados resolverán los escritos martes y, según apuntan varios medios, ya podrían adelantar que dejarían salir a los presos que salgan escogidos el 28 de abril para recoger el acta. El reglamento del Congreso y el Senado establece que el acta se tiene que recoger presencialmente y, por lo tanto, el tribunal permitiría que asistieran a la sesión de constitución de la cámara.
Los siete magistrados que conforman el tribunal que juzga el 1-O –encabezados por Manuel Marchena- resolverá martes los escritos presentados por las defensas de los cinco presos que optan a las elecciones en el Congreso y en el Senado (sólo Romeva). Este lunes, también ha anunciado que se ha adherido la defensa de Joaquim Forn, candidato a la alcaldía de Barcelona el 26 de mayo.
Varios medios apuntan que el Tribunal Supremo permitirá a los candidatos salir de la prisión para ir a recoger el acta en caso de que salgan escogidos en las elecciones generales del próximo 28 de abril. A la petición de las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull se pedía la libertad provisional de todos ellos para garantizar su derecho político y que puedan hacer campaña y también para garantizar el derecho a la defensa y poder seguir preparando las sesiones del juicio desde fuera de la prisión. Sus letrados, Andreu van den Eynde y Jordi Pina, ya proponían al tribunal algunas medidas alternativas para garantizar que asistirán al juicio y no huirán.
Quien fue más específico fue Jordi Pina, que manifestaba en el tribunal que los sus representados (Sànchez, Rull y Turull) ofrecían todo su patrimonio como garantía para una posible fianza y también proponían arrestos domiciliarios dentro de la ciudad de Madrid.
Obligatorio acatar la Constitución
Por lo tanto, si se produce este escenario, los presos podrían asistir el próximo 21 de mayo a la sesión de constitución del Congreso y subir al estrado de la cámara baja para jurar o prometer (ni que sea por imperativo legal) acatar la Constitución.
Según fuentes del Congreso, sin embargo, antes hará falta que vayan a la junta electoral provincial correspondiente a buscar el acta conforme son diputados electos y llevarla al Congreso. También tendrán que aportar documentos y hacer la declaración de actividades. Unos trámites, sin embargo, que no es obligatorio que hagan personalmente.
Ahora bien, sí que están obligados a ir a la sesión plenaria a acatar la Constitución. Las mismas fuentes apuntan que si no lo hacen no completan los trámites y, por lo tanto, no pueden ejercer plenamente las funciones de diputado y, entre otros, ni cobrarían ni podrían votar ni participar en las deliberaciones.
El Supremo también tendrá que decir cómo, en caso de ser escogidos, se puede articular su participación en las votaciones ya que el reglamento del Congreso es muy restrictivo y sólo permite el voto a distancia en caso de enfermedades que impiden el desplazamiento, bajas de maternidad o lactancia.
Petición de dar mítines en la prisión
Los magistrados también tienen sobre la mesa la petición de hacer debates electorales dentro de la prisión. La semana pasada, la Junta Electoral Central (JEC) dejó en manos del Tribunal Supremo la decisión de autorizar un debate electoral de candidatos a las elecciones del 28 de abril en la prisión de Soto del Real, tal como pidió el cabeza de lista por Barcelona de JxCat en prisión preventiva en la prisión madrileña, Jordi Sànchez.
El árbitro electoral ha argumentado que «el órgano competente» para «decidir si mides como las pedidas son compatibles con el objeto de la detención del candidato» es la sala presidida por Manuel Marchena, que está juzgando a los doce líderes independentistas. Por eso, la resolución que ha hecho pública la JEC después de la reunión del jueves pasado, el órgano rechazaba resolver la cuestión. Sin embargo, el documento recuerda que el ministerio del Interior, concretamente el secretario general de Instituciones Penitenciarias, desaconsejó la celebración de un debate político en el centro penitenciario.