La defensa de Trapero pide la absolución y alega que no «ha participado» en el plan independentista

La defensa del exjefe de los Mossos, el major Josep Lluís Trapero, ha presentado el escrito de conclusiones provisionales en la Audiencia Nacional donde pide la absolución. La letrada Olga Tubau remarca que Trapero «nunca» ha puesto a los Mossos al servicio de los «intereses políticos secesionistas» y que «no ha participado, intervenido ni compartido» el plan que, según el escrito, ideó el Govern y el Parlament de Catalunya para llegar a la independencia y la proclamación de la república. Así pues, apunta que ni participó ni tenía conocimiento de documentos que la fiscalía considera claves, como el Enfocats. Durante 47 páginas, la defensa de Trapero esgrime los pasos que dio el mayor para acatar las órdenes judiciales y defiende el operativo del 20-S y del 1-O, como hizo cuando testificó en el Supremo. También sostiene que el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, nunca mostró «desconfianza» hacia los Mossos ni dijo que el plan fuera «inoperante ni insuficiente» para cumplir la orden del TSJC. Y documenta que tenía un plan a punto dos días antes del 27 de octubre para detener Puigdemont si la justicia se lo pedía.

La letrada de Trapero, Olga Tubau, ha presentado el escrito de defensa en la Audiencia Nacional, el tribunal que ha de juzgado el major de los Mossos, la intendente Teresa Laplana, el exsecretario general de Interior, Cèsar Puig, y el exdirector general de la policía, Pere Soler. En el caso de Trapero, la fiscalía solicita para él 11 años de prisión por un delito de rebelión. La previsión es que el juicio se celebre pasado el verano.

En el escrito, defiende que Trapero ha desarrollado su tarea como máximo responsable del cuerpo «desde el más riguroso con respecto a la orden constitucional» y que «ha obedecido y cumplido» los mandatos judiciales y del ministerio fiscal. Además, ha defendido que «nunca» ha puesto a los Mossos al servicio de los intereses políticos «secesionistas» y que «no ha participado, intervenido o compartido» el «plan ideado» por el Govern y el Parlament para llegar a la independencia de Cataluña y proclamar la república. De hecho, en todo el escrito se refiere al «referéndum ilegal» y habla del 27 de octubre como el día de que el Parlament «proclamó Cataluña como estado soberano e independiente en forma de república».

En este sentido, aporta también el dato que, después del 155, el gobierno español escogió el comisario Ferrán López como su sustituto. En el escrito, Tubau recuerda que tanto él como el resto de comisarios de la jefatura «compartieron, diseñaron y participaron conjuntamente» de todas las actuaciones y decisiones relativas a las operaciones policiales que son objeto de esta causa.

Para desvincularlo de los planes del Govern, la defensa también apunta que ni participó en la redacción del Llibre blancpara la transición nacional ni tampoco tenía conocimiento de la existencia del planEnfocats , un documento importante para la fiscalía.

También hace referencia a la agenda Moleskine (localizada en el registro de casa de Josep Maria Jové) porque hay una nota en referencia a los Mossos donde se apunta que MHP (Muy honorable presidente) dijo que el cuerpo «siempre harán lo que digan los jueces y que no habría ninguna orden del Departament d'Interior». «Se deja así constancia del conocimiento que tenían desde el ámbito político de la postura inequívoca del mayor Trapero con respecto al cumplimiento por parte del cuerpo de los Mossos d'Esquadra de la legalidad constitucional de de cumplimiento de los mandatos judiciales», relata el escrito.

El plan para detener Puigdemont, documentado en la causa

En el escrito, la defensa de Trapero detalla los pasos dados por el major desde el verano del 2017 y hasta que lo cesaron con la aplicación del 155. Muchos de los detalles que incluye, el major tuvo la oportunidad de explicarles durante la declaración como testigo en el Tribunal Supremo el pasado 14 de marzo, cuándo declaró a petición de Vox y algunas defensas.

Uno de los detalles que entonces reveló fue que ya desde el día 25 de octubre, tenía a punto un plan para detener Puigdemont y el resto del Govern si la justicia se lo ordenaba. Y que así lo comunicó al presidente del TSJC, Jesús Barrientos, y al fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada vía correo electrónico, después de haber hablado también por teléfono.

Con esta información, la letrada argumenta que Trapero se puso «de forma inequívoca» a las órdenes del presidente del TSJC y del fiscal y que denotaba que los responsables políticos «no podían contar con el cuerpo de los Mossos en sus designios secesionistas».

En el escrito, se señala que los correos electrónico que Trapero envió a Barrientos y Romero de Tejada constan en el sumario. Y es que esta información está aportada a la causa desde el 10 de noviembre de 2017, es decir, pocos días después de que el tribunal citara a Trapero a declarar como testigo.

Ningún intento de asalto el 20-S

Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la letrada Olga Tubau busca desmontar la tesis de la fiscalía, que señala que Trapero se puso del lado del Govern y las entidades para preparar el plan hacia la independencia.

«El major Trapero no impidió, ni por acción ni por omisión, que los registros se desarrollaran en las condiciones legales exigidas, ni proporcionó que se concentrara a lo largo de todo el día una gran masa de personas delante de la sede de Economía, ni mantuvo una conducta pasiva en connivencia con los responsables políticos y los de las asociaciones de la ANC y Òmnium Cultural», recoge el escrito.

En este punto, defiende que la actitud de la gente fue «pacífica» y con ánimo de protestar por algunas decisiones policiales y judiciales y habla sólo de algún episodio aislado de lanzamiento de objetos contra agentes policiales y destrozos en vehículos de la Guardia Civil y de los Mossos.

Además, sostiene que no hubo «ningún alzamiento tumultuario o insurrección» y que así consta en el atestado de la Guardia Civil de 23 de septiembre. En este punto, menciona sólo «momentos de tensión» a la una de la madrugada que obligó los antidisturbios de los Mossos a cargar pero señalar que era cuando la diligencia judicial ya había finalizado.

Por eso, la defensa de Trapero asegura que no hubo «ningún intento de acceso al edificio, ni de impedir efectivamente la práctica de la diligencia de entrada y registro.»

También justifica que si no se intervino para dispersar la manifestación o no se hiciera un cordón para entrar a los detenidos no fue por «una voluntad maliciosa de obstruir la diligencia o de no impedir daños a los vehículos de la Guardia Civil» sino porque los responsables del dispositivo de orden público de los Mossos les advertían que era «absolutamente imposible» por el gran número de gente concentrada. En este punto, también aprovecha para remarcar otra vez que la actuación de Trapero y del resto de mandos de la prefectura aquel día no estuvo «ni dirigida ni coordinada por la cúpula política de Interior».

Nadie puso trabara en el plan de los binomios

En el escrito de defensa, Tubau insiste en la tesis que ya defendió Trapero en el Supremo sobre el dispositivo del 1-O. Era un dispositivo conjunto entre Mossos, CNP y Guardia Civil y la opción de enviar dos efectivos (binomios) a cada colegio electoral no recibió ningún reproche por parte del coordinador, Diego Pérez de los Cobos, ya que se había acordado previamente en reuniones de coordinación. Además, también apunta que el dispositivo conjunto era «única y exclusivamente» para el 1-O pero no para los días previos.

El plan disponía que los primeros en actuar eran este binomio de Mossos «dado el carácter pacífico de la jornada» y que, si no podía cerrar el punto de votación, pedía apoyo a efectivos de orden público de la Guardia Civil y el CNP.

Por eso, en el escrito sostiene que «nadie» dio «una sola instrucción u orden» para introducir en el plan de actuación de los Mossos ninguna «modificación». La única, recuerda, se produjo el 23 de septiembre en una reunión con la fiscalía cuando se le pidió, a instancias del fiscal general del estado, que incrementara el número de efectivos (cosa que Trapero hizo disponiendo 700 agentes más hasta el total de 7.850).

También sostiene que el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, nunca mostró «desconfianza» hacia los Mossos ni dijo que el plan fuera «inoperante ni insuficiente» para cumplir la orden del TSJC.

Además, vuelve a insistir en que todas las instrucciones de la fiscalía quedaron «sin efecto» con el auto que el TSJC dictó el 27 de septiembre y que ordenaba a los tres cuerpos por igual detener el referéndum. En esta orden, en los fundamentos de derechos, la magistrada Mercedes de Armas pedía a las policías que actuaran «sin afectar a la normal convivencia ciudadana» y que, de palabra, les indicó que actuaran con «paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social».

Unas indicaciones que, según el escrito, se trasladaron a las pautas de actuación de los Mossos y «que» reflejaban la «justificada preocupación que también se tenía a nivel judicial» sobre cómo iría el 1-O.

Advertencias al Govern

En el escrito también se recogen las advertencias que Trapero hizo a Puigdemont, Junqueras y Forn en las reuniones del 26 y 28 de septiembre (Junqueras sólo estuvo en la del 28). El mayor los advirtió «de eventuales problemas graves para la seguridad ciudadana y el orden público» e instó al Govern a cumplir con la legalidad, se dijo que el cuerpo «no compartía el proceso independentista» y que ya habían sido advertidos por el TC del deber de impedir las votaciones.

En el escrito, sin embargo, no se apunta el detalle que revelaron dos comisarios que estuvieron en la reunión del día 28 (Ferrán López y Joan Carles Molinero) que dijeron que Trapero expresó que esperaba que no hubiera que lamentar ninguna «desgracia» el 1-O. A lo que Puigdemont respondió: «Si eso pasa declararé la independencia aquel mismo día».

Tubau también aprovecha el escrito para negar ningún seguimiento a cuerpos de policía españoles y concreta la tarea que hizo el cuerpo para dar seguridad a miembros de la Generalitat que lo solicitaron.

De momento, la defensa de Trapero no quiere dar a conocer los testigos y las pruebas que solicita de cara a la celebración del juicio oral y que el tribunal tendrá que decidir, más adelante, si acepta o no.