Seguridad
En Tarragona hay 58 personas con licencia de uso de armas cortas y revólveres
En el conjunto de Catalunya la cifra se mantiene estable, en torno a las 650 y son sobre todo joyeros y armeros
Al margen de cazadores o policías, en Catalunya hay 654 personas que por su actividad diaria de riesgo, como joyeros o armeros, tienen licencia de armas de fuego cortas, una cifra que se ha estabilizado los últimos años aunque se han solicitado 263 licencias entre abril del 2018 y marzo del 2019.
El jefe de intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil en Catalunya, el comandante Miguel Ángel Quesada, ha explicado en una entrevista en Efe que la mayoría de personas con licencia de tipo B, que ampara las armas de fuego cortas (pistolas y revólveres) a particulares, son «armeros, joyeros o personas públicas», cuyo trabajo implica un «riesgo especial».
En Barcelona, con 358 licencias, está donde se concentran más particulares que llevan armas de fuego cortas, siendo la tercera provincia española con más licencias de este tipo, mucho detrás de Madrid, que cuenta con 2.426, y también de Murcia (437).
Durante 2017, un total de 358 personas tenían una licencia B expedita en la provincia de Barcelona, mientras que en el resto de provincias catalanas el número era muy menor: en Girona 101, en Lleida 91 y en Tarragona 58. Aquel año, en total, se denegaron 57.
De las 263 licencias de tipo B solicitadas entre abril del 2018 y marzo del 2019, 35 (el 13%) han sido denegadas por la Guardia Civil que, según establece la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, es el único cuerpo que tiene competencia para dar o revocar permisos de armas.
«Las de tipo B son las que más se deniegan», ha concretado Quesada, quien ha explicado que este tipo de licencias son las «más restrictivas de todas» porque sólo se conceden a personas para las que hay un «riesgo especial o una necesidad concreta».
«La protección de personas o bienes no cuenta», ha asegurado el comandante, quien ha reiterado que «si no se detecta un riesgo, no se concede la licencia».
Los solicitantes susceptibles de obtener la licencia de tipo B son civiles cuyo trabajo diario implica una necesidad de protección, como «los armeros, los joyeros o las personas públicas», por ejemplo.
Aparte de la necesidad, para expedir la licencia la Guardia Civil tiene en cuenta varios aspectos y exige la presentación de documentos como los antecedentes penales y policiales o un certificado de actitudes psicofísicas, ha explicado el comandante.
Toda la información que pueda tener el cuerpo policial sobre la persona en relación con su conducta o su actitud es útil en este caso, ha dicho Quesada, quién ha añadido que si no se tienen bastantes «pruebas», la Guardia Civil solicita un informe médico a los servicios sanitarios de la Generalitat.
«Si una persona tiene una enfermedad grave, una deficiencia, dificultades motoras, problemas de personalidad o tiene conductas suicidas o delictivas no puede tener armas», ha advertido Quesada.
Pero este tipo de licencia «no es para siempre» sino que se tiene que renovar cada tres años, volviendo a presentar la misma documentación, según establece el reglamento de armas.
Además, a partir de los sesenta años se solicita un reconocimiento médico cada dos años y, en los setenta, cada año, ha concretado el comandante, que también ha recordado que nadie puede poseer más de una licencia de arma corta y cada una no ampara más de una arma.
En cambio, el porcentaje de las licencias no concedidas se reduce en otros tipos de permisos; por ejemplo, en las armas deportivas o de caza «sólo el 3% de solicitudes» son «denegadas» porque, según Quesada, «es más obvia la demostración» dado que si alguien tiene licencia de caza podrá obtener también la licencia de armas de caza.
En este sentido, el comandante ha pronosticado que dentro de diez años «habrá un descenso notable» sobre los permisos de armas de caza porque|, «al no tener un relevo generacional claro» disminuirá el número de cazadores en Catalunya.