El director del gabinete jurídico defiende que Turull le ordenó facilitar la actuación policial y atender requerimientos

El director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, ha defendido que el exconseller de Presidencia Jordi Turull le ordenó en todo momento facilitar la actuación de las comitivas judiciales y atender todos los requerimientos que vinieran de cualquier cuerpo policial, la fiscalía o de tribunales. Esteve ha dicho que el día 20 de septiembre se reunió con Turull y que le pedir que «garantizara en todo momento que se facilitaba la actuación policial a todos los departamentos objeto de registro». Ha dicho que no habían recibido ninguna comunicación previa de estos registros y que, por eso, se quejaron a través de un escrito al presidente del CCPJ, Carlos Lesmes, y que no han obtenido ninguna respuesta. También ha defendido que no han detectado ningún compromiso de pago relacionado con el 1-O. Sobre los anuncios de las vías en TV3, ha dicho que un informe reciente (enero 2019) concluye que se tiene que anular la contratación y las facturas porque tenía que ser publicitado gratuita incluida dentro del contrato marco.

El director de gabinete jurídico –investigado en el juzgado 28 de Barcelona por el concurso que quedó desierto para comprar urnas- ha explicado que el día 20 de septiembre el exconseller Turull no estuvo presente en ningún registro y que a primera hora y «ante la información confusa» lo gritó en el Palau de la Generalitat para darle la orden de «garantizar en todo momento que se facilitara la actuación policial».

El letrado Jordi Pina ha insistido en si en alguna ocasión la Generalitat les ordenó incumplir requerimientos judiciales, «No, por parte de la administración de la Generalitat y de los departiments se cumplía escrupulosamente los requerimientos que vinieran de los cuerpos policiales, la fiscalía, el TSJC o instrucción 13», ha dicho Esteve, que también fue secretario de Gobernación con la exconsellera Borràs (hasta junio del 2017). «Insisto en que el conseller Turull en muchas ocasiones me había hablado de la necesidad de mostrar apoyo a las comitivas judiciales si había registros o petición de documentación», ha dicho.

«Se acataron todos los requerimientos»

En este sentido –y a preguntas de Pina- ha dicho que acataron órdenes como la de clausurar la nave anexa del CTTI (que ha negado que tuviera como finalidad acoger la judería center para el referéndum y que todavía estaba en obras), el de cerrar 27 aplicaciones alojadas en el CTTI o, el mismo día 1-O, cerrar la señal de wifi de todos los centros de enseñanza por orden del TSJC. «La señal se cortó inmediatamente y se informó el conseller Turull», ha subrayado.

La fiscal Consuelo Madrigal ha preguntado si comunicó los requerimientos del TC sobre la suspensión del referéndum y si lo acompañó de alguna «sugerencia» de desconvocar el 1-O. Esteve ha defendido que las funciones del gabinete jurídico son «de carácter consultivo» y que nadie le pidió un informe «específico para convocar o no el referéndum ilegal». Ahora bien, ha dicho que si hubiera detectado alguna actuación administrativa que «fuera ilegal y tuviera reproche penal» habría advertido los miembros del Govern y lo habría puesto en conocimiento de la autoridad judicial. «Pero no fue el caso», ha añadido.

Niega la malversación

Durante el interrogatorio, ha dicho que no han detectado ninguna actuación administrativa que haya comportado gasto o compromiso de dinero público para la organización del referéndum. Con respecto a Unipost, ha dicho que no se ha encontrado ningún expediente de contratación. Un punto sobre lo que ha insistido la fiscalía.

Esteve ha reconocido que existen «facturas pro forma» que interpretan que son «como presupuestos» y que sólo llegó a entrar en un departamento. «Formalmente no consta ninguna petición de presupuesto ni ningún compromiso de pago», ha sentenciado. Y ha insistido en que, aunque lleven el sello de salida de la Generalitat, «a nivel administrativo ni hay ningún encargo ni factura pendiente de pago ni ningún compromiso de pago».

Además, ha añadido que ni Unipost ni administrador concursal que se ha hecho cargo han reclamado ningún pago. «Hay un informe del administrador concursal donde pone de manifiesto que no hay ninguna factura pendiente de compensar ni de cobrar con la administración de la Generalitat», ha dicho.

Las facturas de la CCMA, nulas

Y también se ha referido a las facturas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por los anuncias de las vías. Según ha dicho, las facturas llegaron a la Generalitat a finales del 2017 a través de correo electrónico y no a través de la plataforma oficial de contratación y que en enero de 2019 la corporación ha vuelto a requerir a Presidencia el pago de estas dos partidas. «El encargo fue por correo electrónico o verbal y no había reserva de crédito, se prescindió totalmente del procedimiento legalmente establecido», ha remarcado.

Según defensa, la Generalitat entiende que estos anuncios forman parte del convenio marco y que se tienen que difundir gratuitamente. En cambio, desde la CCMA sostiene que son anuncios que se tienen que facturar. Ante este «conflicto» entre una administración y una empresa 100% pública, «la única vía» ha sido la de revisar de oficio el expediente de los anuncios. Ha detallado que el órgano consultivo de la comisión jurídica asesora ha emitido un «dictamen preceptivo y vinculante» y que es favorable a la revisión de oficio y a la «nulidad del encargo efectuado» y de las facturas que se han derivado.

A preguntas de la abogada del Estado, ha reconocido que este expediente de revisión de oficio se inicia por orden de Presidencia y que ha durante cuatro meses. En este expediente, de momento, no se ha demostrado «enriquecimiento injusto» por parte de la administración.

Investigación en el Tribunal de Cuentas

Además, sobre la denuncia en el Tribunal de Cuentas por supuesta responsabilidad contable para el 1-O, ha dicho que se opusieron al nombramiento de un delegado instructor para que el procedimiento siguiera avanzando. Ha dicho que han hecho «las comprobaciones pertinentes» y han analizado las partidas impugnadas y que «no se aprecia responsabilidad contable ni perjuicio para el erario público».